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Imputado por soborno el exgerente de urbanismo de Sanxenxo

El juez también acusa de cohecho a una exasesora y de prevaricar a un exconcejal de urbanismo

Chalés cuya construcción está paralizada
Chalés cuya construcción está paralizada

El juzgado número 2 de Cambados acusa de los delitos de cohecho -percepción de sobornos- , prevaricación urbanística y tráfico de influencias al que fue gerente de urbanismo y arquiteco municipal de Sanxenxo, el municipio más turístico de Galicia Rafael Vázquez Abal, así como a una asesora suya, Ana Belén Louro Pais. Además, también imputa prevaricación urbanística al exconcejal de Urbanismo Ángel Casal Moldes, del PP.

Rafael Vázquez Abal sustituyó en la gerencia municipal, en diciembre de 2006, a la actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, también imputada en este caso. En 2009, la alcaldesa, Catalina González, le relevó de ese puesto y regresó a su plaza de arquitecto municipal. Tanto Vázquez Abal como su exasesora Belén Louro se han negado a declarar esta mañana ante el juez. Sí accedió a prestar testimonio el exconcejal Ángel Casal.

El juzgado de Cambados ha entrado de lleno a investigar el urbanismo de Sanxenxo. Hasta 13 técnicos y políticos del área de Urbanismo desde 2006 —entre ellos la alcaldesa, Catalina González (del PP), y la actual directora de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas— están imputados por presuntos delitos urbanísticos y prevaricación en relación con al menos cinco expedientes. La investigación ha destapado además en Sanxenxo la caja de los truenos: desde que se inició, los vecinos han recabado en las oficinas municipales documentación sobre otras 200 operaciones urbanísticas.

 Las denuncias se tramitaron en el juzgado en enero de 2012 e implican a miembros de este departamento con González pero también con el exregidor popular Telmo Martín. Desde entonces han estudiado la causa dos jueces instructores y un fiscal especializado en estos asuntos que han coincidido al apreciar indicios de presuntos delitos urbanísticos y prevaricación en varios expedientes de obras en este municipio de las Rías Baixas, ejemplo paradigmático del negocio del ladrillo.

Después de que el juzgado requiriera al Ayuntamiento la entrega de al menos cinco de los expedientes bajo sospecha, el Grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil ha pasado año y medio recabando datos para la instrucción del múltiple y enmarañado caso urbanístico. A la vista de los informes judiciales y el insólito balance de imputados, las sospechas de presuntas irregularidades van más allá de un contubernio político, tengan o no que ver las denuncias con las dos trincheras que surgieron en el PP tras la marcha de Martín, ahora diputado en el Congreso.

Precisamente la que fuera su mano derecha en la Gerencia de Urbanismo, Encarnación Rivas, tiene previsto declarar hoy ante el juez Juan Manuel Hermo y el fiscal David de La Fuente. La inesperada imputación de Rivas se produce en relación, al menos, con uno de los expedientes sobre el que la técnica informó. Se trata de un edificio de dos bloques de viviendas en la calle Progreso que obtuvo licencia de primera ocupación en mayo de 2009. La denuncia del propietario de un terreno colindante desembocó en una orden judicial de derribo que el Ayuntamiento debe ejecutar junto a una millonaria indemnización. La actual directora de Urbanismo de la Xunta también es aludida en otro de los informes, relativo a cuatro chalés que la promotora Ferro Mesego, CB quería construir junto al cementerio de Dorrón. Rivas emitió un informe denegando el permiso. Alegaba que las licencias entraban en colisión con el informe vinculante de la delegación provincial de la Consellería de Sanidade, al no respetarse la distancia de 50 metros al camposanto.

El asunto se archivó pero, un año después de que Rivas abandonara el cargo, la promotora volvió a solicitar licencia, y la funcionaria Belén Louro Pais emitió un informe en sentido favorable a la ejecución de las obras, con el visto bueno del arquitecto técnico municipal. Con la aprobación de los técnicos, la alcaldesa dictó la resolución que concedía licencia para la construcción de los chalés y las obras comenzaron.

Otra de las denuncias apunta a la licencia de construcción de dos chalés más en Dorrón, solicitada por la promotora Lucasor, y de tres viviendas en Bascuas promovidas por Canaleiro Inversión. A diferencia de los chalés de Dorrón —que no llegaron a terminarse porque la acción vecinal forzó la paralización de las obras—, en Bascuas el Ayuntamiento emitió el certificado de fin de obra y licencia de primera ocupación en dos de ellos. En medio de las denuncias por esta construcción se incoó un expediente de reposición de la legalidad urbanística porque al menos uno de los chalés incumple la normativa de los accesos. La investigación también se centra en el chalé del aparejador municipal en Padriñán. El técnico ejecutó cambios en el proyecto sin tener licencia para ello, obras que se vio obligado a paralizar cuando fue denunciado en el Ayuntamiento.

La alcaldesa, Catalina González, ha achacado su imputación a un ataque interno del sector del PP que se desgajó a raíz de su designación como candidata para las elecciones de 2011. González apuntó al “entorno” del exedil de Urbanismo Francisco Villaverde y la formación que este promovió, Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL), que se escindió del PP ante esos comicios y por la que el propio Villaverde fue concejal hasta su renuncia en 2012.

“No hay ni un solo papel con mi firma detrás del que se desprenda cohecho, tráfico de influencias, trato de favor ni muchísimo menos prevaricación”, dijo de entrada González, en una rueda de prensa convocada para dar explicaciones. González señaló a Villaverde y dijo estar “sorprendida” de que a él no se le haya llamado a declarar siquiera como testigo, porque fue concejal de Urbanismo y lidió con uno de los casos sospechosos, el de los cuatro chalés junto al cementerio.

La alcaldesa, que descartó dimitir y agradeció el apoyo del presidente de la Diputación y del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, hizo memoria. “Si cogemos las reuniones que empezó a haber en el partido cuando se peleaba y se discutía si debería o no ser candidata, en 2011, al final siempre salen las mismas caras detrás. Hay mucha gente a la que ha molestado que yo la haya apartado del urbanismo de este Ayuntamiento. Gente muy interesada en volver. Esto es una venganza de quien quiere sacarme de en medio sea como sea para poder volver a gestionar el urbanismo”. Y retó: “Si piensan que me van a sacar por la puerta de atrás por algo que no ha sucedido, la llevan clara”.

El PP gobierna Sanxenxo con el apoyo del edil del partido VIPS José Luis Rodríguez, exalcalde por el PSOE, azote de Martín en la oposición y ahora bien avenido socio de la regidora. Cuando se conoció la investigación judicial, en febrero de 2012, aseguró que dimitiría ante el “menor indicio” de que alguien en la corporación estuviese “manchado”. Ayer matizó: “Es que no hay nada. Ningún político merece estar imputado en estos casos. Las licencias fueron dadas con todos los informes técnicos favorables”. La oposición reclamó anoche en un pleno la dimisión de la alcaldesa.