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Los trabajadores siguen en sus puestos para mantener las emisiones

El informativo de Canal 9 critica la falta de argumentos de Fabra para la clausura

Los empleados, reunidos en asamblea, deciden las acciones a realizar ante el posible apagón

El desconsuelo y la indignación que embargaron este miércoles por la mañana a los trabajadores, tras la aprobación de la ley para liquidar RTVV, se intentó apaciguar por la tarde en la asamblea convocada por el comité de empresa en la sede central del Centre de Producció de Programes de Burjassot. Se pidió calma y tranquilidad, que los trabajadores continuasen en sus puestos con el fin de mantener las emisiones y de evitar la posibilidad de utilizar cualquier pretexto para cortar las emisiones de televisión y radio.

De hecho, a última hora de la tarde, los trabajadores temían que el apagón se precipitara a partir de medianoche. Tras la publicación de una edición extraordinaria vespertina del DOCV, este jueves entra en vigor la ley aprobada con los votos del PP en las Cortes que faculta la extinción de la empresa y el “cese de emisiones”, si bien no estipula cuándo ni cómo se realizará.

No en vano, según algunas fuentes de RTVV no es necesaria la presencia física en las instalaciones del Centre de Producció para cortar las emisiones, sino que se puede suprimir las emisiones a través de la red de radiodifusión de la Generalitat.

Durante todo el día se vivieron momentos de tensión. El comité de empresa siguió el debate desde la tribuna de invitados de las Cortes, donde guardó silenció hasta la votación final, momento en el que se oyeron gritos de “No teniu vergonya”, que fueron coreados por la bancada de la oposición, mientras los diputados populares abandonaban rápidamente el hemiciclo.

En las inmediaciones de la Cámara, un centenar de trabajadores de RTVV se concentró en medio de un fuerte despliegue policial. Tras algún forcejeo, los empleados de Canal 9 y Ràdio 9 pudieron corear frente a la puerta de las Cortes, una vez acabado el pleno, gritos de “Fabra dimissió!” y “RTVV no es tanca!”.

Entre abrazos y lágrimas, la vicepresidenta del comité de empresa, Salut Alcover, pidió a los valencianos “que no olviden nunca este día” y que sirva lo sucedido para “cambiar de Gobierno”. El comité y los empleados se preparan ahora para una nueva batalla judicial.

Consignas

El informativo de Canal 9 de mediodía retransmitió en directo la votación final de la sesión de la mañana en las Cortes Valencianas. Durante la emisión, los presentadores se mostraron emocionados pero serenos y acusaron al presidente de la Generalitat de utilizar la técnica de Joseph Goebbels: "La repetición de consignas sustituye la realidad, una técnica básica de la propaganda".

El informativo emitió en directo la última votación de la mañana tras la cual Salut Alcover y Vicent Mifsud, miembros del comité de empresa de RTVV gritaron a los parlamentarios del Partido Popular. A ellos se sumaron miembros de la oposición que aplaudieron y cantaron consignas como "no teniu vergonya" [no tenéis vergüenza], y pidieron la dimisión del presidente, Alberto Fabra. "Trabajar hoy es bien difícil", decía Mireia Llinares, trabajadora que retransmitía en directo desde los pasillos de las Cortes Valencianas.

El informativo hizo suya la frase que pronunciaba esta mañana el diputado Enric Morera, "no els eixirà debades" [no les saldrá gratis], y realizó un recuento del coste de cerrar el ente público. En la emisión, se mostraron las imágenes del consejero de Economía, Máximo Buch, en las que reconocía no haber visto el informe de viabilidad propuesto por los trabajadores alegando que es el vicepresidente, José Ciscar, quien se ha encargado de estudiarlo.

Los trabajadores calcularon que los costes directos del cierre de RTVV supondrán un gasto de 130 millones de euros de las arcas públicas: 88 millones de las indemnizaciones de los trabajadores; 15 millones de euros de derechos de programas que no se emitirán; tres millones de derechos deportivos; siete millones de publicidad que no se emitirá en 2014 y el coste del cierre del centro de producción de Alicante, cuyo contrato de alquiler está firmado hasta 2035 por un importe de 276.000 euros anuales. La deuda de 1.000 millones de RTVV y el impacto negativo sobre el sector audiovisual valenciano son los costes indirectos que se añaden.

La Unió de Periodistes Valencians calificó el cierre de RTVV de "autoritario" y afirmó que el cierre  "deja a los valencianos huérfanos de su principal canal de información en valenciano". Pidió, además, a los poderes jurídicos que trabajen "duro" para que "se depuren las responsabilidades de los verdaderos autores de llevar el ente de la RTVV a una situación de despilfarro e insostenibilidad económica".

El Consejo de Informativos de TVE también lamentó el cierre decidido de RTVV, la "víctima política" de una "pésima gestión" y de una "creciente politización" que desvirtuaron su función de servicio público.

En un comunicado, el consejo reiteró que las radiotelevisiones públicas, "y en particular RTVE", han de ser "independientes" y "están obligadas" a ofrecer siempre una información "plural, rigurosa y de calidad", además de que sus nombramientos no deben responder a "fines políticos, sino a criterios exclusivamente profesionales de mérito, trayectoria y capacidad".

Para el Consejo de Informativos de TVE, además del ente público valenciano, también son "víctimas" los profesionales "a los que se les impidió informar con independencia y veracidad" y, sobre todo, los ciudadanos porque, añadió, "los medios públicos no pertenecen al poder ni a la mayoría política de turno, sino a todos".

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