Alaya culpa a un ex alto cargo de un déficit de 131 millones de euros

La juez instructora de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha imputado hoy al ex secretario general de Hacienda andaluz Antonio Estepa Jiménez el haber causado un déficit de 131 millones de euros. Estepa Jiménez ha reconocido que, con una fiscalización previa, se habría evitado ese desfase, según informa Efe.

Estepa, que se encuentra entre los 20 altos cargos de la junta imputados en junio pasado junto a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, que lo nombró, ha sido acusado de presuntos delitos de prevaricación y malversación.

Abogados personados en la causa han informado de que el imputado ha defendido que las llamadas transferencias de financiación eran legales y fueron aprobadas por el Parlamento, y ha negado que se utilizara intencionadamente una terminología opaca ya que "todos los parlamentarios conocen el lenguaje presupuestario".

El imputado ha asegurado que los responsables de la Consejería de Hacienda no se plantearon cambiar el sistema porque creían que era adecuado.

Al término de su declaración, la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido medidas cautelares contra Estepa "atendiendo al estado actual de la instrucción", pese a que otros ex altos cargos tienen ya fianzas de responsabilidad civil de hasta 46 millones de euros, en el caso del exdirector de Presupuestos Antonio Lozano.

Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, Estepa ha negado que la exconsejera Alvarez y el exviceconsejero José Salgueiro conociesen las irregularidades, el "posible menoscabo de fondos públicos" que se estaba produciendo o el "contenido básico de los programas" que se pagaban con las partidas investigadas.

A la afirmación de la juez de que, para "aparentar un adecuado equilibrio presupuestario" la Junta "simuló" gastos, Estepa ha afirmado que no se trataba de "simulación" sino de una "solución contable".

Alaya ha imputado a Estepa que mediante las llamadas transferencias de financiación, que ha calificado como situadas "al margen de la ley" pues eludían el control previo de la Intervención General, la Junta llevó a cabo un "uso ilícito de fondos públicos" en el que las subvenciones se otorgaron "con absoluta discrecionalidad" e "incumpliendo los más elementales principios consagrados en el Estatuto de Autonomía de imparcialidad, transparencia y no discriminación".

La "partida fraudulenta" aprovechó la "complejidad del lenguaje presupuestario" para ocultar las modificaciones, ha dicho Alaya, a lo que el imputado ha respondido que "se resiste a entender que los parlamentarios no tengan ese conocimiento".

El imputado ha negado que el Gobierno andaluz pretendiese conceder subvenciones sin procedimiento, sino que ha explicado que hacia el año 2000 empezaron a "proliferar una serie de entidades instrumentales como el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)" y se cambió el modelo de gestión, de modo que las actuaciones de las Consejerías empezaron a ser delegadas en dichos entes.

En un auto dictado el pasado mes de junio, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla detalló que, en la época de Magdalena Álvarez, se creó la Secretaría General de Hacienda, de la que pasaron a depender la Dirección General de Presupuestos y la Intervención General, situándose al frente de la Secretaría General el imputado, que ocupó el cargo entre el 21 de mayo de 2000 y el 15 de mayo de 2004.

La juez considera en este auto, según informa Europa Press, que Antonio Estepa “tuvo una importante intervención” en los presupuestos de la comunidad, “donde se mantendrían durante muchos años las transferencias de financiación como crédito presupuestario para el pago” de las subvenciones sociolaborales del programa 31L, más conocido como fondo de reptiles.