Pleitos y apaños del PP cuestan 10 millones a las arcas de Orihuela

Una de las dificultades que más ha llevado de cabeza al gobierno de Los Verdes y PSPV en Orihuela en los dos años y medio que la coalición ha despeñado el poder local son las demandas judiciales presentadas contra la gestión de los anteriores equipos de gobierno del Partido Popular. La lesión de las arcas públicas ronda los 10 millones de euros sin que se sepa aún en cuántos pleitos anda mentido el consistorio al no existir una lista. Impagos, responsabilidades patrimoniales no atendidas... El equipo de Monserrate Guillén, de Los Verdes, se ha topado hasta con la Iglesia en los dos años y medio de legislatura que ha desarrollado en la capital de La Vega Baja alicantina y que verán su fin el próximo enero una vez el PP y los dos ediles del Centro Liberal Renovador (CLR) cumplan con la moción de censura que han sacado adelante con cuatro imputados y un condenado entre sus filas.

En materia urbanística y por la prestación de servicios, los juzgados tramitan ocho millones de euros por impagos, según las sumas de la socialista Antonia Moreno. La concejal de Urbanismo dio el pasado lunes cuenta de la junta de gobierno en la que se hubo de aprobar el pago de 255.000 euros por servicios de una empresa de electricidad, reclamados en un juzgado de Elche y que fueron encargados por el gobierno de la exalcaldesa Mónica Lorente sin tener presupuesto para ello. En la lista de acreedores consta también la empresa Colsur, con cuatro millones adeudados por el consistorio. Colsur perteneció al supuesto cabecilla del caso Brugal, Ángel Fenoll, a quien además se juzga por financiar ilegalmente la campaña de Lorente.

En conversación con este periódico, la edil socialista, que el próximo viernes se retirará de la política municipal, se declaró "agotada" por la gestión de un departamento en el que describe todo tipo de desbarajustes económicos. Por ejemplificar: en estos dos años y medio, se encontró con reclamaciones de la empresa de saneamiento de aguas de la Generalitat, Epsar, por 700.000 euros, entre varios impagos.

A principios de este año, descubrió que el colegio Santo Domingo, perteneciente al obispado, disfruta gratis de unos terrenos urbanizables que cedió el otrora alcalde popular José Manuel Medina a la diócesis de Orihuela con la condición de que se construyeran unas dependencias universitarias en los casi 3.000 metros cuadrados de solar. El suelo costó a las arcas municipales 800.000 euros. Hoy no hay extensión universitaria alguna, pero el terreno está integrado en un colegio y es un campo de fútbol en el que juegan los alumnos.

En mayo el propio Medina fue condenado a siete años de inhabilitación por pasividad a la hora de reclamar dos millones para el patrimonio municipal a una promotora "que se comió 4.000 metros cuadrados" de suelo público. "Nadie (del consistorio) fue a medirlos", recuerda la concejal Moreno con gesto incrédulo.

A estos ocho millones, hay que añadir otros dos de lesión económica que suman los fallos y requerimientos judiciales que han entrado en la última mitad del año por el registro municipal. De estos casos sobresale la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que obliga al Ayuntamiento a pagar 1,2 millones de euros por la expropiación de unos terrenos afectados por unas obras de la carretera N-332 que no se ajustaban a justiprecio.

El equipo de gobierno de los populares "ni se personó" en su momento en el juicio, como recuerda la socialista Carolina Gracia. La responsable de Hacienda y el alcalde Guillén acabaron denunciando el pasado noviembre ante el TSJ la posición de 14 ediles de la corporación —12 del PP y dos no adscritos— por negarse a incluir en los presupuestos municipales el pago de la sentencia. Fue en dos ocasiones (en dos plenos de junio y noviembre).

“Hay dinero para pagar; lo que no hay es voluntad de los que generaron el problema por pagar. Llegaron a tener 90 millones de presupuesto, en el Plan Confianza, había dinero para todo y lo dejaron estar, ni siquiera se personaron en algunos casos, lo cual ya es raro”, protestó Gracia semanas antes de conocer la moción de censura que se votará el 3 de enero.

Al margen de sentencias e impagos acumulados, el pasado 22 de octubre llegó una carta a la alcaldía de la Diócesis Provincial, con sede en Orihuela. Pedía cumplir el acuerdo alcanzado con Mónica Lorente según el cual la Iglesia cedía en 2009 un solar para un colegio hasta febrero de 2012. A partir de esa fecha, el pago municipal sería de 1.000 euros mensuales. Fue un acuerdo alcanzado “en conversaciones”, según la misiva de la diócesis: una forma nada usual de acuerdo económico en la Administración.