El PP amenaza con desentenderse de la dependencia si la Junta no paga su deuda

La renuncia al convenio de la dependencia por parte del Ayuntamiento de Jaén podría no ser la única. El Partido Popular de Andalucía dejó claro este jueves que otros muchos consistorios y diputaciones donde gobiernan estudian no renovar estos convenios hasta que la Junta liquide “por completo” la deuda en esta materia, aunque decidirán “caso por caso” según la situación económica de cada corporación. La portavoz de Bienestar Social del PP en el Parlamento, Rosario Soto, ha acusado al Gobierno andaluz de “herir de muerte” los servicios de dependencia en la comunidad y ha cifrado en unos 100 millones de euros la deuda que la Junta mantiene en esta materia con las corporaciones locales gobernadas por el PP.

Los populares sostienen que los Ayuntamientos se están viendo obligados a actuar como “financieras” de la Junta al tener que adelantar el dinero de la dependencia sin haberlo cobrado. “Pero todo tiene sus límites y cualquiera puede entender que si hay Ayuntamientos que no tienen dinero para pagar a sus trabajadores y para financiar sus servicios públicos, no puedan financiar competencias de la Junta”, señala Soto, justificando la decisión del alcalde jiennense, José Enrique Fernández de Moya, que a partir del próximo 4 de diciembre dejará de prestar el servicio de ayuda a domicilio para cerca de 500 dependientes.

El partido respalda al alcalde de Jaén en su renuncia al convenio

Aunque el Gobierno andaluz ha expresado sus dudas jurídicas acerca de la legalidad de la decisión del Ayuntamiento jiennense, desde el PP se descarta que la medida suponga un incumplimiento de la normativa en esta materia. Según Rosario Soto, la ley obliga a prestar colaboración institucional en la elaboración del Plan Individualizado de Atención (PIA), y “a partir de ahí es competencia de la Junta”. El PP considera que el Gobierno andaluz ha reducido en los dos últimos años el presupuesto para las políticas sociales en más 3.400 millones. “No le importan las familias ni las personas que lo están pasando mal”, asevera Soto, informa Europa Press.

La decisión del alcalde de Jaén ha sido también respaldada por la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, pues, a su juicio, “quien no paga la dependencia y la está poniendo en riesgo es la Junta, y por eso lo que debería hacer es pagar”. Crespo ha tachado de “injusticia social” que la Junta “cargue las tintas contra el Ayuntamiento” y ha destacado que el 90% de las facturas que se van a pagar con el plan de pago a proveedores del Gobierno central son de educación, sanidad y servicios sociales. “Si hay un Gobierno social es el de España”, subraya Crespo en Jaén.

También ha afirmado que la Junta “tiene miedo y dudas” a la hora de presentar un recurso contra la reforma local promovida por el Gobierno, ya que “quiere mantener competencias que no ejerce, que hace que otros ejerzan y no paga”.