Los policías condenados por el crimen de Nigrán quedan en libertad

Entraron en un chalé por las buenas, llamando a la puerta, para a continuación encañonar y retener a una familia durante horas, exigirle un rescate de 100 millones de pesetas y al salir matar a tiros a los padres, una hija y la empleada del hogar. Jesús Vela y Manuel Lorenzo eran policías, los responsables del infame crimen de Nigrán, cometido el 1 de marzo de 1994. Condenados en 1996 a más de 212 años, los 30 de cumplimiento efectivo que señalaba la ley entonces se fueron reduciendo por las redenciones que preveía el Código Penal, de forma que Vela podría haber salido en 2008 y Lorenzo en 2009. La aplicación de la doctrina Parot evitó una salida de prisión que ayer sí confirmó la Audiencia Provincial de Pontevedra, en aplicación directa de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que derogó tal interpretación de la ley.

La Audiencia dictó dos autos de puesta en libertad, de tres páginas cada uno, que mencionan el rechazo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la doctrina Parot –consistente en contar el tiempo de redención sobre la pena total y no la de cumplimiento efectivo máximo, como se venía haciendo hasta 2006- y remite directamente al acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo aprobado el miércoles que hace extensivo el nuevo criterio a todos los casos análogos, como es el de estos dos exagentes. Según el criterio original, Vela, encarcelado en la prisión de Granollers, habría cumplido condena en enero de 2008 y Lorenzo, ingresado en el centro de Reinserción Social Victoria Kent de Madrid, en junio de 2009, por lo que ahora queda sin efecto el auto de abril de 2006 que alteró el cómputo de sus penas –dictado solo dos meses después de que el Supremo aplicase por primera vez la doctrina Parot- ya que no cabe “la aplicación retroactiva de una nueva interpretación que ha vulnerado el derecho a la libertad del penado”.

Previendo estas resoluciones, familiares y amigos de los fallecidos –se salvaron de milagro los dos hijos varones del matrimonio asesinado- se concentraron ante la sede de la Audiencia pontevedresa el pasado 31 de octubre en un gesto de rabia compartida, bajo la pancarta “derechos humanos también para las víctimas”. Por todos ellos habló Emilio Muíños, un empleado de la piedra que regentaba el cabeza de familia, David Fernández Grande. “Con esto acto queremos que por lo menos quede claro que no nos olvidaremos nunca”.

Tras conocer la noticia, el mismo Muíños se indignaba ayer porque la liberación se haya decretado “a toda velocidad”. Los abogados de los condenados fueron, en ese sentido, diligentes. Si la sentencia de Estrasburgo se dictó el 21 de octubre, uno de los condenados cursó la petición de puesta en libertad el 24 y el otro solo cuatro días después.