La sanidad pública se planta ante los recortes con un paro mayoritario
Sanidade descalifica la protesta por “política” y trata de rebajar su incidencia contando los empleados en servicios mínimos como contrarios a secundarla
La sanidad pública gallega protestó ayer con un paro significativo contra los recortes y las “medidas impuestas por el PP, tendentes a la privatización”. La primera huelga sanitaria que afronta Alberto Núñez Feijóo desde que accedió en 2009 a la Xunta fue secundada por un elevado porcentaje no solo de médicos sino también de personal de enfermería —pese a que el sindicato representativo, SATSE, no hizo convocatoria expresa— y administrativo. La Consellería de Sanidade, que a media mañana estimó el respaldo a la huelga en un 21,85%, elevó por la tarde la cifra al 29,53%, sin incluir en ella a un tercio del personal obligado a trabajar para cubrir los servicios mínimos —del 38%, abusivo, según los representantes de los trabajadores— en quirófanos de oncología y urgencias, diálisis y partos. Los sindicatos convocantes estimaron el apoyo a la huelga en un 80%, con mayor incidencia en las provincias de A Coruña y Pontevedra. El paro más alto se registró en Ferrol: un 58,65%, según la Xunta, que los sindicatos elevan al 94,5%, seguido de la comarca del Salnés.
“Es una huelga política”, afirmaron tanto la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, como el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, molestos porque el paro sanitario, que continuará hoy, se convoque contra unas medidas, como la privatización y los recortes, que asegura que el actual Gobierno autónomo “no piensa adoptar en ningún caso”. Los sindicatos convocantes contraponen, sin embargo, “hechos concretos”, como el Real Decreto 16/2012 “que crea el impuesto sobre la enfermedad mediante el repago de medicamentos y transporte sanitari”" o el de la creación de las áreas de gestión clínica “que pretende transferir a los profesionales la decisión del ahorro a costa de la salud de los pacientes”.
CIG, CC OO y CESM-O’Mega, convocantes de la huelga, enumeran entre las “graves pérdidas de la sanidad pública” la “privatización” que se produce con el contrato de alta tecnología y que “permite que durante los próximos ocho años las empresas seleccionadas gestionen los servicios de radioterapia, radiología e intervencionismo, centralizando los servicios en los grandes complejos y dejando al margen a los hospitales comarcales”. El “deterioro del sistema de salud público” se completa, según los sindicatos, con los recortes en personal, ya que solo se cubren el 10% de las jubilaciones, una disminución constante del personal “que hará ya en breve imposible prestar una atención sanitaria de calidad”. Los sindicatos sostienen que eso “favorecerá a la sanidad privada, como lo evidencia el aumento de conciertos para derivar a los pacientes que, por los recortes, no se pueden atender en el sistema público”. Los profesionales sanitarios dejaron claro su malestar en su primera jornada de protesta para reivindicar el carácter gratuito, universal y de calidad de la sanidad pública. Alertan de que los impuestos ciudadanos que financian los servicios públicos “no pueden ser utilizados por el Gobierno para hacer negocio y entregar la sanidad a sus amigos para que se enriquezcan a costa de nuestra salud”.
La huelga se saldó sin incidentes, más allá de la denuncia de los convocantes, que advirtieron de que el Sergas programó para esta primera jornada de paro “intervenciones no urgentes y aplazables provocando el funcionamiento al 100% de algunos servicios” cuyos trabajadores habían respaldado la huelga en su totalidad. Ocurrió en el Laboratorio del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI), “donde todos los trabajadores estaban de huelga porque se hacen análisis de rutina, no urgentes, pero el Sergas desplazó a personal contratado de otros servicios de laboratorio”, sostiene el presidente de la junta de personal, Ángel Cameselle. Una situación similar se produjo en radiología, según CIG y CESM-O'Mega.
Con el presidente de la Xunta de regreso de su viaje a Cuba, Pedro Puy se comprometió a analizar la incidencia política de la huelga finalizada la última jornada, convocada para hoy y en la que están previstas manifestaciones en las áreas sanitarias de O Barco, Ourense, Burela, Vigo, Ferrol, Lugo, Pontevedra, Santiago, A Coruña, Barbanza, Monforte, Salnés y Cee.
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