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PSdeG y BNG exigen que Baltar explique los pagos al abogado de su padre

La Diputación gasta 500.000 euros en su gabinete jurídico mientras contrata letrados externos

La asesoría jurídica de la Diputación de Ourense supone un coste anual de 500.000 euros a los ourensanos, la misma cantidad que la institución ha pagado en concepto de honorarios por pleitear contra una inmobiliaria al abogado personal de Baltar, Emilio Atrio, que lo defiende en el proceso judicial del enchufismo. El grupo provincial del BNG sostiene que de ese medio millón de euros anuales (Seguridad Social incluida), la institución destina más de 155.000 al pago del complemento específico de los trabajadores de ese servicio "pero parece que el gran papel del jefe de la asesoría, José Eugenio Galindo, consiste en controlar los tribunales de las oposiciones de la Diputación que siempre aprueban personas vinculadas al PP", denuncia el portavoz nacionalista en la institución, Leopoldo Rodríguez. Nacionalistas y socialistas denuncian la externalización de los servicios de la institución "infrautilizando al elevadísimo número de trabajadores" con que cuenta.

 La oposición entiende que, en el caso del pleito contra la inmobiliaria Flager, la defensa debería asumirla alguno de los tres letrados de este departamento -sin contar al asesor del presidente contratado para reforzar ese servicio- en lugar de pagar, "por un precio desorbitado", los servicios del abogado personal del expresidente Baltar. A mayores de los tres abogados, seis personas más trabajan en este departamento jurídico. En breve, Baltar contrará a otro jurista como vicesecretario, apunta el portavoz socialista, Ignacio Gómez, que sostiene que l segundo de los Baltar "gasta bastante más que su padre en asesores".

Los nacionalistas alertan de que en el capítulo dos de los presupuestos de la institución para 2014 hay consignada una partida de 190.000 euros parra "pago de contenciosos jurídicos". El grupo provincial del BNG pedirá este lunes a la presidencia que le concrete el destino de esa partida así como la relación de detalle de todas las facturas que la Diputación lleva abonado en los últimos años en concepto de honorarios de abogados. El grupo del PSdeG asegura que preguntó en un pleno reciente al presidente por qué gastaba en letrados externos "y nos dijo que eran necesarios para asuntos complejos".

Para el BNG , la contratación del abogado personal de Baltar para un pleito de la institución se vincula al debate del personal de la institución incluido en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) "que no tiene más finalidad que buscar acomodo a los cercanos al presidente, premiando su fidelidad más que su capacidad".

En el caso de los honorarios que la Diputación facturó por el pleito contra Flager al abogado personal del expresidente Baltar, socialistas y nacionalistas tildan la cifra de "desmesurada" ya que "en procesos de mayor complejidad judicial y reclamaciones económicas multimillonarias, ningún abogado facturó cantidades parecidas

 

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