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Los tres encarcelados en la Operación Madeja piden la libertad

Alaya mandó a prisión en diciembre a un empresario y dos funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla

Un guardia civil en el registro a la empresa Fitonovo.
Un guardia civil en el registro a la empresa Fitonovo.paco puentes

El empresario y los dos funcionarios municipales sevillanos encarcelados el 19 de diciembre en la segunda fase de la Operación Madeja por presuntos pagos ilegales en el Ayuntamiento de Sevilla han pedido su libertad incondicional o, de manera alternativa, bajo fianza. Fuentes del caso han informado de que el empresario de Fitonovo José Antonio González Baró ha recurrido directamente ante la Audiencia de Sevilla, mientras que Francisco Amores, exjefe del servicio de Parques y Jardines del actual Ayuntamiento de Sevilla, y Francisco Luis Huertas, responsable de conservación del parque María Luisa, lo han hecho en reforma ante la juez instructora, Mercedes Alaya.

Las defensas alegan que sus clientes tienen arraigo en Sevilla y que no hay riesgo de fuga ni de que destruyan pruebas ya que sus oficinas fueron registradas por la Guardia Civil, que se incautó de toda la documentación que consideró relevante. Además, las defensas entienden que los presuntos delitos que se imputan a los encarcelados no justifican una medida de prisión y se produjeron antes de la reforma legal de 2010, cuando la entrega de dádivas a funcionarios no estaba sancionada si se hacía con posterioridad y en señal de “recompensa” por la realización de actos propios de su cargo.

En la madrugada del 19 de diciembre, Alaya decretó prisión sin fianza para Francisco Amores y José Antonio González Baró, mientras que para Francisco Luis Huertas ordenó prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros, que el imputado declaró no tener. Fuentes del caso informan de que el abogado de Amores presentó su recurso el 23 de diciembre y alegó que el imputado no puede destruir pruebas porque sus oficinas en el servicio de Parques y Jardines de Sevilla fueron registradas por la Guardia Civil. Además, es un funcionario sin bienes ya que su única posesión es una casa de campo en Ayamonte (Huelva). Según fuentes del caso, Amores negó ante la juez haber recibido 25.000 euros de la empresa Jardines y Riegos Al Andalus, una de las investigadas por el presunto pago de sobornos a funcionarios municipales a cambio de contratos del Ayuntamiento de Sevilla.

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