La PAH insta a los Ayuntamientos a multar a los bancos por los pisos vacíos

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) prepara una lluvia de mociones en los Ayuntamientos para multar a los bancos que tengan pisos vacíos. La entidad ha enviado este viernes a los partidos políticos catalanes un modelo de moción para que las aprueben en los 945 municipios catalanes y sigan así la iniciativa de Terrassa, que ha sido la primera ciudad catalana que ha sancionado a tres entidades bancarias por mantener viviendas desocupadas durante más de dos años de forma injustificada.

Multar a bancos por este motivo es legal. Es una de las medidas que recoge la Ley al Derecho de la Vivienda, aprobada por el tripartito en 2007, pensada en ese momento para contrarrestar el imparable aumento del precio de las viviendas, muy por encima de los salarios, cosa que ya provocaba que sectores de población vulnerables “sufrieran situaciones de exclusión del derecho a la vivienda”, reconoce la normativa en su preámbulo. La ley considera que la desocupación de un inmueble durante más de dos años por causas injustificadas es “una situación anómala” y contempla una serie de sanciones económicas que pueden llegar hasta los 900.000 euros en el caso de la Generalitat y 500.000 si el que sanciona es un ayuntamiento.

La moción redactada por la PAH insta a los municipios a elaborar planes de vivienda que recoja “medidas de fomento para evitar la desocupación permanente” de pisos, así como implantar programas de inspección para “detectar, comprobar y registrar” los inmuebles en esta situación. El siguiente paso a seguir, sigue el texto, es que los Ayuntamientos insten a las entidades bancarias y grandes empresas a que pongan medidas decididas para encontrar inquilinos para estas viviendas y, en caso contrario, se tramiten las sanciones que recoge la normativa. “Hay que afrontar la raíz del problema y sancionar a los bancos que han robado estos pisos con hipotecas abusivas y una Ley Hipotecaria que hasta Europa ha criticado por ilegal”, ha aseverado la portavoz de la PAH, Ada Colau.

El Consistorio de Terrassa ha sido el primero, apremiado por la PAH de la ciudad, a aplicar estas medidas. El pasado martes firmó las tres primeras multas contra entidades bancarias, pero se esperan que sean muchas más ya que de momento el Ayuntamiento ha abierto 725 expedientes. En estos requerimientos, el Consistorio exige al banco que ponga todas las medidas necesarias para dar salida a su stock de viviendas (por ejemplo, ajustando precios) o, en su defecto, que ceda el piso al Ayuntamiento para que pueda darle un uso social.

En España hay 3,4 millones

La intención de la PAH es que estas medidas se puedan extender en municipios de todo el Estado. Pero el modelo de moción que ha preparado la entidad es válido solo para Cataluña, ya que el paraguas normativo en que se basa es una ley autonómica. No obstante, Colau ha explicado que enviarán el texto a las PAHs del resto de Comunidades “para que adapten el redactado a sus respectivas normativas o que incluso que pidan cambios y actualizaciones de sus leyes”.

Con esta movilización generalizada, la PAH quiere hacer frente a lo que consideran una “emergencia habitacional”. Y lo ilustran en cifras. En España hay actualmente 3,4 millones de viviendas vacías, de las cuales se calcula que 800.000 son propiedad de entidades financieras -450.000 en Cataluña-, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) referidas a 2011. Parte de estas son de nueva construcción que no han encontrado comprador, pero también las hay que son fruto de desahucios. Y es que en los primeros nueve meses de 2013 se produjeron en España 50.000 lanzamientos o desahucios -12.000 en Cataluña-, según datos del Consejo General del Poder Judicial, que incluyen no solo viviendas, sino también locales y solares.

Las mociones también instan a la Generalitat a tomar medidas para reducir la desocupación de los pisos. De hecho, el gobierno catalán anunció que trabaja en una normativa para crear una tasa que pagarían los bancos que acumulen viviendas vacías. El gravamen, que busca dar salida a los inmuebles desocupados que hay en Cataluña.