El embrollo televisivo de la Generalitat

En un corrillo del Congreso de Diputados, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, manifestó el Día de la Constitución, a los periodistas el interés de varias televisiones por cubrir el hueco que deja el cierre de Canal 9. Y entre las empresas que se han dirigido al Consell, resaltó una dedicada a la teletienda. Al día siguiente, fuentes de Presidencia de la Generalitat se afanaron en desmentir cualquier interpretación relativa al inicio de negociaciones con firmas de teletienda para ocupar la frecuencia. No se negó la pretensión de venderla.

Todavía es pronto para hacer cábalas. “Hay que tener paciencia”, ha repetido Fabra, entre los abucheos de los trabajadores de RTVV que ha acompañado su agenda oficial. Aún no se ha enterrado el cadáver, y mientras no se extinga definitivamente la empresa pública de RTVV y los derechos que posee, cualquier intento de utilizar su patrimonio público es susceptible de acabar en los tribunales.

Sin embargo, las especulaciones se disparan, alimentadas por la propia Generalitat que, en cada decisión o declaración, pone de relieve la falta de una politica planificada y la improvisación en su modo de actuar.

Una política que, además, le ha causado un gran deterioro de imagen. Informativos de las principales televisiones generalistas, incluyendo TVE, abrieron la pasada semana con la lucha de los trabajadores de RTVV para evitar el corte de las emisiones. Las airadas protestas de los trabajadores taparon noticias positivas como el comportamiento del empleo en noviembre en comparación con otras autonomías.

Abertis ya intentó comprar la red de emisión de RTVV y de otros servicios

El actual gobierno valenciano está haciendo su aportación al aplastante lastre que heredó. Con el anterior presidente de la Generalitat, Francisco Camps, había una línea política muy marcada en materia de medios de comunicación: Instrumentalización de RTVV, persecución sistemática de las emisiones de la catalana TV3 en territorio valenciano y adjudicación mayoritaria de TDT a empresas afines. Una línea de actuación que recibió una enmienda a la totalidad.

El Tribunal Supremo anuló las sanciones que le impuso el Consell a Acció Cultural del País Valencià, propietaria de los repetidores que emitían la señal. De eso hace justo un año.

Y unos meses antes, en septiembre de 2012, el Supremo también cuestionó la forma de adjudicar 42 cadenas de ámbito local para cubrir 14 demarcaciones de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Ha transcurrido más de un año y el Consell apenas ha movido ficha para resolver una situación compleja, derivada de la anulación de la concesión. Mientras tanto, el limbo legal ha permitido la proliferación de cadenas que echan las cartas, leen el horóscopo, ofrecen sexo o venden cualquier producto.

Hoy, sólo quedan con vida alrededor de la mitad de las TDT adjudicadas a finales de 2005. Pero la intención del Consell para cumplir la sentencia es hacer una nueva baremación de las empresas que se presentaron al concurso, aunque las circunstancias sean muy distintas.

La gran mayoría de las TDT incumplían de manera continuada los pliegos del concurso y la propia Ley Audiovisual autonómica del 2006. Y el Gobierno valenciano no mostró ningún celo en sancionar a aquellas empresas que no programaban “determinados tiempos mínimos de emisión al día y cuotas de producción propia”, ni reservaban el 25% de su parrilla para espacios en valenciano.

Ahora, sin embargo, la Generalitat insiste en que “busca fórmulas” para garantizar la información en valenciano, tras el cierre de RTVV, que generaba 1.660 de empleos directos y 4.000 indirectos. Ninguna de las posibles alternativas, en cualquier caso, puede compararse con la función y el alcance una televisión autonómica. Y muchos menos si ésta se ciñera a los objetivos que marca su ley de creación.

Fórmula más barata

Fabra ha incidido en varias ocasiones en la posibilidad de que RTVE prolongue su desconexión territorial. Pero ni la dotación de personal ni las infraestructuras de la corporación en Paterna (propiedad de la Generalitat, por cierto) permiten ninguna alegría. La fórmula más barata y plausible sería ampliar los informativos, comprar programas en valenciano y emitir desde Madrid los vídeos por la tarde en La 2. En tal caso, la Generalitat debería llegar a un acuerdo con RTVE, que previsiblemente pasaría por aportaciones económicas.

Al mismo tiempo, la Generalitat insiste en que algunas cadenas privadas también podrán cubrir el hueco de Canal 9, pero no da ninguna explicación más.

Como tampoco dice nada sobre el futuro del archivo documental de RTVV, del gran Centre de Producció de Programes de Burjassot y de la red propia de emisión de la señal, por donde discurren numerosos servicios, no sólo de televisión, y que la firma Abertis ya intentó comprar en el pasado. Cuando el edificio se desafectó y pasó a ser propiedad de la última RTVV, se tasó en 30 millones de euros. De momento, el edificio sigue iluminado por la noche como si nada hubiera pasado.