Todos quieren ser barrenderos

Mientras la mitad del país preparaba las maletas para irse de vacaciones, a Antonio Martín le llegó la peor carta de sus 44 años de vida. “No contamos con sus servicios”, le comunicó la nueva contrata en un burofax el 31 de julio. A él y a los otros 55 trabajadores que arreglaban el mobiliario urbano de Madrid hasta que el servicio cambió de manos. “No nos lo esperábamos”, asegura este oficial de segunda de mantenimiento cinco meses después del susto. Siguen sin empleo y a punto de quedarse sin paro por haber consumido buena parte de la prestación en expedientes de regulación temporal de empleo.

Apenas se había sabido de ellos, hasta que el jueves el debate sobre los nuevos modelos de contratos municipales, en el origen de la huelga de limpieza viaria que llevó la suciedad de Madrid a todos los telediarios hace dos semanas, estalló en el pleno más bronco del mandato de Ana Botella. La ideología del PP y la reforma laboral son “lo que más progreso ha traído a la historia de la humanidad”, dijo la alcaldesa en una sesión en la que hubo hasta insultos.

El Ayuntamiento de Madrid inició hace un año el proceso de renovación de los servicios públicos con un nuevo modelo que agrupa los contratos y se centra en los estándares de calidad soslayando los medios para lograrlos. Se exige que la calle esté limpia o las papeleras vacías sin tener en cuenta cuanto personal hace falta para ello. El Gobierno municipal destaca la calidad, el ahorro para los madrileños y las “sinergias” del sistema. Sin embargo, ha retirado de los pliegos la obligatoriedad de asumir las plantillas que cubrían el servicio hasta ahora.

El oficial de segunda de mantenimiento Antonio Martín siguió la huelga de los barrenderos con algo de envida. “Nosotros no tenemos ese poder, no podemos dejar las calles sin barrer como ellos, no somos tantos. Nadie hubiera notado nuestra protesta”, asegura. Martín, que durante 22 años al servicio del Ayuntamiento pasó de contrata en contrata cada vez que se renovaba la adjudicación, se ha quedado esta vez en la calle.

Desde agosto pleitea junto a sus compañeros para intentar demostrar que les rige el convenio de la construcción, que obliga a subrogar a los trabajadores más allá de las condiciones que fije el Ayuntamiento, en lugar del convenio del metal, que no contempla ese mandato.

Su suerte es parecida a la de los empleados de la lavandería central de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Sanidad ha privatizado el servicio, lo que supone reducciones de sueldo de hasta un 40%: del mileurismo a unos 600 euros al mes por empleado. Ayer acabó un encierro de 11 días. El servicio cambia hoy de manos con la plantilla en permiso retribuido de forma indefinida en tanto se aclare la situación.

Los argumentos y la fórmula no son nuevos. Hace más de un año, la Comunidad de Madrid agrupó en contratos más reducidos los servicios de limpieza de los institutos de secundaria y de los centros de salud, con ahorros de hasta el 30% en el precio y consecuencias similares para los trabajadores. En ambos casos se recortaron las jornadas y los efectivos, además de reducirles los sueldos.

La situación de las limpiadoras de instituto fue denunciada por CC OO y UGT y llegó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha anulado las reducciones de jornada. La adjudicataria, Eulen, recurrió la sentencia. Sanidad multó con 70.000 euros a las contratas de los centros de salud por incumplimiento parcial del contrato.

La Inspección de Trabajo consideró “insuficiente” el actual personal y ha requerido que los responsables aumenten el número de horas. “Este modelo de negocio no se sostiene, hay que establecer unos mínimos de calidad e higiene, pensar después en la plantilla y calcular a partir de ahí el precio, no al revés”, critica Jesús Martín, presidente de la Asociación de Empresarios de limpieza de Madrid (AELMA) que dio la voz de alarma hace más de un año, cuando las limpiadoras de institutos se echaron a la calle con mucho menos eco que los barrenderos. “Sanidad y Educación reconocen ahora que la fórmula no funciona y deben cambiar esos contratos, nuestros argumentos están calando”, añade el representante de AELMA.

Portavoces oficiales de ambas consejerías niegan que se vayan a rescindir los contratos. En Educación señalan, además, que “solo el 3% de los centros” ha presentado alguna incidencia revisada por la comisión de seguimiento del contrato, sin que hasta ahora se hayan impuesto sanciones.

Las Administraciones tienen que ahorrar. Madrid, con una deuda que ronda los 7.000 millones de euros, redujo 630 millones tras adjudicar el servicio de limpieza viaria y jardines a cuatro empresas por 1.943 millones de euros. Las adjudicatarias (OHL, FCC, Ferrovial y Sacyr) añadieron 180 millones para obras. Puntuaba sobre todo la que más bajara la oferta económica y más subiera el dinero para arreglos. Tres de las cuatro empresas plantearon más de un millar de despidos y rebajas sustanciales de sueldo que desembocaron en una huelga de 13 días y las imágenes de los desperdicios a pie de calle copando las portadas internacionales.

La protesta acabó sin despidos, pero con un expediente de regulación temporal de empleo de un mes y medio por trabajador. Eso equivale a un 12% menos de plantilla para limpiar Madrid. El mismo día que acabaron los paros, la alcaldesa Ana Botella pidió una ley de huelga —el real decreto que regula este derecho es de 1977— y Mariano Rajoy cogió el guante con una propuesta para regular los servicios mínimos.

Tras la huelga de los barrenderos, los trabajadores que se encargan del alumbrado público, los semáforos, los túneles y el mantenimiento de la M-30 para el Ayuntamiento de Madrid han convocado huelgas preventivas a partir de los días 9 y 10 de diciembre. El contrato que aglutina estos servicios aún no se ha adjudicado, pero temen una sangría de despidos o recortes considerables de sueldo.

Los contactos y las negociaciones son continuos. El 9 de diciembre se abren las plicas. Los que se encargan de los jardines históricos están a la expectativa, igual que los que arreglan el pavimento, pendientes también de lo que fije su contrato.

El portavoz municipal del PSOE, Jaime Lissavetzky, ha pedido copia de los contratos para el mantenimiento de alumbrado y denuncia, tras revisar las ofertas para limpieza viaria, que suponían hasta 2.900 empleos que el Ayuntamiento obvió u ocultó.

David Ortega (UpyD) critica que el contrato está “mal planteado” por intentar articular servicios de bajo coste en la capital. El Ayuntamiento da por zanjado el conflicto de la limpieza y advierte de que “no va a cambiar” el modelo de contratos ni a “imponer el número de trabajadores a las empresas”, según el concejal de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito. La Defensora del Pueblo ha pedido al Ayuntamiento que recapacite.

El oficial de segunda de mantenimiento Martín y el resto de la plantilla denunciaron ante la oficina del Defensor del Pueblo su “indefensión e inseguridad jurídica”. De un día para otro, se quedaron “en la calle, sin trabajo, sin ingresos, sin indemnizaciones”, le explicaban a la defensora, Soledad Becerril, en su queja.

“Están abocando a 56 familias a la exclusión social. ¿Cómo vamos a pagar nuestras hipotecas? ¿Cómo vamos a dar de comer a nuestros hijos?”. La respuesta, leída en el pleno por la edil Raquel López (IU), daba un revés al Ayuntamiento. Becerril pide al equipo de Botella que “extreme la diligencia y agote los medios previstos en la ley, para favorecer la estabilidad en el empleo de los trabajadores afectados por nuevas concesiones” y le recuerda que puede introducir cláusulas para “combatir el paro y establezcan penalidades para caso de incumplimiento” o “incluso hacerlo obligatorio”.

El Ayuntamiento considera que finalmente no ha habido despidos entre los barrenderos por la “flexibilidad” de la reforma laboral. A los 56 expulsados de mobiliario urbano se suman otros 350 empleados de limpieza viaria que no fueron subrogados. La gran promesa electoral del PP para las municipales de 2011 fue crear 150.000 empleos en cuatro años. Desde entonces, el paro en Madrid ha aumentado casi cinco puntos, 55.000 personas más hasta superar los 309.000 parados, según datos municipales.

La concejala Raquel López (IU) ha llevado 27 veces a plenos y comisiones el asunto de los contratos integrales desde 2010. Su partido denuncia que el Ayuntamiento no puede ser “parte de la cadena de precariedad” laboral instalada con la crisis económica. López visita además asiduamente asociaciones de vecinos para pedirles “que se solidaricen con lo que está pasando e intentar evitar que se criminalice la huelga”. La más sonada, añade, está por llegar.

El buque insignia de los reajustes del servicio, el contrato que el Ayuntamiento intentó gestionar el primero y que finalmente será el último, es el que rige el servicio de recogida de basuras. Quedó desierto hace un año porque solo se presentó una oferta con una propuesta económica superior a la que fijaba el Ayuntamiento.

Una portavoz municipal señala que se están ultimando los pliegos y que se sacará a concurso “cuanto antes”. La oposición le acusa de retrasar “a propósito” esta adjudicación y “parcelar” los conflictos por miedo a una huelga aún más visible que la de los barrenderos.