Nuevos documentos de Brugal revelan la connivencia entre Castedo y Ortiz

“Los intereses económicos de Enrique Ortiz determinaron las decisiones políticas y urbanísticas en Alicante”, según concluyó el abogado de Esquerra Unida (EU), José Luis Romero, personado en el caso Brugal, y que aportó 13 nuevos documentos al juez que avalarían la tesis de la policía, y demostrarían “el pelotazo urbanístico” del Plan Rabassa, según dijo el concejal de Esquerra Unida en Alicante, Miguel Ángel Pavón.

El titular del juzgado de instrucción número 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, aceptó toda documentación y acordó incorporarla al sumario de la pieza separada del caso Brugal sobre las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabassa que arrancó tras la denuncia de EU, presentada en octubre de 2012, por supuesta prevaricación, cohecho y tráfico de influencias contra, entre otros, el exalcalde, Luis Díaz Alperi, la actual regidora y anterior concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz.

Los nuevos documentos privados firmados por Ortiz, principal imputado en Brugal, y los responsables de Ikea desvelan que, en un primer momento, se pretendía ubicar la gran superficie en una parcela propiedad de una mercantil del empresario en el PAU 1, a cambio de más de 35,1 millones de euros.

En otro informe, se observa que posteriormente se decidió que Ikea fuera a terrenos de Ortiz en Rabassa con una operación inicial de 66,9 millones de euros. A cambio, Ortiz se comprometía a firmar un convenio con el Ayuntamiento y a conseguir informes técnicos municipales para modificar el PGOU para permitir implantar Ikea y un centro comercial.

También se brindaba a suscribir un convenio con la Generalitat y a la tramitación del PGOU revisado, con la modificación necesaria del proyecto de urbanización del plan parcial. Otro documento aportado al juzgado es una cláusula adicional al contrato anterior, con fecha junio de 2008, por la Ortiz se reserva una parcela para instalar una estación de servicio y un parque comercial junto a Ikea.

La propia alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, envió en abril de 2009 una carta a los responsables de Ikea manifestando el “interés” del Ayuntamiento en la puesta en marcha de la multinacional sueca, y reconociendo que es “consciente” de las necesidades urbanísticas. EU también ha conseguido el borrador de convenio entre el Ayuntamiento, Viviendas Sociales del Mediterráneo, SL, la empresa de Ortiz, e Ikea para construir un centro cívico las Lagunas de Rabassa con fecha 13 de julio de 2009.

El promotor también eleva una consulta, el 2 de noviembre de 2009, al Ayuntamiento para aplicar un coeficiente corrector de edificabilidad del 0,7 para uso terciario del centro cívico, y un nuevo contrato promesa de compraventa, el 3 de julio de 2009, de los terrenos de Rabassa, propiedad de Deproinmed, SL, a Ikea por 97 millones, una vez incorporados los requerimientos de la multinacional.

Todos esos documentos privados, según destacó el abogado Romero, son previos a los acuerdos adoptados en el mismo sentido por el Consistorio, lo que demostraría que “el urbanismo de la ciudad está vinculado a satisfacción del amigo personal de la alcaldesa Sonia Castedo: Enrique Ortiz”. Por su lado, Pavón destacó que entre el primer contrato para llevar Ikea al PAU 1 y el último que conocen para Rabassa hay “una diferencia o plusvalía de 62 millones. Los contratos privados de Ortiz con Ikea anticipan y parecen predeterminar el urbanismo de la ciudad”, aseguró el edil.

Para EU, todas esas condiciones urbanísticas elevarían el valor del suelo en Rabassa en beneficio de Ortiz y podrían hacer que la instalación de Ikea en la ciudad le saliera casi gratis a la multinacional, ya que a su vez ingresaría mucho dinero por la venta de terreno en el macrocentro comercial para tiendas y otras grandes cadenas.

El abogado de EU insistió en que estos informes “confirman que las decisiones institucionales van detrás de los acuerdos adoptados por Ortiz y su socio; que el ayuntamiento no actúa por el interés general sino para implementar esos intereses económicos”.

Ante esta situación, la diputada Esther López, presentará una proposición no de ley para instar a la consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para que no autorice la Actuación Territorial Estratégica (ATE) para posibilitar la implantación de Ikea y el macrocentro comercial anexo. EU considera que la referida ATE está “viciada” por las presuntas ilegalidades que investiga el juez en esta supuesta “trama de corrupción a favor de Ortiz”.

El juez acaba de recibir los informes policiales pedidos y está a la espera, tras requerirlo por segunda vez, de recibir la documentación del caso procedente del juzgado de Orihuela