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El Supremo no ve “lógica jurídica” en el indulto al kamikaze de Valencia

La familia del fallecido pide al Gobierno que acate la sentencia y no conceda un nuevo indulto

Loreto Dolz se mostraba ayer pletórica. “Estoy muy contenta con la justicia”, repetía. La hermana de José Alfredo Dolz, el joven de 25 años que murió en 2003 por la colisión de un conductor kamikaze en la carretera AP-7 en Polinyà del Xúquer (Valencia), valoró así los argumentos del Supremo para anular el controvertido indulto que el Gobierno aprobó en diciembre de 2012. El condenado solo cumplió 10 meses de una pena de 13 años de prisión.

La sala de lo contencioso-administrativo del Supremo sostiene que la medida de gracia careció de “lógica jurídica”. Que el Gobierno “no señaló las razones de justicia, equidad o utilidad pública” que exige la ley del indulto de 1870. Y recuerda que el perdón no fue apoyado por la Audiencia de Valencia y la Fiscalía. Además, precisa que la justicia puede controlar, incluso, un movimiento arbitrario como es el indulto.

Con estos severos mimbres, el Supremo desgrana en una sentencia de un centenar de páginas publicada ayer los argumentos del fallo adelantado el pasado siete de noviembre. Entonces, el alto tribunal estimó - por una ajustada mayoría de 19 votos frente a 17- el recurso de la familia contra el indulto.

El abogado de la familia del fallecido, Agustín Ferrer, destacó que la resolución sienta jurisprudencia y empujará al Gobierno a argumentar sus futuros indultos. Y pedirá a la Audiencia de Valencia el ingreso en prisión del kamikaze, que permanece en la calle desde la indulgencia.

La hermana de Dolz confiaba ayer en que el Gobierno de Mariano Rajoy no aproveche los tres meses de plazo para corregir sus errores –razonar la iniciativa- y vuelva a conceder el perdón. “Ha quedado claro que la medida fue arbitraria. Que ni se justificó ni existieron motivos para dejar en libertad al kamikaze a cambio de una multa de 4.000 euros”, resumía este mujer que encabeza desde hace una década una cruzada legal que contempla campañas de recogidas de miles de firmas.

Dolz aludió, de nuevo, a las “irregularidades” que planearon sobre el indulto. Se refería a la cancelación por la Dirección General de Tráfico (DGT) de una multa al condenado por exceso de velocidad antes del perdón para borrar su historial al volante. O que la defensa del kamikaze corriera a cargo de Esteban Astarloa, hermano del que fuera subsecretario de Justicia entre 2000 y 2002 del gabinete de José María Aznar. También cuestionó la familia que entre el medio centenar de letrados del despacho que asesoró al conductor, Uría Menéndez, figurase el hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

“El indulto creó alarma entre las asociaciones de víctimas y epilépticos”, prosigue la hermana de la víctima. Se refería a la dolencia atribuida por el Ejecutivo al conductor para justificar que circulase en sentido contrario cuando se produjo el choque mortal.

La sentencia del Supremo, fruto de una deliberación de tres días, contó con varios votos particulares. Uno de ellos fue el del magistrado Carlos Lesmes, que fue nombrado después presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo. Lesmes, que también fue director general en el último gabinete de José María Aznar, avaló el indulto del Gobierno.

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