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ARRANCA LA VISTA POR EL 'CASO BLASCO'

Blasco y su exequipo buscan dilatar el juicio por el saqueo a la cooperación

El exconsejero y exportavoz del PP en las Cortes se sienta desde hoy en el banquillo

Rafael Blasco, a la entrada del Tribunal de Justicia que lo juzga.
Rafael Blasco, a la entrada del Tribunal de Justicia que lo juzga.

Los integrantes de la antigua cúpula de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, encabezada por Rafael Blasco, se volvieron a ver las caras este martes en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Los seis exaltos cargos de la Generalitat valenciana y los tres presuntos colaboradores, acusados de saquear las ayudas a la cooperación, se encontraron en una antesala del vetusto palacio de Justicia. En un rincón, esposado y procedente de Picassent, Augusto César Tauroni, el único en prisión provisional. El empresario, que habría canalizado las ayudas, tan sólo cruzó unas palabras con los policías que lo escoltaban. Los demás apenas hablaron entre ellos. Un rápido saludo, un gesto, una mirada furtiva. Prefirieron pasar con sus abogados el compás de espera antes de entrar en la sala.

Las penas que piden Anticorrupción y la Generalitat

Rafael Blasco, exconsejero de Solidaridad y Ciudadania: Anticorrupción le pide 14 años y la Generalitat 11; Augusto César Tauroni, empresario: 11 y ocho años, respectivamente; Alexandre Català, exsubsecretario: 13 la fiscalía y 10 años la Generalitat; Josep María Felip, exdirector general: 10 y ocho años; Xavier Llopis, exjefe de gabinete: seis y cuatro años; Marc Llinares, exjefe de área: ocho y seis años; Tina Sanjuan, exsecretaria general de la consejería: 13 y 11 años; María Cervera, de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales: cuatro y cinco años; Marcial López, presidente de la fundación: cuatro y cinco años

Hace unos años, compartían proyectos y salas de reuniones al frente de una consejería. Desde ayer comparten banquillo en la sala de lo Civil y Penal del TSJ, acusados de tráfico de influencias, falsedad documental, malversación y fraude por el presunto desvío de 1,8 millones de euros concedidos a la ONG Fundación Cyes para la mejora de la agricultura en Nicaragua (a la que sólo habrían llegado 43.000 euros) y que se destinaron para la compra de pisos y garajes en Valencia.

En la misma sala, en la que un jurado popular declaró en el caso de los trajes no culpables al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, y al exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, los abogados de la defensa del caso Blasco presentaron sus alegaciones en el capítulo de cuestiones previas. La mayoría coincidió en su denuncia de indefensión, de vulneración de los derechos de la defensa y, por tanto, solicitó la anulación del juicio o bien la postergación del mismo para retrotraer las actuaciones a la fase de instrucción, practicada por la magistrada del TSJ Pía Calderón.

Se argumentó que los procesados, como Blasco o Alexandre Català, exsubsecretario de la Consejería de Solidaridad, entre otros, no pudieron defenderse de una nueva imputación de falsedad documental porque ésta se produjo con posterioridad a sus declaraciones ante la magistrada.

El letrado de Blasco, Javier Boix, fue el primero en hablar e incidió en que se habían producido “acusaciones sorpresivas” en esta imputación de delito de falsedad documental. También demandó que se unan las dos piezas en que se ha dividido el llamado caso Cooperación o caso Blasco. La primera es la que se juzga desde este martes y la segunda está aún en fase de instrucción y afecta el saqueo de los fondos para la construcción de un hospital en Haití.

Abogado de Camps y de Carlos Fabra en los recientes juicios, y del propio Blasco hace 32 años, cuando estuvo implicado en otro caso de corrupción siendo consejero socialista, Boix admitió que se podía interpretar su acción como una forma de dilatar el proceso hasta la apertura de juicio de la segunda pieza, pero antepuso la seguridad jurídica y el derecho fundamental de la defensa.

La mayor parte de las defensas también compartió argumentos para exigir que se aparte a la Abogacía de la Generalitat de la acusación particular, debido a que ésta prestó servicios de asesoramiento, y defendió a los hoy procesados al principio de estallar el escándalo y durante la instrucción. Señalaron que su actuación contamina el proceso. En este punto, fueron especialmente incisivos los representantes de Catalá y de Josep Maria Felip (exdirector general) al cuestionar el “doble juego”. El abogado de Tauroni solicitó la nulidad de la instrucción por indefensión e imparcialidad en la actuación de la magistrada.

La mayor parte de las alegaciones de las defensas ya fueron expuestas en el trámite de la instrucción, siendo rechazadas tanto por la magistrada Pía Calderón como, en apelación, por la sala del TSJ. Por tanto, no parece plausible que ahora la sala, presidida por Pilar de la Oliva, presidenta del TSJ, las tome en consideración.

Tampoco tiene la obligación de resolver las cuestiones planteadas, después de escuchar hoy a las acusaciones; puede hacerlo en sentencia. No obstante, si se atiende a la petición de excluir a la Abogacía de la Generalitat (lo que dejaría a la Fiscalía y al abogado de una ONG como acusación particular) es lógico que se pronuncie antes de que mañana arranquen las declaraciones de procesados y testigos con Rafael Blasco.

Sin público ni protestas

F. B., Valencia

Apenas había público en la Sala de lo Civil y lo Penal en la primera jornada de uno de los juicios por corrupción más esperados en la Comunidad Valenciana. Los periodistas de 32 medios de comunicación acreditados (y ubicados también en una sala anexa), dos policías que escoltaban a Augusto César Tauroni, y algún familiar, siguieron en la sala el juicio oral para el que se ha previsto una duración de dos meses.

Tampoco hubo ninguna concentración de protesta en el exterior del Palacio de Justicia, ni ninguna muestra de apoyo a los acusados como las que recibió Francisco Camps cuando fue juzgado en el caso de los trajes.

Rafael Blasco fue el único en atender a los medios a su entrada en el TSJ, tras bajar solo de un taxi sobre las 8.50 de la mañana. El inicio del juicio estaba marcado a las 9.30, si bien se retrasó hasta las 10 de la mañana. Blasco reiteró tener “conciencia muy tranquila” y la convicción de no haberse “aprovechado nunca de ningún cargo público” por el que ha pasado, que son numerosos. Blasco fue también el último en salir. Únicamente al término de la sesión, se vio hablar entre ellos a algunos acusados y antiguos compañeros.