La policía desarticula dos redes de explotación sexual de mujeres

La Policía Nacional ha desarticulado dos redes criminales que controlaban la prostitución en diversas carreteras comarcales de las provincias de Valencia y Castellón. Los responsables de dichas organizaciones, de origen rumano, habían hecho un "pacto de no agresión" por el que dividían las citadas carreteras en dos zonas para situar a "sus" chicas, según fuentes policiales. Los dos grupos contaban con el soporte económico de un prestamista que se encargaba de financiar las actividades ilícitas de ambos. La policía ha detenido a 20 personas responsables e integrantes de las dos organizaciones y se ha identificado a 11 víctimas que estaban siendo explotadas.

Las investigaciones se iniciaron hace cinco meses a raíz de la denuncia de una mujer que estaba siendo explotada por una de las organizaciones y que, tras lograr escapar al control de la misma, se personó en dependencias policiales para denunciar la actividad de estas redes de trata.

Las mujeres eran captadas en Rumania mediante las falsas promesas de trabajo en España que aceptaban ante la precariedad de su situación económica. Según la policía, tras su traslado voluntario a España, las mujeres eran aisladas por completo de su entorno familiar y eran obligadas a ejercer la prostitución, junto con otras compatriotas, en diferentes carreteras comarcales que unen las localidades de Canet d'en Berenguer y Sagunto, Valencia, Moncofa, Nules y Castellón de la Plana.

Los máximos responsables de ambas organizaciones habían llegado a un "pacto de no agresión" consistente en realizar un reparto de las carreteras en dos zonas, en cada una de las cuales ejercería su influencia y cada grupo "colocaría" a sus propias chicas. Un pacto que afectaba tanto a los proxenetas como a las mujeres que eran obligadas a prostituirse.

Estas dos redes, según explica la policía, utilizaban la violencia contra las víctimas y contra otros grupos rivales dedicados a la trata. En cuanto a las víctimas, la Policía ha comprobado cómo muchas de ellas acudían a trabajar marcadas por las agresiones producidas por quienes las obligaban a ejercer la prostitución.

Las investigaciones policiales permitieron averiguar que las organizaciones contaban con el soporte económico de un prestamista que se encargaba de financiar económicamente las actividades ilícitas de ambos grupos. Desde la obtención de documentos falsos, tanto permisos para poder conducir en Europa sin tener el preceptivo carné o documentos de identidad falsos para evitar ser identificados por las autoridades policiales o judiciales, hasta la "compra" de la voluntad de las víctimas a las que querían trasladar a España para obligarlas a ejercer la prostitución.

La policía ha podido saber que ambas organizaciones trasladaban a algunas de sus víctimas a otros países europeos, donde continuaban siendo explotadas sexualmente.

En esta operación se han efectuado seis registros domiciliarios en diferentes localidades de Valencia, Almería y Castellón, en los que se intervino importante documentación relacionada con los hechos investigados, material informático y móviles de última generación, que están siendo analizados por expertos policiales, así como sustancias estupefacientes, dinero en efectivo armas prohibidas y de fuego sin la correspondiente licencia y varios vehículos.