La justicia refrenda La Peineta
El TSJM rechaza el recurso contra el plan urbanístico del estadio del Atlético
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falló la semana pasada a favor del plan especial urbanístico que permitirá construir el nuevo estadio de La Peineta. Los magistrados desestiman el recurso interpuesto por la asociación Señales de Humo, que denunciaba los problemas de tráfico y medioambientales que podría conllevar la mudanza del Atlético de Madrid a este campo de fútbol en junio de 2016, una vez concluyan las obras en curso.
El fallo no ve pruebas de que se beneficiara al Atlético en contra del interés general
La sentencia, a la que tuvo acceso EL PAÍS, rechaza las seis alegaciones presentadas por la asociación. El tribunal valida el instrumento legal utilizado por el Ayuntamiento para aprobar el cambio urbanístico, y desestima además por falta de pruebas la “velada llamada” a que la operación fue planeada para beneficiar al Atlético en detrimento del interés general de los madrileños.
De igual forma, cree suficiente el estudio de incidencia medioambiental (contaminación, ruido y aguas subterráneas) aportado por el Ayuntamiento. La asociación lo consideraba un documento “de parte interesada”, redactado de forma “genérica” para “pasar el trámite”. El tribunal critica la falta de base jurídica de esa acusación, y señala la falta de una prueba pericial al respecto.
La sentencia se centra sin embargo en los problemas de tráfico que el estadio podría provocar. Señales de Humo denunciaba la falta de un plan de movilidad; aseguraba que, en los días de partido, serían los barrios colindantes los que sufrirían la falta de aparcamiento; y veía necesario mejorar los accesos por carretera y transporte público para evitar atascos.
Cambio legal para derribar el Calderón
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que su sentencia de enero de 2012 —en la que anulaba el plan urbanístico para levantar torres de pisos en los terrenos del estadio Vicente Calderón y la antigua fábrica de cerveza Mahou— no es un impedimento legal para las obras de La Peineta, pese a que será esa operación junto al río Manzanares la que sufrague la construcción del nuevo campo de fútbol.
Los magistrados fallaron en enero 2012 que los edificios proyectados sobre los terrenos del Manzanares, de hasta 17 alturas, vulneraban la ley regional del suelo, que permite un máximo de tres pisos más ático. Esa decisión fue recurrida ante el Tribunal Supremo, pero, para remediar la inseguridad jurídica que provocó, la Comunidad decidió el pasado mes de abril modificar además la ley regional del suelo.
De esta forma, el tope de alturas no afecta ya al suelo clasificado como urbano en el momento de entrar en vigor la ley (2007), como es el caso del ámbito de la operación. A falta del dictamen del Supremo, lo único que resta pues para derribar el Calderón es tener acabado antes el estadio al que se mudará el Atlético.
La operación se remonta a diciembre de 2008, cuando el Ayuntamiento firmó un convenio patrimonial con el Atlético para que se mudara a La Peineta. Ese campo, inaugurado en 1994, estaba infrautilizado y tan deteriorado que se tasó en cero euros.
El Atlético se comprometió a pagar 41,2 millones por la parcela, obligado eso sí a construir un nuevo campo encima. Para pagarlo, firmó el derribo del Vicente Calderón. En su lugar, Fomento de Construcción y Contratas haría 2.000 viviendas y soterraría la M-30. Y con el dinero de su venta, pagaría La Peineta.
Efectivamente, el propio Ayuntamiento ha admitido “la necesidad de realizar determinadas infraestructuras con el fin de garantizar la puesta en funcionamiento del estadio”; la Comunidad ha señalado su “posible incidencia” en carreteras regionales; y el Ministerio de Fomento ha observado “claras deficiencias en relación con los accesos a la red estatal”.
Sin embargo, el Ayuntamiento considera que no se trata de dictámenes desfavorables sino de “observaciones y propuestas”. El tribunal no entra a valorar esas “posibles deficiencias”, y considera suficiente las directrices marcadas en el plan urbanístico para que, antes de que el estadio entre en funcionamiento, se redacte un plan de movilidad adecuado.
No considera tampoco necesario que el plan urbanístico regule el aparcamiento en la zona; el estadio conlleva la construcción de 4.515 plazas, por debajo del límite (4.800) que el propio Ayuntamiento considera viable para evacuar la zona en un plazo de una hora.
Señales de Humo afirmaba que, sumadas las plazas del futuro centro acuático, ubicado junto al estadio, se rebasaría el límite, pero el tribunal ha desestimado su alegación. Como también ha descartado que el plan urbanístico deba contemplar un incremento en la frecuencia y las líneas de autobuses urbanos en la zona.
Señales de Humo, que estudia ahora si recurre ante el Supremo, achaca el fallo a “la falta de información municipal” sobre un proyecto “con grandes carencias e incertidumbres”. El área municipal de Urbanismo, que dirige Paz González, ha expresado en cambio su satisfacción por una sentencia que da luz verde judicial a la construcción de La Peineta y la mudanza al nuevo campo del Atlético de Madrid en junio de 2016.
El escrito alegaba los atascos y la falta de aparcamiento que provocaría en la zona
Quedan en cualquier caso dos años para que Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) concluya las obras para el Atlético, que costarán 218 millones de euros. El dinero debe salir de la construcción y venta de 2.000 viviendas en los terrenos que ahora ocupa el estadio Vicente Calderón y la fábrica de cervezas Mahou. Esa parte de la operación fue frenada por el Tribunal Superior de Justicia en enero de 2012, pero el veto fue recurrido ante el Supremo y soslayado al mismo tiempo mediante un cambio legal.
La Peineta, entre tanto, sigue construyéndose. Con autorizaciones provisionales y sin licencia, porque las obras carecen aún del visto bueno precisamente de la Subdirección General de Circulación, y de los bomberos municipales. Y el Atlético sigue pagando al Ayuntamiento los terrenos sobre los que levanta su nuevo estadio… con entradas para partidos. Ya lleva abonados en especie 6,1 de los 41,2 millones que debe.
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