La corrupción aprovecha la falta de medios en los juzgados

La investigación del caso Astapa sobre corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga, 67.101 habitantes) avanza a paso de tortuga. La causa que llevó a la cárcel al exalcalde socialista Antonio Barrientos arrancó hace cinco años y medio y suma 107 imputados (dos presuntos implicados han fallecido). Ninguna de las personas vinculadas a este procedimiento podía imaginar en junio de 2008, cuando se produjeron las primeras detenciones, una demora semejante. Pero lo peor es que el final no se vislumbra. Fuentes de la investigación comentan que en 2014 estarán listos los informes policiales, aunque expresan sus dudas de que las pruebas periciales estén concluidas.

Ahí está el principal escollo: la valoración económica de los convenios urbanísticos, tema esencial sobre el que pivota el caso. Hasta ahora se han podido examinar siete acuerdos, análisis que ha concluido un presunto déficit de 20 millones de euros para las arcas municipales, y quedan pendientes cerca de 30 convenios. Esta labor debe hacerla un perito oficial y el camino recorrido en este campo ha sido una “verdadera odisea”. “La Justicia es cara y necesita medios”, añaden las fuentes. Y en Astapa la crisis se nota, porque no los hay.

Las dificultades con los peritos han dilatado la instrucción que dirige el Juzgado mixto 1 de Estepona. La presencia de un tasador ha sido irregular, a veces inexistente. En un primer momento se dispuso de uno de la Agencia Tributaria de una “calidad excepcional”, que fue el encargado de valorar los siete convenios. Pero su trabajo se limitó a eso. En una segunda fase se estimó que no podía atender las necesidades del juzgado y continuar con sus funciones ordinarias, por lo que fue desechado. Se recurrió entonces sin éxito a varios organismos de la Junta y, visto el resultado, a la compañía de tasación Tinsa, que recientemente informó de que había concluido el contrato que tenía con la Delegación de Justicia. Aparentemente, las trabas parecen haberse superado. Las fuentes consultadas explican que ahora se ha vuelto a comisionar a un perito.

En la sede judicial ni siquiera cuentan con un escáner especializado para digitalizar la documentación intervenida. Hay una máquina multifunción que también hace fotocopias e imprime y que no es adecuada, por ejemplo, para el tratamiento de planos. El sumario lo integran actualmente 58 tomos principales y unas 30 piezas documentales. Hay 163 cajas con papeles decomisados en los registros (una parte importante está pendiente de escanear) y 112 soportes informáticos. El volumen y la complejidad del caso, que investiga delitos de cohecho, malversación, fraude y blanqueo, entre otros, son enormes.

El juzgado no ha visto atendida su petición de contar con una máquina adecuada para digitalizar el procedimiento. La que se utilizó en el caso Malaya, para el que sí hubo un derroche de medios físicos y materiales, está ahora en el juzgado de Ronda que investiga el caso Acinipo. Y a la falta de algo que se presume tan básico como un escáner se suma la carga de trabajo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Estepona. Su titular, Jesús Torres, es el tercer instructor de la causa. Relevó a Isabel Conejo y a Virtudes Molina y echa jornadas de trabajo maratonianas. Es habitual que abandone la sede judicial a las seis de la tarde. Torres asume las labores propias de un juzgado mixto, es decir, lleva asuntos civiles y penales. Toma declaración, hace guardias y celebra juicios. Según fuentes judiciales, este año superará las 400 sentencias. Y en medio de todo esto instruye Astapa.

Un dato objetivo del día a día que soporta el juzgado de Torres está en la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la de 2012. La media de ingresos de asuntos el año pasado en los cinco juzgados de Estepona fue de 1.149 en la jurisdicción civil y de 3.175 en la penal. La carga de trabajo máxima que fija el Consejo General del Poder Judicial está en 550 y 2.470 asuntos, respectivamente.

El juez y los funcionarios de Astapa escanean documentos en los ratos libres, explican las fuentes. A eso se están dedicando ahora con nueve cajas de papeles que acaban de llegar de Madrid. El equipo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encargado de la investigación, que tiene en marcha la elaboración de varios informes y actúa en colaboración con efectivos de Málaga, tiene su sede física en el complejo policial de Canillas. Con el escáner ha pasado como con los peritos. Es todo una aventura. “Al inicio de la instrucción se pidió el auxilio de Hacienda porque tienen buenas máquinas, pero se rechazó por una cuestión de competencias”, apuntan fuentes de la investigación.

Las últimas declaraciones relacionadas con Astapa se produjeron a principios de verano. Hay en marcha cientos de informes patrimoniales de la Agencia Tributaria y están pendientes las comisiones rogatorias enviadas a Marruecos y Suiza para determinar el supuesto blanqueo de algunos implicados. La que se remitió a la República Checa ya está cumplimentada. Los convenios urbanísticos son el eje central del caso, pero la investigación abarca multitud de concesiones y contratos municipales entre 2003 y 2008. Además del exalcalde del PSOE, los principales implicados son los exediles José Ignacio Crespo, Manuel Reina y Francisco Zamorano, y el exgerente de Urbanismo Pedro López. Hay imputados arquitectos, empresarios, funcionarios y familiares de algunos excargos públicos.

Según los investigadores, el Ayuntamiento se regía por una “triple caja”. La caja A estaba perfectamente fiscalizada. La B estaría integrada por fondos no auditados procedentes de supuestas donaciones por los convenios urbanísticos que se gastaban en el ámbito municipal. Y la caja C contendría el dinero, también de convenios urbanísticos y otras concesiones, que supuestamente acababa en el “bolsillo” de algunos implicados.