La exalcaldesa del PSOE de Jerez se enfrenta este año a tres juicios

El año 2014 no pasará en blanco para la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez. Quien fuera regidora socialista entre 2005 y 2011 deberá sentarse en los próximos meses en el banquillo de los acusados en tres juicios que dirimirán su gestión al frente del Ayuntamiento de la ciudad gaditana. La acusación pide a Sánchez diez años de cárcel y 17 de inhabilitación por enchufar en la administración local a cinco compañeros de partido, usar fondos del Plan E para pagar nóminas de la plantilla municipal y otorgar a una empresa una subvención pública de 244.000, supuestamente, en perjuicio de otras. La exedil socialista, que sigue culpando a la prensa de buena parte de sus males, deberá rememorar en los próximos meses los pasajes más amargos de su paso por el sillón consistorial.

La primera de las causas ya tiene fecha de juicio. El caso asesores se celebrará a cinco jornadas desde el 13 de enero. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Jerez, Aránzazu Guerra, ha ordenado la apertura de vista oral contra Sánchez por contratar de manera presuntamente irregular a cinco miembros del PSOE en el Consistorio jerezano entre 2005 y 2011, dos con contrato de alta dirección y tres como trabajadores laborales. La Fiscalía ha solicitado dos veces el archivo de la causa, pero la magistrada señala en un auto que la exalcaldesa “ordenó la contratación de personas afines política o personalmente sin que se cumplan los requisitos exigibles legalmente para tales contrataciones”. Sólo por estos casos de supuesto enchufismo, la socialista debe responder de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. La denuncia ha perdido peso con el paso de los años. Si en un principio cuestionaba 32 fichajes, entre los que se encontraba el del propio esposo de Sánchez como jefe de gabinete de alcaldía, finalmente la juez sólo mantiene la sombra de duda sobre cinco de las contrataciones.

El segundo juicio puede celebrase antes del verano. Es el conocido como caso PTA, el que inicialmente se considera más peliagudo para la socialista. El fiscal pide para Sánchez siete años de prisión y 17 de inhabilitación por los delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento público y fraude en la administración en la concesión de una subvención pública de 244.000 euros a una empresa para que se instalara en el Parque Tecnológico Agroindustrial de la ciudad. La Justicia investiga desde hace más de dos años si la exregidora benefició con esa ayuda a la empresa sevillana Tecnología e Innovación Sanitaria (Tinsa) en detrimento de otras compañías que inicialmente contaban con mayor puntuación. Según la declaración judicial de un técnico municipal, Sánchez ordenó mejorar la puntuación de la firma sanitaria en un segundo informe con el objetivo de posibilitar la concesión de una subvención máxima que se otorgaba en forma de rebaja en el precio del suelo. Finalmente, Tinsa nunca se instaló en el parque ni cobró las ayudas públicas, pero la justicia pretende aclarar si Sánchez trató de beneficiar con dinero público a una empresa en perjuicio de otras aspirantes.

La tercera y última causa también llegará a juicio. Se trata del caso desvío de fondos. La fiscalía ha solicitado tres años de cárcel y una fianza de 8,6 millones de euros por pagar las nóminas de los trabajadores municipales durante ocho meses con fondos del Estado ingresados en cuentas restringidas para la financiación de obras del Plan E. La acusación pública, ejercida por Manuel Luis Arjona, señala en una resolución que Sánchez cometió un delito contra la hacienda pública por "fraude de subvenciones" al ordenar, con los informes técnicos de intervención y tesorero en contra, un total de 11 traspasos de capital de fondos finalistas para atender el pago de salarios o servicios públicos básicos en la ciudad, como la ayuda a domicilio de mayores y dependientes.