La juez Alaya acusa a Lopera de desviar 24,9 millones a sus firmas desde el Betis

La juez Mercedes Alaya acusa a Manuel Ruiz de Lopera de beneficiarse y desviar fondos desde el Betis hasta sus empresas, para así lograr “ingresos financieros muy importantes” que alcanzaron “la imponente suma” de 24,9 millones a lo largo de 14 temporadas entre 1993 y 2008. Alaya imputa al expresidente bético, que este jueves se ha negado a declarar como imputado ante ella, en un auto con gruesos términos: “El Real Betis para el sr. Ruiz de Lopera sería una fuente inagotable de negocio” a través de sus empresas Tegasa, Encadesa, Farusa y Frigimueble. Alaya apoya sus tesis incriminatorias en los dos informes de los peritos que han examinado las cuentas del club.

La juez acusa a Lopera de un delito societario continuado y otro de apropiación indebida por administración desleal, también continuado, cuando estaba al frente del equipo de fútbol sevillano. Tras comparecer durante escasos 40 minutos, Lopera ha asegurado que lo había aclarado “todo por escrito”, ha informado Efe. En su día Alaya ya embargó a Lopera sus acciones del club como medida cautelar. Además, la magistrada le embargó 44 inmuebles a nombre de su empresa Farusa. Las acciones y las fincas embargadas fueron la garantía ofrecida por Lopera ante la alta fianza fijada por la juez de 25 millones por las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas del caso.

En su auto de imputación, Alaya considera que los ingresos procedentes de la actividad deportiva del Betis se traspasaron cada temporada por Encadesa a otras dos sociedades de Lopera, “indiciariamente, para su enriquecimiento personal”. Además, la magistrada estima que el Betis pagó gastos “completamente ajenos a la actividad deportiva” como comisiones de tarjetas de crédito por 16.280 euros. “Eran cargados por el concepto de caja única y única rectoría de gestión que ostentaba Lopera del Betis y del resto de sus sociedades”, censura Alaya en su auto.

La juez estima que Lopera interpuso Tegasa para “gestionar privadamente” los recursos de la actividad deportiva del club, “cediendo a otra de sus empresas, Encadesa, la totalidad de los ingresos que percibiera el Betis derivados de su actividad deportiva”. Esto supuestamente lo realizó Lopera a cambio de una cantidad fija o variable según las temporadas, “lo que le permitiría apoderarse de parte de dichos recursos”, según la tesis de la magistrada.

La juez destaca el contrato cerrado entre las sociedades Tegasa y Encadesa con el Betis, por el que el club “reconoce adeudar a Tegasa por anticipos a cuenta 1.226 millones de pesetas [7,3 millones de euros]”. “Aquí el fenómeno de la autocontratación llegaría a su punto álgido, pues Ruiz de Lopera controlaría las tres entidades”, asevera Alaya. “También es ciertamente sorprendente y de paso indiciariamente ilícito, el contrato de 20 de febrero de 2002, cuya firma ordena Lopera entre el Betis y Encadesa y en el que se acuerda que el Betis debe pagar a Encadesa por la no continuación de las obras del estadio, decisión que adopta” el expresidente con el resultado de un beneficio para Encadesa de 1,1 millones de euros.

Después de cinco años de instrucción, ralentizada en gran parte por el complejo caso de los ERE que instruye Alaya, su abogado ha pedido el archivo de la causa y ha asegurado que Lopera ha sido víctima de una “tormenta perfecta judicial y mediática”. El letrado José María Calero ha rebatido los argumentos del informe pericial que cifra en 24,9 millones los perjuicios causados al Betis.