Un año de reveses

El último día de actividad en la Asamblea de Madrid antes de las vacaciones navideñas era un reflejo fiel, aunque parcial, del clima de abatimiento instalado en las filas del PP en el tramo final del año. Algunos diputados ya ni disimulaban el estupor. Acababa de conocerse la imputación por blanqueo y delito fiscal de la esposa del presidente Ignacio González, Lourdes Cavero, lo que devolvía a la actualidad el controvertido ático de Guadalmina y toda su nebulosa de sospechas asociadas. El presidente había tratado de neutralizar el asunto a principios de año con el anuncio de la compra del inmueble a la sociedad Coast Investor, domiciliada en un paraíso fiscal, que hasta entonces se lo alquilaba a la pareja a razón de 2.000 euros al mes. Tras dos archivos previos, una denuncia del sindicato SUP había hecho aflorar de nuevo la causa y una juez de Estepona la elevaba además a instancias superiores al ver indicios de delito en la conducta de González.

Tras un año cargado de adversidades, reciente aún el portazo definitivo de Eurovegas, en el partido ya no esperaban más sobresaltos y el auto de la juez de María Peregrina era un nuevo zarandeo en una semana en la que distintos medios habían empezado a airear el cruce de favores entre la sede del Gobierno regional madrileño y la dirección de Caja Madrid en tiempos de Blesa. Ese mismo día, la plana mayor del PP madrileño celebraba la cena de Navidad con el presidente Rajoy, una cita de aparente distensión que acabó siendo la elocuente foto finish de una accidentada carrera de 12 meses en la que coincidían con sus respectivos desgastes a cuestas todos los actores con mando en la preciada plaza madrileña: González, Ana Botella, Esperanza Aguirre y la delegada Cristina Cifuentes, recién regresada de un grave percance físico. Lo que sigue es un resumen del annus horribilis de la política regional en Madrid:

Sanidad en los tribunales. Los presupuestos regionales para 2013 se construyeron sobre la premisa de que la privatización (externalización según la terminología oficial) de seis hospitales de la región y de 27 centros de salud supondría un ahorro de unos 170 millones de euros anuales. La gran apuesta del presidente González tras el abandono de la escena de Esperanza Aguirre se ha convertido en uno de los grandes agujeros negros del año. Primero, por la respuesta de todo el sector sanitario y de miles de ciudadanos que durante meses salieron a la calle para tratar de revertir la medida. Después, porque la protesta llegó a los tribunales a través de distintos recursos que tomaron cuerpo con la paralización judicial de un proceso que ya había echado a andar con la adjudicación a tres empresas (Ribera Salud, Sanitas y el grupo portorriqueño HIMA San Pablo) de la gestión de los hospitales Infanta Leonor en Vallecas, el del Sureste en Arganda, el del Henares en Coslada, el Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, el del Tajo en Aranjuez y el Infanta Cristina de Parla.

La decisión final está ahora en manos de los 50 magistrados del pleno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tendrán que dirimir si el proceso administrativo de adjudicación está cargado de irregularidades como denuncian los recurrentes y si poner en manos privadas la gestión de hospitales públicos en funcionamiento puede afectar a los derechos fundamentales de los madrileños.

La privatización sanitaria que en 2003 puso en marcha la anterior presidenta sobre la mesa de otro juez que en junio imputó a los exconsejeros Juan José Güemes y Manuel Lamela por cohecho y prevaricación, así como a otros cargos y representantes de las empresas beneficiarias. En este caso se trata de esclarecer la honestidad de las relaciones contractuales entre antiguos cargos públicos y compañías sanitarias adjudicatarias en ese mecanismo de puerta giratoria cada vez más frecuente en la vida pública española.

Otro hito judicial de la gestión sanitaria madrileña fue la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional del euro por receta implantado en enero, una supuesta medida de ahorro que el Gobierno central recurrió (al igual que en Cataluña) y que sigue pendiente de veredicto.

Privatizar para recortar. La tesis de que privatizar garantiza la eficiencia de los servicios públicos ha sido uno de los mantras políticos del año, tanto en el ámbito autonómico como en el local, y el origen de sonados conflictos sociales como el protagonizado por los trabajadores de la lavandería central hospitalaria que, merced a la adjudicación del servicio a una empresa privada con 36 millones menos de gasto público, han pasado a cobrar casi la mitad.

En la capital se renovaron los contratos de limpieza viaria y con recortes de hasta un 33%, las empresas concesionarias anunciaron el despido de 1.134 de sus 6.000 trabajadores y Madrid vivió en noviembre 13 días de huelga que pusieron en jaque la imagen internacional de la ciudad y la de sus gestores. El conflicto se resolvió tras renunciar la empresa a los despidos y los trabajadores a mejoras de sueldo hasta 2017, más un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de 45 días anuales por trabajador. Y aún quedan concursos (a la baja) por adjudicar.

Cuentas que no salen. La persistencia de la crisis ha perpetuado también en 2013 un modelo de gestión cargado de lastres financieros y con pocos horizontes que mostrar al electorado. De ahí el entusiasmo con el que los políticos locales abrazaron Eurovegas y la candidatura olímpica como fuentes de inversión extraordinaria. En el terreno de las tristes realidades, el presidente de la Comunidad se embarcó sin éxito en un pulso político con el Ministerio de Hacienda por considerar lesivo para Madrid el sistema de financiación autonómica. González reclamó cerca de 1.000 millones que nunca llegaron y preparó para 2014 unos presupuestos con rebaja fiscal incorporada, además de una considerable carga de deuda, que terminaron de tensar las relaciones con Cristóbal Montoro.

El Ayuntamiento de Madrid, mucho más dócil con las directrices del Gobierno central, tuvo que pedir en verano un rescate de 350 millones de euros para pagar facturas pendientes que se sumaba al ya otorgado en 2013 de 1.017 millones. Las empresas municipales, con Madridec a la cabeza, se destaparon como un escondite de deuda no aflorada en tiempos de Gallardón, lo que obligó a revisar al alza el endeudamiento en 844 millones. Pese a presumir de un superávit cercano a los 1.000 millones, la capital cerrará 2013 con una deuda de 7.074 millones.

Fiel a su premisa de “hacer más con menos” y a ese ideario liberal que considera clave para el progreso de la Humanidad, la alcaldesa Botella afronta lo que le queda de mandato con el ánimo de simplificar la maraña administrativa municipal para tratar de reducir su carga financiera y contener pérdidas. El paso del año le ha permitido reconstruir su entorno de colaboradores tras la salida de altos cargos (el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva o el delegado Antonio de Guindos) que acompañó a la tragedia del Madrid Arena. La instrucción judicial del caso, que aún prosigue, ha dado para varios sobresaltos a los habitantes del Palacio de Cibeles, incluida la apertura de una pieza separada por el supuesto falseamiento del nivel de riesgo de la fiesta.

Dos fiascos en tres meses. De entre todos los reveses que ha repartido el año, los más sonoros han sido sin duda el fracaso olímpico de Madrid 2020 y la cancelación de Eurovegas, un macrocomplejo de juego y convenciones que emigró a Asia con otro nombre tras una negociación final con trazas de partida de póquer. En solo tres meses, la región ha pasado de ser escenario de grandes proyectos a reencontrarse con una realidad desnuda de promesas. La estampa de la “relaxing cup of café con leche” de la alcaldesa en Buenos Aires quedará para el recuerdo de lo innecesario junto a las fotos de políticos madrileños en mitad de un prometedor secarral de Alcorcón.

Capital en horas bajas. De vuelta a las realidades, Madrid termina el año con pésimos datos de llegada de turistas cuando en el resto de España es precisamente el turismo uno de los pocos motores de recuperación económica tangibles. Este verano, el aeropuerto Barajas llegó a perder su hegemonía como principal destino de viajeros en beneficio de El Prat, lo que desató las alarmas y alentó el debate sobre la supuesta decadencia cultural y económica de Madrid. También en verano, antes de que la huelga de limpieza urbana pusiera a la capital en el foco de la prensa internacional por sus inabarcables pilas de basura, la suciedad y el descuido de sus calles ya era un tema de conversación entre vecinos y oposición. Después de 20 años, 2013 ha sido el primero en que la capital se ha quedado sin la tradicional Operación Asfalto, una campaña de reparaciones en las calzadas que aprovechaba la caída de tráfico rodado de agosto para reasfaltar las vías más deterioradas.

En ausencia de dinero para grandes inversiones, los proyectos que ahora ocupan los anuncios oficiales se concentran en el entorno de la plaza de Canalejas, donde la cadena hotelera Four Seasons planea construir un lujoso hotel que ocuparía siete edificios, y en el paseo del Prado. Allí, a pocos metros de la gran pinacoteca española, el arquitecto argentino Emilio Ambasz planea levantar un nuevo museo dedicado al arte, la arquitectura y el diseño con el apoyo del Ayuntamiento. En ambos casos ha habido contestación por parte de los expertos, que cuestionan las condiciones ad hoc incorporadas a la legislación para hacer modificaciones a los edificios existentes.

Candidaturas en el aire. En 2013, muchos de los sobresaltos registrados en el hábitat político madrileño han tenido que ver con la incertidumbre respecto a quiénes serán los cabezas de lista de los grandes partidos en 2015. La insólita composición de los gobiernos regional y local, liderados por sustitutos de quienes ganaron las elecciones de 2011, aporta en el Partido Popular un plus de incertidumbre animado por la presencia de Esperanza Aguirre, presidenta regional que se fue sin irse del todo, y de Cristina Cifuentes. La delegada del Gobierno, que en agosto sufrió un grave accidente de circulación que la mantuvo lejos de la política durante más de tres meses, ha vuelto sin postularse abiertamente pero sin dar un paso atrás. La lista final de nombres dependerá en parte del desarrollo judicial del caso del ático y de si la investigación de Gürtel, que ha vuelto a exhibir los manejos de López Viejo, deja algún arañazo grave en el PP madrileño.

El año que viene aportará luz en este aspecto también en las filas socialistas, donde está por ver el resultado de las primarias tanto a nivel nacional como regional y la estrategia de Tomás Gómez en la designación de aspirante a la alcaldía.

Mariano Rajoy cerró el año político prometiendo para España un 2014 mejor que 2013. En Madrid bastaría con una lista de objetivos y un buen mapa.