Saqueados y amenazados

El pasado miércoles, el portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas Ignacio Blanco rasgó la cortina con la que el PP ha intentado tapar los oscuros contratos entre la Generalitat y el magnate Bernie Ecclestone para la organización de las carreras de fórmula 1, que han acabado por costarle al erario público alrededor de 300 millones de euros. Una cifra que los dirigentes del PP han tratado de mantener oculta mediante una serie de contratos a través de sociedades pantalla y cláusulas de confidencialidad, que finalmente no han podido evitar que se sepa la profundidad de este enorme agujero negro en las cuentas públicas valencianas. Por más que se haya recordado estos días, conviene insistir en que, cuando el entonces radiante Francisco Camps y la no menos eufórica Rita Barberá anunciaron la llegada del circo de la fórmula uno a la ciudad, aseguraron que no iba a costar ni un solo euro a los valencianos. Pero supongamos, aunque sea mucho suponer, que detrás de la interpolación de contratos, sociedades pantallas y cláusulas de confidencialidad, no ha habido ninguna aviesa intención. Y supongamos también que nadie se ha beneficiado ilícitamente con la pérdida de esos 300 millones de euros. Pues bien, aún sobre esos supuestos, lo que resulta incuestionable es que quienes propiciaron tan ruinoso negocio tienen una responsabilidad en el desastre, una responsabilidad en la gestión, que como en este caso es pública se llama responsabilidad política.

El PP no sólo no ha asumido esa responsabilidad política sobre el asunto, sino que además, por boca del vicepresidente y portavoz del Consell, se ha atrevido a amenazar al diputado Ignacio Blanco que, en el ejercicio de su función parlamentaria de fiscalizar al Gobierno valenciano, ha destapado el asunto. Y así unos días después de que Blanco desvelara los contratos hasta entonces secretos, ese Maquiavelo de cartón piedra llamado José Ciscar, advertía al diputado de que la Generalitat emprendería acciones contra él y Esquerra Unida, si Ecclestone demanda al Gobierno valenciano por violación de la cláusula de confidencialidad suscrita. Lo cual de entrada es una aberración jurídica, puesto que no es concebible que los contratos de una administración pública (más allá de casos relativos a seguridad) sean secretos. Pero sobre todo es un atentado a la democracia en la persona de uno de los representantes de la soberanía popular.

Por lo demás, este intento del PP valenciano de amordazar a la oposición se produce en un contexto general de amenaza a las libertades públicas que va de lo patético a lo ridículo. Porque patética es la ley mordaza que impulsa Mariano Rajoy de la mano de su ministro de la Gobernación, Jorge Fernández Díaz. Y ridícula es la imagen del concejal de seguridad de Xàtiva, grabando a unos escolares que abucheaban a Fabra, reclamando la reapertura de Canal 9, cuando éste se encontraba realizando un acto junto al patio de recreo y, en el colmo del ridículo, la apertura por la Consejería de Educación de un expediente al colegio. Por cierto, y ya que le gustan tanto a Fabra las comparaciones entre los costes de la tele y los de los colegios, ¿cuántos centros educativos podrían haberse construido con los 300 millones de la fórmula uno?