Crisis constitucional

El próximo viernes se celebrará con suntuosidad y ostentación el trigésimo quinto aniversario de la Constitución Española de 1978. El espectáculo de papanatismo constitucional está garantizado: autoridades de todo pelaje cantando las virtudes de la Carta Magna y discursos oficiales presumiendo de todo lo que carece la aplicación de la Constitución. Pero el mito contrasta con una realidad social que cotidianamente convierte en papel mojado los cinco principios constitucionales: Estado social, Estado democrático, Estado de derecho, Estado autonómico y monarquía parlamentaria.

La combinación entre crisis económica profunda y gobierno de derechas es letal para mantener los pilares del Estado social. Los poderes públicos españoles no pueden ni quieren satisfacer las necesidades básicas de la población, limitan derechos sociales constitucionales —educación, salud, cultura, vivienda digna o trabajo— y no promueven las condiciones necesarias para garantizar la igualdad de los individuos y de los grupos sociales. Los que se llenan la boca defendiendo la Constitución española, se olvidan sistemáticamente de respetar los preceptos dedicados a la economía, como el artículo 128.1: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. ¿Quién se atreve a impedir la acumulación de riqueza de unos pocos para mejorar el bienestar de otros muchos en situación de pobreza extrema?

El Estado democrático no goza de mejor salud. La enorme distancia entre sociedad y representantes políticos cuestiona la operatividad de los canales de participación ciudadana en los asuntos públicos y la misma naturaleza de la soberanía popular. Tampoco son buenos tiempos para los partidos políticos. Según el barómetro del CIS de abril de 2013, sobre un total de dieciséis instituciones, la que merece menos confianza entre los españoles son precisamente los partidos, con una puntuación media de 1,83 sobre diez. Con esta valoración social, es difícil que los partidos políticos formen y manifiesten la voluntad popular, como indica la Constitución, y se conviertan en firmes instrumentos para la participación política. Y no es menos preocupante que, en un Estado democrático, las tres únicas instituciones que obtienen una valoración superior a cinco sean, según el mencionado barómetro y por este orden, la guardia civil, la policía y las fuerzas armadas.

El fundamentalismo en la defensa de la Carta Magna es una coartada para tapar la deslealtad de los poderes públicos

El respeto al Estado de derecho es la muletilla de los políticos, pero todos saben que no se respetan los derechos de los ciudadanos, que la ley no es la expresión de la voluntad general y que los poderes públicos incumplen las leyes y siguen sin responsabilizarse por los daños causados en el ejercicio de su actuación. La Constitución consagra un poder judicial independiente, pero hay jueces y magistrados sumisos a las exigencias gubernamentales o a determinadas fuerzas políticas, y otros que, con una soberbia ofensiva, perseveran con actitudes preconstitucionales.

El Estado autonómico es todavía la principal asignatura pendiente de la Constitución. El Senado, teórica cámara de representación territorial, no solo es una mera amplificación de las mayorías políticas del Congreso, sino que además no sirve para nada. Actualmente, hay una evidente sensación de fiasco de la organización territorial del Estado y de su evolución. Las pretensiones independentistas en Cataluña y en el País Vasco, la defensa de un Estado federal o la creciente reivindicación de un proceso de recentralización, son expresiones de un fracasado modelo constitucional de descentralización del poder político.

La monarquía parlamentaria es una forma de gobierno que engañosamente trata de reconciliar los valores democráticos con una Jefatura de Estado hereditaria y vitalicia. La monarquía en España es una institución decadente. La Casa Real está bajo sospecha de corrupción y el Rey, desentonando entre las monarquías europeas, ni gobierna ni reina, solo devanea. No es casualidad que, según ese barómetro, el grado de confianza que los españoles tienen en la monarquía obtenga una histórica valoración de 3,68. Por primera vez situada por debajo del cuatro. Con este panorama regio, no es extraño que la república parlamentaria gane adeptos.

Finalmente, el Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución, está formado por juristas de reconocido prestigio —y algunos de reconocida militancia política— que se dividen entre conservadores y progresistas, que suelen utilizar criterios políticos —o de oportunidad política— en sus sentencias y que mantienen una fidelidad perruna al partido político que los propone. Para muestra, el botón de la sentencia del Estatut.

Estamos ante una gravísima crisis de la Constitución que debería analizarse demoscópicamente y que convierte el fundamentalismo constitucional en una perversa coartada para tapar la deslealtad de los poderes públicos hacia la Carta Magna.

Jordi Matas es Catedrático de Ciencia Política de la UB.