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Los transexuales dan el “visto bueno” a las correcciones a la ley

La norma será la primera en España en reconocer la libre elección de género sin informe médico

Mar Cambrollé, segunda por la izquierda, en la reunión de noviembre sobre la ley de transexualidad.
Mar Cambrollé, segunda por la izquierda, en la reunión de noviembre sobre la ley de transexualidad.Paco Puentes

La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) dio ayer su “visto bueno” a un texto corregido de la futura ley integral de transexualidad que le hizo llegar el grupo socialista, después de un proceso de estudios técnicos y jurídicos para que el Ejecutivo central del PP, según la propia formación socialista, “no encuentre ningún resquicio para recurrirla”.

La presidenta de ATA, Mar Cambrollé, adelantó que la parlamentaria socialista Soledad Pérez ha citado al colectivo el día 8 para dejar definida la fecha de registro de la normativa en la Cámara autonómica. Según Cambrollé, las correcciones realizadas “no alteran sustantivamente el contenido de la ley”, que siguen dando por bueno al ser una norma “donde se garantiza la autodeterminación y se recogen las propuestas y demandas que hicimos con una forma ajustada al visto bueno jurídico”.

Para la presidenta de ATA, la ley marcará “un hito en todo el Estado español”, en tanto que permitirá que las personas transexuales estén “en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía”. “Esperamos que sea aprobada, y por consenso, pues los derechos de las personas trans también son derechos humanos, y hacer oposición a los derechos humanos es indigno”, precisó.

La tramitación de la ley se atascó por discrepancias entre las asociaciones de transexuales y los socios de Gobierno (PSOE e IU). A los colectivos no les gustó la propuesta definitiva remitida tras el acuerdo del pasado 7 de noviembre por cuestiones de “terminología jurídica”, como precisaron entonces. El pasado noviembre comparecieron juntos todos los implicados para anunciar el acuerdo sobre el texto que convertiría a Andalucía en la primera comunidad autónoma de España en reconocer la libre elección de género sin informe médico previo. La discrepancia estaba entre el grupo socialista y los transexuales, quienes pedían que se consideraran transexuales a todas las personas que estén tramitando la obtención de la documentación administrativa acorde con su identidad de género.

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