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El ‘caso Pokémon’ alcanza de lleno a los dos últimos gobiernos coruñeses

Imputadas 12 personas, entre ellos el teniente de alcalde, del PP, y un edil socialista

Aquarium Finisterrae de A Coruña, una de las instituciones que investiga la juez encargada de la Operación Pokémon.
Aquarium Finisterrae de A Coruña, una de las instituciones que investiga la juez encargada de la Operación Pokémon.

A 12 cargos y funcionarios del Ayuntamiento de A Coruña, entre ellos el primer teniente de alcalde, Julio Flores (PP), y el concejal socialista José Nogueira, se eleva ya, de momento, el número de imputados de este consistorio en la denominada Operación Pokémon, la red que investiga la magistrada Pilar de Lara sobre contrataciones públicas supuestamente irregulares a favor del grupo empresarial Vendex. Además de los dos políticos, están citados a declarar ante la titular del Juzgado número 1 de Lugo, tras la festividad de Reyes, asesores y cargos de confianza del actual gobierno local que preside Carlos Negreira, además de cinco funcionarios, todos ellos relacionados, salvo Flores y Nogueira, con el departamento de Cultura y de los Museos Científicos de A Coruña, de titularidad municipal y en el que está integrado el Aquarium Finisterrae. Habrá más imputaciones en los próximas días, según fuentes de la investigación.

 Los 12 citados, que recibieron entre el viernes y ayer la notificación judicial, están imputados por los delitos de uso ilícito de información privilegiada, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y fraude. Después de Lugo, Ourense y Santiago, A Coruña es la cuarta ciudad gallega en el objetivo de esta macroinvestigación que ya alcanza 90 imputados en toda Galicia y otras comunidades. La juez instructora decidió abrir, con A Coruña, una pieza separada de la Operación Pokémon, bajo la denominación de Pikachu, ya que en este Ayuntamiento están bajo sospecha contratos por un valor de 12 millones de euros, otorgados tanto en la etapa del anterior gobierno socialista como por el actual del PP, ganador de las elecciones de mayo de 2011. Representan la mayor parte de la facturación total en Galicia de Vendex, el conglomerado en el epicentro de esta trama de supuestos sobornos y tratos de favor. La mayor parte de los contratos de A Coruña bajo sospecha están relacionados con Cultura, cerca de ocho millones de euros.

En un principio, cuando se produjo en octubre de 2012 el primer registro judicial en el Ayuntamiento de A Coruña, la investigación se centraba en los expedientes de la concesión municipal de la grúa y de la ORA, otorgados a Vendex en 2005 por el entonces gobierno municipal del PSOE. Los agentes judiciales se incautaron de mucha documentación del departamento de Tráfico, con concesiones a Vendex por valor de cuatro millones de euros, un grueso volumen de expedientes que la juez aún está revisando, según fuentes de la investigación. El número de contratas del Ayuntamiento coruñés a ese grupo empresarial llegó a elevarse a 16. Tras estallar la Pokémon, en la que están implicados, entre otros muchos cargos públicos, los alcaldes de Lugo (PSOE) y Santiago (PP), A Coruña redujo su facturación con Vendex, pero no cesó de concederle nuevos contratos.

Ahora mantiene 10 con esta compañía, “cinco de ellos actualmente en licitación”, según informó el regidor, Carlos Negreira, a principios de este mismo mes, cuando la juez De Lara ordenó a agentes de Aduanas un segundo registro en el palacio municipal de María Pita. Y fueron los documentos sobre otras contratas de servicios de Cultura, del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) y del Aquarium así como correos electrónicos incautados en esa segunda ocasión los que dieron lugar a estas 12 imputaciones.

La mitad afectan al primer teniente de alcalde y cargos de confianza de libre designación del PP ajenos por completo a la concesión de la grúa y de la ORA, como el asesor de Julio Flores, Juan Carlos Boga; la jefa de Cultura, una funcionaria procedente de la Xunta, Susana Martínez Portabales; la directora de los Museos Científicos, Mónica Iglesias —dejó su plaza de interventora en Burela al ser designada por Negreira para este puesto—; y la jefa de Contratación del Ayuntamiento, Gloria Díaz. Imputados también están una asesora del IMCE, Dulce Rodríguez, también un puesto de libre designación del actual gobierno coruñés, así como dos funcionarias de ese mismo instituto municipal, y otros dos del Aquarium, entre ellos su director técnico, Francisco Franco del Amo. Entre los imputados, también figura un funcionario ya jubilado, ex responsable de asuntos económicos del área de Deportes. Pero, de momento, no está ni citada como testigo ni imputada la jefa de Transportes del Ayuntamiento, la única de los ocho funcionarios cuyo ordenador y correos electrónicos fueron incautados por Aduanas. La revisión de la abultada documentación sobre contratas de Tráfico podría, no obstante, desembocar en más funcionarios implicados.

La imputación del edil socialista, ahora en la oposición, José Nogueira tampoco está relacionada con el expediente de la grúa y de la ORA, ya que no era responsable de Tráfico cuando se concedieron ambos servicios a Vendex. Su implicación en esta trama está relacionada con su etapa como presidente de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento coruñés, que en los últimos meses del anterior gobierno otorgó a filiales de la compañía investigada dos contratos para poner en marcha el centro sociocultural Ágora.