Sanidad tiene abierto expediente por gastar 1.748 millones sin presupuesto
La Sindicatura señala que no hay noticias de la investigación un año después
La Agencia Valenciana de la Salud, organismo público dependiente de la Generalitat, abrió hace más de un año, en septiembre de 2012, un expediente para depurar responsabilidades por gastar 1.748 millones de euros sin dotación presupuestaria, una práctica que vulnera dos leyes: la de Hacienda Pública de la Generalitat y la de Contratos del Sector Público. Así lo señala la Sindicatura de Comptes en su informe de fiscalización de las cuentas del año pasado.
La Sindicatura insiste en que ese gasto, realizado sin reserva presupuestaria y sin someterse a los procedimientos de contratación legales, debía de convalidarse o reconocerse como una modificación de crédito porque de lo contrario era un gasto oculto y no se podía pagar. El problema es que la ley de Hacienda no prevé cómo regularizar estas operaciones porque no están permitidas. Así que al final se regularizaron mediante una resolución del consejero de Sanidad fechada el 19 de noviembre de 2012.
A la vista de este caso, la Sindicatura pide a la Generalitat que llene este vacío legal y que diga cómo tramitar las obligaciones heredadas de años anteriores, “tanto las debidamente adquiridas como las que carezcan de dicho requisito”.
Sanidad saldó los 1.748 millones de euros gastados en anteriores ejercicios con los planes extraordinarios de financiación previstos por el Gobierno español. Y a la vez que lo hizo, la directora de la Agencia Valenciana de la Salud —organismo en fase de disolución— acordó la apertura de un expediente de investigación que debía acabar determinando el responsable del desaguisado. Alguien es responsable de que las facturas se quedaran olvidadas en los cajones hasta el año pasado.
“A la fecha de redactarse este informe no constaba la justificación documental sobre la evolución o resolución de este expediente de depuración de responsabilidades”, recoge el informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes.
En total se gastaron sin que hubiera dotación presupuestaria un total de 1.864 millones de euros —el grueso de la cantidad procede de la Consejería de Sanidad—. El organismo fiscalizador, regido por una junta de tres síndicos, advierte de que en la documentación contable donde se imputan los gastos solo constan los datos de Sanidad, pero no del resto de consejerías afectadas por el mismo problema. Serían algo más de 100 millones de euros.
La auditoría repasa otras modificaciones de crédito, de las que destaca que se hicieron al margen de los sistemas que prevé la ley de Hacienda de la Generalitat. La Administración autonómica modificó en 2012 su presupuesto en 4.500 millones de euros, lo que supuso un incremento del 32% de la cantidad inicial.
El Consell aplaza las cuotas de sus empleados
El sector privado no es el único que tiene problemas para abonar las cuotas de sus trabajadores a la Seguridad Social o las retenciones del IRPF a la Agencia Tributaria. La Generalitat tenía el año pasado 504 millones de euros pendientes de pago a Hacienda, según la auditoría de la Sindicatura de Comptes.
Son retenciones practicadas en las nóminas de los meses de mayo a diciembre de 2012 del personal de Administración general, docente y sanitaria por importe de 486 millones. La Generalitat ha solicitado que se aplace el pago de 430 millones, deduciéndolos de las transferencias del Estado. También están incluidas las retenciones en las nóminas de los centros docentes concertados en el cuarto trimestre de 2012 por otros 14,5 millones de euros.
El saldo pendiente a finales del año pasado con el Instituto de la Seguridad Social ascendía a 251,6 millones de euros. Para evitar un mayor desbarajuste en la tesorería de la Generalitat, la Seguridad Social concedió en mayo de 2013 a la Generalitat la posibilidad de distribuir el pago de la deuda en 24 mensualidades. Las obligaciones no corresponden solo a un año sino que abarcan desde enero de 2010 a diciembre de 2012 y suman casi 194 millones de euros, más intereses.
La Sindicatura de Comptes ha puesto de manifiesto que el Gobierno valenciano retuvo el año pasado 126 millones de euros de fondos del Estado destinados al fomento del empleo. Este dinero debía haberse ingresado en el Servicio Valenciano de Empleo (Servef) pero no se hizo. Y no es la primera vez, los auditores ya censuraron en anteriores informes esta práctica.
El órgano fiscalizador da un tirón de orejas a la Administración autonómica para que agilice la transferencia de los fondos del Estado, sobre todo, cuando las estadísticas de desempleados en las tres provincias valencianas resultan alarmantes.
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