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La Diputación coruñesa concede a dedo más del 60% de sus contratos

Destituido el jefe de Contratación por criticar el sistema de ajudicaciones

Diego Calvo junto al presidente de la Diputación de Pontevedra y el alcalde de A Coruña
Diego Calvo junto al presidente de la Diputación de Pontevedra y el alcalde de A Coruña

La Diputación de A Coruña, con independencia del color político de su gobierno, se caracterizaba desde hace más de dos décadas por decidir mediante concurso público la inmensa mayoría de sus contrataciones de obras, más de nueve de cada diez. Pero el actual ejecutivo provincial del PP, con Diego Calvo al frente, ha invertido estos dos últimos años la tendencia en aras, alega, de “una mayor agilidad”. Y ya son mayoría, más de seis de cada diez, las adjudicaciones a dedo, mediante la fórmula del negociado sin publicidad.

De nada valieron las múltiples advertencias en contra de este procedimiento, una modalidad opaca y reservada por ley solo a casos o razones puntuales y muy justificadas, que realizó el servicio provincial encargado de fiscalizar las contrataciones. El funcionario que se encarga, por concurso, de este departamento desde 1999, Luis Jaime Rodríguez, fue relevado en agosto de sus funciones. Y Calvo designó, a dedo, para sustituirlo al frente del Servicio de Contratación a una funcionaria procedente de la Xunta, Patricia Rodríguez Franco, hasta entonces encargada del registro de contrataciones de la Consellería de Economía.

Son incontables los informes emitidos en 2012 y hasta el pasado agosto por el Servicio de Patrimonio y Contratación contrarios a las adjudicaciones de obras y servicios resueltas mediante negociados sin publicidad. Este departamento, tal como le obliga la ley, informó al Tribunal de Cuentas y su equivalente autonómico, el Consello de Contas, de esas contrataciones para que se verifique su legalidad. Para el anterior responsable provincial de fiscalizar las adjudicaciones, la modalidad ahora predilecta del gobierno de Calvo para repartir los contratos no solo restringe al mínimo las ofertas y participación de empresas. Pone también en duda que se ajuste a la Ley de Contratos, que exige limitar los negociados sin publicidad a casos puntuales y estrictamente justificados, algo que ni siquiera figura en la mayoría de los expedientes de obras.

Valga de ejemplo el reparto del plan anual de conservación de carreteras de la Diputación, que se licita dividido en una treintena de grupos, uno por cada zona de la provincia. Desde finales de los años ochenta, siempre se adjudicaba mediante concurso público. Pero en 2012, en contra del criterio del ahora exjefe de Contratación, se resolvió a dedo el 70% del presupuesto de ese plan, cuatro millones de euros de un total de 5,8 millones. El negociado sin publicidad permite adjudicar un contrato sin concurso —para obras, el limite está en hasta 200.000 euros, sin contar el IVA— entre un mínimo de tres empresas previamente invitadas, de su libre elección. Pero suele resultar cara para las arcas públicas al restringir las ofertas.

Los 25 contratos del plan de carreteras de 2012 adjudicados a dedo permitieron rebajar en 482.076 euros el coste real de la obra sobre el precio inicial de licitación. Las otras seis adjudicaciones resueltas por concurso público de este mismo plan permitieron un ahorro de 582.331 euros. Al hacerse por el procedimiento abierto, la Diputación, entre 2007 y 2011, logró ahorrar anualmente una media de 2,3 millones, según cálculos del PSdeG. Pero el pasado año solo consiguió un millón. La agilidad que el gobierno de Calvo blande como justificación para esquivar concursos públicos tampoco se demostró: la reparación de carreteras, que normalmente se adjudica entre abril y mayo para realizar las obras en verano, aprovechando el buen tiempo, se adjudicó en septiembre en 2012. Este año fue en junio. Pero volvieron a ser mayoría las contrataciones a dedo (el 53%), según datos del PP. Sumaron un valor de ocho millones. Los restantes 4,2 millones se concedieron mediante concurso público, con rebajas entre el precio de licitación de la obra y su coste real en torno al 30%. Una media demasiada alta, según argumentó en el pleno provincial de junio, el portavoz del PP en la Diputación y alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, al defender “por el bien de la institución” que se eviten los concursos públicos. Según él, apremiadas por la crisis o al borde de la liquidación, hay empresas que logran contratos con rebajas en el precio “difícilmente defendibles” y que las abocan a no terminar nunca esas obras. Para Ruiz Rivas, “la transparencia es exactamente la misma" con el negociado sin publicidad, una modalidad que no preveería la ley, subrayó, “si el procedimiento abierto fuera el único que garantiza independencia e igualdad de acceso".

 

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