“La igualdad real se pelea día a día”

Con la campaña de la aceituna están aflorando de nuevo casos de discriminación hacia la mujer, que se ve desplazada de los tajos en beneficio de los hombres. Por fortuna, Montserrat Moyano (Alcalá la Real, Jaén, 1976), presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Andalucía (Fademur) no cree que esa situación esté generalizada. Bióloga de profesión, Moyano es también vicesecretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Andalucía y concejal de Agricultura en su pueblo.

Pregunta. ¿Las mujeres son visibles en el campo?

Respuesta. La realidad es que hay muchísimas mujeres que colaboran en régimen de ayuda familiar en las explotaciones agrarias, que no están dadas de alta y la inmensa mayoría no son titulares de las explotaciones. Son mujeres que sufren una doble, y a veces triple, jornada de trabajo si tenemos en cuenta que la mujer cuando termina su trabajo en la explotación, le queda por delante otra jornada más con el cuidado de la casa y, otra más, si además tiene hijos y mayores a su cargo.

P. ¿Y de qué ha servido la Ley de Titularidad Compartida en las explotaciones agrarias aprobada en 2011?

R. Esa fue una reivindicación que abanderó Fademur pero, lamentablemente, la realidad es que después de dos años el Gobierno de la nación aún no ha regulado los Reglamentos de la Ley que permitan a las mujeres que sin darse de alta como cotitulares puedan solicitar el derecho de compensación por el trabajo efectivamente realizado y no reconocido legalmente. Eso permitiría que aquellas mujeres que, habiendo participado de manera efectiva y regular y que no reciban pago o contraprestación alguna por el trabajo realizado, tuvieran derecho a una compensación económica tanto en los supuestos de transmisión de la explotación como de extinción del matrimonio.

La mecanización se utiliza como excusa para la discriminación, pues precisamente permite que la mujer se pueda incorporar en igualdad

P. ¿Qué perjuicios causa?

R. Se están perdiendo derechos día a día, pues se está impidiendo el acceso a la titularidad a muchas mujeres ya que hay que tener en cuenta que el derecho a la compensación prescribe a los cinco años de la realización del trabajo realizado.

P. ¿Y en Andalucía qué incidencia ha tenido?

R. Muy poca, pues solo se han producido seis solicitudes de cotitularidad. La situación de crisis hace que muchas familias no puedan hacer frente a una doble cotización máxime por su escasa bonificación, y tampoco ha habido una campaña de difusión de la Ley para darla a conocer. Además, la Junta de Andalucía tampoco ha cumplido con el mandado del Parlamento para complementar las ayudas del Ministerio e incrementar el intervalo de edad de las mujeres que se podrían acoger a las mismas. Tampoco se ha creado el Registro Andaluz de Explotaciones de Titularidad Compartida.

P. ¿Sigue la desigualdad?

R. Sí. El hecho de aprobarse una Ley no significa que se haya conseguido la igualdad efectiva. La igualdad real hay que seguir peleándola día a día.

P. ¿La mecanización expulsa a las mujeres del campo?

R. No compartimos esa opinión. Creo que eso se utiliza como excusa para la discriminación, pues precisamente la mecanización permite que la mujer se pueda incorporar en igualdad de condiciones a realizar las tareas del campo porque ya no es una cuestión de fuerza. Las mujeres son una parte de la ciudadanía que no se puede despreciar.

P. Pero en muchos tajos no se quieren a mujeres en la recolección de la aceituna.

R. Este año, con la cosecha tan abundante y la mano de obra necesaria, no se van a generalizar esas situaciones. Es algo que se da más en las grandes fincas, pero no tanto en las pequeñas explotaciones familiares.

P. ¿Cómo afectan los recortes a las mujeres del medio rural?

R. De entrada, vemos como una clara discriminación hacia las mujeres de nuestra tierra que el Gobierno aprobara planes especiales de empleo para Canarias y Extremadura y no para Andalucía, con el problema que había de baja cosecha en el olivar. Eso ha motivado que muchas mujeres (y también hombres) se queden sin poder cobrar el subsidio agrario.

Vemos como una clara discriminación hacia las mujeres de nuestra tierra que el Gobierno aprobara planes especiales de empleo para Canarias y Extremadura y no para Andalucía

P. ¿Y en políticas sociales?

R. En Andalucía, el año pasado se quitaron todas las guarderías temporeras coincidiendo con la campaña de recolección de la aceituna. Podemos entender que en algunos casos había duplicidad entre las guarderías y los colegios con aula matinal y comedores. Pero esa situación, que este año se repite, afecta fundamentalmente a pequeñas pedanías que las Diputaciones no pueden asumir y, por tanto, a municipios rurales. Pedimos que se estudie los casos donde exista una demanda suficiente de niños y no cuenten con colegios dotados de aula matinal, comedor y actividades extraescolares para poner en marcha el servicio.

P. Mujeres que también tienen que cuidar de los mayores, ¿no?

R. Así es, por eso lamentamos que esté paralizada la incorporación de nuevos usuarios dentro de la Ley de Dependencia, que ha sido una herramienta fundamental que ha permitido la incorporación de muchas mujeres al mercado laboral transformando en empleo remunerado una actividad tradicionalmente asumida por ellas y que realizaban de forma voluntaria y altruista. Se ha visto que desde la puesta en marcha de esta Ley han sido numerosas las iniciativas empresariales lideradas por mujeres.

P. Las mujeres rurales no están en el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. ¿Por qué?

R. En su día denunciamos que el proceso de elección de las vocalías en fue totalmente sesgado en la medida que Fademur-Andalucía, con 25 asociaciones integradas, se quedó sin representación porque el procedimiento de votación no permitía que sus propias asociaciones pudieran votarlas al no tener ámbito regional. Por tanto, la única Federación de Mujeres Rurales de ámbito regional está excluida de este órgano fundamental donde se analizan y acuerdan las políticas en materia de igualdad.