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La oposición levanta a sus alcaldes

PSdeG y BNG se unen para dar la batalla al PP rebelándose contra los recortes El copago hospitalario y la subida del canon de la basura fueron el detonante

Alcaldes del PSdeG y BNG en el edificio de la Xunta
Alcaldes del PSdeG y BNG en el edificio de la XuntaÓSCAR CORRAL

Los ayuntamientos se han constituido en la última barrera de la oposición para intentar frenar las políticas del PP. Perdida la batalla parlamentaria —el PP cuenta con una cómoda mayoría de 41 diputados—, PSOE, BNG y AGE lo fiaron todo durante los primeros meses de legislatura a las protestas en la calle sin que eso haya logrado parar los recortes sociales de la Xunta. Pero las últimas tasas y copagos impulsadas por los gobiernos de Santiago y Madrid han hecho saltar a los alcaldes.

El detonante ha sido la decisión del Ministerio de Sanidad de establecer un copago a los fármacos necesarios para tratar enfermedades crónicas. El alcalde de Riotorto, Federico Gutiérrez, del BNG, fue el primero en ofrecerse a pagar los medicamentos de sus vecinos con cargo al presupuesto municipal. Ha habilitado una partida de 15.000 euros en las cuentas para hacer frente a esa factura. Al denominado “espíritu de Riotorto” se sumó una treintena de alcaldes de todos los colores, incluidos varios del PP, que se han rebelado contra una medida que consideran injusta. La entrada en vigor de la norma estatal que algunas comunidades —Galicia no está entre ellas— han amenazado con recurrir está prevista para antes de final de año. Los regidores tratan de evitarlo y forzaron una reunión con la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, el pasado martes. Mosquera adujo que se trata de equiparar “las aportaciones” de los pacientes “independientemente del lugar donde sean dispensados”, ya sea en la farmacia o en el hospital. La conselleira subrayó además que el tope mensual por enfermo es de 8,14 euros.

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El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincial (Fegamp), José Manuel Rey, alcalde de Ferrol por el PP, entretanto avisó a sus colegas que de lo que deben ocuparse es de las competencias que los ayuntamientos tienen reconocidas, entre las que no están las prestaciones farmacéuticas. Pero los regidores están dispuestos a llevar su lucha hasta el final y ya preparan nuevas movilizaciones.

Al frente contra el copago farmacéutico, se ha unido otro: la rebelión, esta vez encabezada por alcaldes socialistas, contra el incremento de un 30% de la factura de Sogama, incluida en los últimos presupuestos de la Xunta. El presidente gallego insiste en que cada ciudadano pagará de más cada mes lo equivalente al precio de un café. Pero los regidores que encabeza el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, exigen una auditoría sobre el funcionamiento de Sogama y saber también qué municipios están al corriente de sus pagos y cuáles no. Durante su comparecencia junto a otros alcaldes (varios de ellos integrantes de la nueva ejecutiva del PSdeG) Formoso criticó que el impacto de la reforma energética impulsada por el Ministerio de Industria la tengan que pagar los ayuntamientos y calificó de “brutal” el incremento del canon. El ultimátum está lanzado y expira el 30 de noviembre. Si el Gobierno gallego no da marcha atrás, en diciembre “unos 80 regidores de izquierdas”, según la definición que dio el de Ribadavia, Marcos Blanco, prevén iniciar un encierro en las instalaciones de la Xunta.

Desde el Parlamento y la calle, AGE apoya ambas reivindicaciones junto a los dos alcaldes de Anova, el de Teo, Martiño Noriega, y el de Manzaneda, David Rodríguez, que han mantenido reuniones con ambos frentes. Teo también aprobó abonar los fármacos a los enfermos crónicos. A diferencia de lo que sucede en el conflicto de los medicamentos, en estas reclamaciones la Fegamp ha optado por mantener una posición intermedia entre los regidores díscolos y el Gobierno gallego. El malestar contra el incremento del recibo de la basura no entiende de colores políticos y la federación pidió el pasado miércoles escalonar la subida. Pero el presidente avisa de que la “quiebra” de la sociedad pública generaría aún problemas más graves para los ayuntamientos y tampoco vislumbra una marcha atrás.

La tercera y más antigua batalla de los alcaldes de la oposición ni siquiera agota sus fronteras en Galicia. Y tampoco es monopolio de unas siglas concretas. El rechazo a la reforma de la Ley de Administración Local que ha presentado el Ministerio de Hacienda ha unido a todos. Han sido muchos los alcaldes del PP los que se han posicionado en contra con la boca pequeña. Hasta el punto de que han forzado al presidente de la Fegamp a decir que no es la ley que quieren los alcaldes gallegos. Pero otra vez son los de PSdeG y Bloque (junto a muchos independientes y los dos de Anova) los que más ruido están haciendo contra el texto. El alcalde de Vigo y vicepresidente de la Federación Española de Municipios e Provincias, Abel Caballero, ya ha advertido que el texto, de ser aprobado, tiene como destino más probable el Tribunal Constitucional.

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