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Gerardo Camps dice que CACSA se sometió en Nóos a la ley de contratos

Manos Limpias reitera que pedirá la imputación de la infanta Cristina

Castro toma declaración en Valencia a varios testigos, entre ellos Rita Barberá

El diputado del PP y exconsejero de Economía valenciano Gerardo Camps, a su salida del juzgado.
El diputado del PP y exconsejero de Economía valenciano Gerardo Camps, a su salida del juzgado.

El diputado del PP y exconsejero de Economía Gerardo Camps ha afirmado hoy que el procedimiento por el que se contrató al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin es "público y notorio". Camps, que era presidente del consejo de administración de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) cuando se firmaron los acuerdos por los que el instituto cobró más de tres millones de euros por unas jornadas sobre eventos y deporte llamadas Valencia Summit, ha declarado esta tarde como testigo ante el juez del caso, José Castro.

"No voy a hacer ningún comentario sobre el contenido. He venido a colaborar con la justicia", ha dicho a la salida del juzgado tras 45 minutos de declaración. "Me han preguntado sobre mi papel como presidente de CACSA y he respondido que todo era público y notorio y consta en las actas. Fíjense que no ha durado mucho", ha señalado Camps al dejar la Ciudad de la Justicia, a la que ha accedido por la puerta del juzgado de guardia.

El diputado al Congreso Gerardo Camps reconoció ante el juez Castro, que instruye el caso Nóos,que la sociedad pública se sometía a la ley de Contratos del Estado cuando se firmaron los convenios con el Instituto que presidía Iñaki Urdangarin. Camps declaró que todo era público y notorio, que está recogido en las actas de la sociedad pública y que no es consciente de que se hubieran cometido irregularidades —al parecer, hubo convenios con Nóos que se formalizaron sin que se hiciera el expediente que exige la ley—.

El diputado al Congreso Gerardo Camps, expresidente de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) reconoció ayer ante el juez José Castro, que instruye el caso Nóos,que la sociedad pública se sometía a la ley de Contratos del Estado cuando se firmaron los convenios con el Instituto que presidía Iñaki Urdangarin. Camps declaró que todo era público y notorio, que está recogido en las actas de la sociedad pública y que no es consciente de que se hubieran cometido irregularidades —al parecer, hubo convenios con Nóos que se formalizaron sin que se hiciera el expediente que exige la ley—.

A la salida, la abogada Virginia López Negrete, abogada del sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación particular, subrayó la importancia de que Camps haya reconocido que CACSA esté sujeta a la ley de contratos públicos. “De ahí arrancan los presuntos delitos de Nóos”, apuntó la abogada.

Castro se ha desplazado dos días a Valencia —ayer y hoy— para tomar declaración en calidad de testigos a Gerardo Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, entre otros, para avanzar en la instrucción de la rama valenciana del caso. El expresidente de la Generalitat Francisco Camps, citado también, ha optado por declarar por escrito. El Instituto recibió de las arcas públicas valencianas al menos tres millones de euros por la organización de tres ediciones del congreso Valencia Summit y la preparación de la candidatura de Valencia a los Juegos Europeos. CACSA, en representación de la Generalitat, y Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB), en representación del Ayuntamiento de Valencia, fueron los interlocutores formales de Nóos y los que rubricaron los documentos.

Gerardo Camps, que debía entrar por la puerta principal de la Ciudad de la Justicia —es la rutina habitual—, accedió al tribunal por el juzgado de guardia, por uno de los laterales. Patricia Corrons, ex gerente de la Sociedad para la Promoción Estratégica de la Comunidad Valenciana, hizo lo mismo.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tiene previsto declarar este sábado a mediodía. El expresidente Francisco Camps se ha acogido a la prerrogativa de responder a las preguntas del magistrado y las partes por escrito.

La declaración como testigos de Francisco Camps y Barberá la pidió el sindicato Manos Limpias, acusación en la causa, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano de no imputar a los políticos valencianos. El tribunal consideró que había indicios de delito en cómo se gestaron los contratos con Nóos, pero no lo suficientemente sólidos como para imputar al expresidente del Consell y a la alcaldesa. La fiscalía se sumó a la petición.

López, además, ha reiterado su intención de pedir la imputación de la infanta Cristina porque considera que hay indicios suficientes para hacerlo. "Respetamos las manifestaciones del fiscal, pero entendemos que se ha producido una despenalización anticipada de la infanta doña Cristina, cuando a día de hoy no solo no se ha acabado la instrucción del caso, sino que ni siquiera ha sido imputada por ninguna de las partes", ha dicho la abogada sobre el informe remitido al juzgado por el fiscal del caso Nóos, José Horrach.

El fiscal Anticorrupción registró este jueves en el juzgado de Palma un escrito en el que sostiene, a lo largo de 30 páginas, que no existen indicios de delito en la actuación de la infanta Cristina en relación a los negocios de su marido y que, por tanto, no procede su imputación en la causa.

Según López Negrete, Manos limpias está respetando los tiempos procesales hasta que el juez dé traslado de las actuaciones conforme le requirió la Audiencia de Palma de Mallorca.

El magistrado, preguntado a su llegada a los juzgados de Valencia sobre el escrito de Horrach, ha afirmado que, "como todos" los del fiscal, es un documento "muy cualificado" y será estudiado "cuando llegue el momento".