Jueces decanos piden que la petición de indulto no suspenda penas de corrupción
Los magistrados reclaman la creación de una Policía Judicial dependiente del CGPJ La reunión judicial critica la elección de vocales del consejo
Los jueces decanos de España han concluido su 23ª reunión nacional en Sevilla y han reclamado que la petición de indultos no suspenda el cumplimiento de las penas por casos de corrupción. También abogan por eliminar estos supuestos de los enjuiciables con jurado popular así como por la creación de un cuerpo de peritos contables, que no sean designados por la Agencia Tributaria o cargos públicos, y la policía dependiente del Poder Judicial que prevé la constitución.
"Es indudable que los jueces que conocen de asuntos de especial relevancia deben dedicarse a ellos de forma exclusiva, por lo que habrá que facilitarles al máximo y sin excusas su labor y proporcionar los medios necesarios, y asumir que no es posible en muchos casos llevar a cabo una investigación seria y rigurosa en dichos procesos y continuar asumiendo el trabajo propio de la marcha normal del juzgado", advierten los jueces decanos, que demandan una "auténtica regeneración ética de la sociedad en todos sus aspectos, que pasa por la concienciación y el cambio de parámetros y valores inculcados como parte de la educación".
Para "dotar urgentemente a los juzgados de instrucción de los oportunos medios" con los que luchar de forma eficaz contra la corrupción, llos jueces proponen "la asignación de jueces de refuerzo, una mayor dotación de medios personales y materiales, incluyendo la exención de reparto en todo o en parte durante un periodo prudencial".
Del mismo modo, los magistrados piden "programas específicos de formación", el nombramiento de funcionarios "con los recursos económicos oportunos" y la creación de un "cuerpo de policía, funcional y orgánicamente dependiente del Poder Judicial, como está previsto en el artículo 126 de la Constitución".
También incluyen entre sus reivindicaciones al Ministerio del Interior, al que insta a "proteger especialmente" a los jueces de instrucción que tramiten causas relacionadas con la corrupción "articulándose las medidas oportunas al efecto por parte de las fuerzas policiales".
Por último, los jueces decanos subrayan que la autonomía presupuestaria es "indispensable para que el Poder Judicial disponga de medios necesarios para afrontar con mínimas garantías de éxito dicho reto".
Contra el sistema de elección de vocales del CGPJ
La 23ª Reunión Nacional de Jueces Decanos de España, celebrada desde el pasado lunes en Sevilla, ha acordado proponer la modificación del actual sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para corregir el "daño" que sufre la institución ante la opinión pública por su "terrible imagen de contaminación política".
Así figura en el documento de conclusiones aprobado este miércoles que han sido fruto de un "amplio debate" con el "denominador común" del "rechazo frontal a cualquier injerencia política" en la designación y funcionamiento de los órganos de gobierno del Poder Judicial y en el que se advierte de que "sólo una defensa efectiva de la independencia judicial permitiría al CGPJ reconciliarse con los jueces y con la sociedad".
En este sentido, los jueces decanos muestran su "respeto institucional" a los nuevos vocales del CGPJ, pero "lamentan profundamente la nada deseable imagen que se ha transmitido a la sociedad como consecuencia de la renovación, con nombramientos repartidos entre los partidos políticos mediante las ya habituales cuotas previamente pactadas", por lo que consideran necesario "modificar el actual sistema de elección política de los vocales que tanto daño está haciendo, no ya a la institución --herida de muerte--, sino a los propios jueces y magistrados, que nada tienen que ver con esta indeseada situación; y que también afecta a los propios ciudadanos que no tienen por qué tolerar semejante perversión de sus instituciones".
En su opinión, "el sistema español de elección parlamentaria de los vocales del CGPJ instaurado en 1985 y ahora revalidado transmite una terrible imagen de contaminación política que incluso afecta a la elección del presidente que, como viene siendo habitual, es designado y elegido por los partidos políticos aunque formal y aparentemente sean los vocales quienes votan".
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