La alcaldesa de Sanxenxo sale del juzgado imputada por prevaricación y cohecho

“No tengo duda de mis actos y espero que esto acabe cuanto antes”, dijo a la salida del juzgado de Cambados la alcaldesa de Sanxenxo, Catalina González (PP), después de declarar como imputada por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho impropio y tráfico de influencias. Con la comparecencia de González ayer, el juez cerró la primera ronda de interrogatorios de los primeros siete imputados en estas diligencias, políticos y técnicos que estuvieron vinculados con la Gerencia de Urbanismo desde 2004 y que tuvieron relación con cinco licencias que fueron denunciadas en la fiscalía hace dos años.

El interrogatorio de Catalina González se extendió más de tres horas, en las que respondió a las preguntas del juez y el fiscal sobre tres de los expedientes urbanísticos, aunque declinó entrar en los detalles de su declaración. “Fueron muchas las preguntas y contesté hasta lo que yo sé”, comentó la regidora. González fue imputada por la concesión de estas tres licencias durante su primer mandado, desde 2006, y como responsable de la Gerencia de Urbanismo. Estos expedientes hacen referencia a la construcción de unos chalés, unos paralizados por la acción vecinal y otros que fueron denunciados porque incumplen la normativa de accesos.

Según fuentes de la investigación todas las obras investigadas siguen un mismo denominador común: se inician con la concesión de licencias para continuar con denuncias vecinales y acabar con la apertura de un expediente de reposición de la legalidad, soluciones urbanísticas que en algunos casos fueron tumbadas en los tribunales.

El jueves declaró en el juzgado Encarnación Rivas, actual secretaria general de Ordenación do Territorio e Urbanismo de la Xunta por un posible delito prevaricación que podría ampliarse a cohecho. Su implicación en estas diligencias está relacionada con la polémica construcción de un edificio sobre el que pesa una orden de derribo del Tribunal Superior, aún sin ejecutar, licencia concedida en su anterior etapa como responsable de la gerencia urbanística de Sanxenxo.

AGE exigió ayer el cese inmediato de Rivas y rechazó los argumentos del presidente de la Xunta para mantenerla en el cargo. El diputado Antón Sánchez considera “injustificable” que Feijóo alegue que “como secretaria general no forma parte del gobierno de la Xunta, algo totalmente insostenible desde el punto de vista político y una auténtica tomadura de pelo a la sociedad”.

Hasta el momento ha pasado también por el juzgado el actual arquitecto técnico municipal, Pablo Guio del Amo, aunque no declaró. Está imputado por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, y una de las licencias investigadas es la de un chalé de su propiedad. Otros de los funcionarios en activo imputados, Ángel Luis López Pita, secretario del ayuntamiento y de la Gerencia de Urbanismo, también prestó declaración por presuntos delitos de prevaricación y cohecho.

Entre los acusados de prevaricación que ya han abandonado sus cargos en el área de Urbanismo de Sanxenxo se encuentra el exconcejal responsable de este departamento Ángel Casas; Rafael Vázquez, exgerente de Urbanismo y arquitecto municipal, además de Ana Belén Louro y Soledad Leiro, que fueron asesoras jurídicas. Para los tres últimos la imputación se ha ampliado a los posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias, aunque se acogieron al derecho a no declarar.

El juez tiene previsto continuar los interrogatorios la próxima semana con la citación de otros cinco imputados. En esta segunda ronda también comparecerán los dueños de las promotoras que solicitaron las licencias bajo sospecha y que cerrarían el círculo de la presunta trama de corrupción urbanística en Sanxenxo. Entre las empresas citadas en los expedientes están Ferro Mesego, CB, Balboa y Chan, Canaleiro Inversión y Lucasor.