Educación adapta el suelo escolar a la caída demográfica y al distrito único

En la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya no ocultaban ayer su inquietud ante la compleja normativa urbanística que la Consejería de Educación someterá a consulta este jueves en la llamada “mesa de padres”. Se trata de un decreto que regulará los criterios para reservar suelo escolar en los municipios valencianos. “Nos preocupa la repercusión que este proyecto de decreto urbanístico va a tener en el mapa escolar de los municipios”, confiesa María Dolores Tirado, presidenta de la Gonzalo Anaya, ya que reduce el número de habitantes por vivienda de 3,2 a 2,59 y esto podría rebajar la oferta pública de plazas escolares en el marco del distrito único.

 El nuevo decreto, que Educación hizo público el día 3 de enero, determina la forma de calcular la demanda educativa, es decir, los puestos escolares previsibles en una localidad, respecto a la “la población total del municipio”, lo que enlaza con la filosofía del distrito único. En todos los municipios valencianos existe ya desde el curso pasado un solo distrito a efectos de solicitud de plaza escolar. Las únicas excepciones son Valencia y Alicante, donde las zonas municipales de escolarización se han ampliado como paso previo a la conversión en zona única. Con el decreto urbanístico en marcha, Educación quiere tener documentación más precisa por parte de los Ayuntamientos, que le facilite “el estudio global del conjunto del municipio” y así poder comprobar “la suficiencia e idoneidad de las reservas dotacionales de uso docente propuestas en cada caso”.

En ese marco global del municipio para determinar la reserva de suelo, la población escolar a satisfacer se calculará según una proporción del 9% para los centros de Educación Infantil-Primaria, es decir, de tres a 12 años de edad. El porcentaje de población correspondiente a los centros de Educación Secundaria completa (12-18 años) será del 6% respecto a la población total. Estos porcentajes suponen una reducción respecto a años atrás. Cabe recordar que para los municipios de la provincia de Alicante esos porcentajes han llegado a ser, en los pasados años, muy superiores: del 14% y del 12%, respectivamente. A la reducción de la proporción de población escolar, se agrega el descenso del número de habitantes por vivienda al que se refería María Dolores Tirado, de 3,2 a 2,59. Este dato corresponde al tamaño medio del hogar para la Comunidad Valenciana, según la Encuesta de Población Activa de 2010. Para completar el cálculo, el número de viviendas se calculará según una superficie media por vivienda de 120 m2. La tendencia actual, sin embargo, es a construir viviendas más pequeñas.

La consejería considera que estos nuevos parámetros se ajustan “al descenso de la natalidad y de la inmigración”. Subraya, además, que con esta normativa “se clarifica que deben contabilizarse en estos cálculos el 90% de las viviendas vacías, ante la lógica suposición de que puedan ocuparse en el futuro”. El decreto no incluye el suelo vacante que pueda edificarse en años venideros.

El decreto deja claro que el suelo escolar a los que se refiere la nueva normativa se reservará solo para colegios e institutos que impartan desde el segundo ciclo de infantil a ciclos de FP. Otros, como escuelas de idiomas o escuelas infantiles para menores de tres años “se implantaran en parcelas distintas a las de enseñanzas escolares reguladas en este Decreto”. Se entiende que irán a parcelas de suelo dotacional. El borrador, por si alguien tiene a bien alegar, estará expuesto al público quince días a partir del 7 de enero. El texto ha sido remitido a todos los Ayuntamientos valencianos, para “que puedan estudiarlo y realizar sus aportaciones”.