Las empresas niegan ahora que avisaran al Ayuntamiento de los recortes laborales

Las concesionarias de limpieza viaria de Madrid han asegurado hoy que el Ayuntamiento desconocía que el nuevo contrato municipal, con una reducción del 16% sobre el presupuesto inicial previsto, supondría echar a la calle al 20% de la plantilla de barrenderos y jardineros de la capital. Lo han hecho en un comunicado en el que desmienten las informaciones en sentido contrario facilitadas por estas mismas empresas ayer y desautorizan a su portavoz oficial.

“Rotundamente no”, dijo ayer la alcaldesa, Ana Botella, al ser preguntada por este periódico sobre si sabía que iba a haber despidos cuando adjudicó el contrato. Las empresas que aprobaron el ERE han emitido una nota para darle la razón: “Las ofertas presentadas no contemplaban la realización de expedientes de regulación de empleo; en consecuencia, el Ayuntamiento no conocía la aplicación de este tipo de medidas laborales”.

Pero, según el pliego de contratación, las empresas estaban obligadas a comunicar “dentro de su oferta” y, además, de forma “detallada”, “clara y concisa”, los “puestos de trabajo y plantilla, por categoría y turnos”. A partir de esta cifra, al Ayuntamiento sólo tenía que comparar con la plantilla del contrato anterior para saber cuántos trabajadores podían irse a la calle en caso de aceptar una oferta determinada.

Ayer, el portavoz oficial de las empresas desde el inicio del conflicto aseguró textualmente: “La necesidad de la reducción de las plantillas asignadas a los contratos viene obligada por la reducción de presupuesto y por la reestructuración del servicio que marcaban los pliegos, y estaba puesta de manifiesto en las ofertas y era conocida por el Ayuntamiento”. Hoy, las empresas han desmentido rotundamente a su propio portavoz, cuyas “erróneas manifestaciones”, añaden, “son fruto del desconocimiento del proceso de licitación”.

El Gobierno municipal asegura que la información que facilitaron las empresas que optaron al concurso era general, referida sólo a costes laborales. Es decir, no cumplía con la obligación estipulada en el contrato.

El Ayuntamiento se ha negado reiteradamente a responder la petición del líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, de suministrar la información detallada de las ofertas. Por ello, resulta imposible saber si las empresas comunicaron, como estaban obligadas, la plantilla con la que iban a contar, o si incumplieron los pliegos de condiciones y ocultaron una información que podría haber servido al Ayuntamiento para predecir la situación actual. En el primer caso, Lissavetzky dijo ayer que la alcaldesa “no debería tardar ni un minuto más en dimitir”. En el caso de que hubieran sido las empresas las que ocultaron información, anunció que estudiaría acudir a los tribunales para cancelar los contratos “por incumplimiento” de lo pactado.