¿Caminas, pedaleas o conduces?

El plan que ordena la movilidad en la ciudad de Valencia hasta 2030 tiene buenas intenciones pero la oposición duda de que se cumpla. Apuesta por la peatonalización pero solo se veda al tráfico una parte reducida del casco histórico —el entorno del Mercat Central y la Lonja, y la plaza de la Reina—; impulsa el uso de la bici pero no arbitra un carril bici seguro en la ronda interior. Se reconoce que cada día entran y salen de la ciudad 150.000 coches, básicamente del área metropolitana, pero no hay coordinación ni integración tarifaria con toda la zona, se quejan los grupos de la oposición, que han presentado decenas de alegaciones al plan. Hoy acaba el plazo de presentación. Los socialistas explicarán hoy las suyas.

“En Valencia todo está planificado y diseñado en función del coche privado”, denunció ayer Joan Ribó, portavoz de Compromís. “Nos gustaría pensar que este plan se ha hecho para cumplirse, pero tenemos muchas dudas”, agregó el edil.

“Somos muy críticos con la gestación del plan”, objetó el portavoz del grupo de Esquerra Unida (EU), Amadeu Sanchis, quien criticó que haya sido una firma externa (Idom), en lugar de los técnicos municipales, los que hayan redactado el documento.

Tanto Ribó como Sanchis se quejaron de que no se ha consultado con ningún colectivo afectado y tampoco existe presupuesto ni calendario de aplicación del plan.

Compromís, que ha dividido sus alegaciones en siete bloques, apuesta por la peatonalización del centro histórico, como han hecho las ciudades de Sevilla o Zaragoza, y por la pacificación del tráfico, con una reducción del coche privado. “Para eso es preciso aumentar la velocidad comercial de los autobuses de la EMT”, declaró Ribó, que recordó que los vehículos de la empresa municipal apenas llegan a los 13 kilómetros por hora frente a los 50 de los coches privados. El concejal pidió plataforma reservada e incluso prioridad semafórica. Ahora circulan por el carril bus, los autobuses, las motos y las bicicletas.

Los dos grupos de la oposición que ayer explicaron sus alegaciones dieron la bienvenida a las rutas peatonales entre los barrios y el centro de la capital que propone el plan de movilidad, pero consideran que no se aclara si son itinerarios para el paseo o de movilidad obligada. Su opinión es que son demasiado zigzagueantes y largos.

Los datos de población estimada para el año 2030 —en el plan se prevé que crezca un 5%— son, a juicio de Ribó, poco realistas. “Nada hace prever que el número de residentes vaya a dispararse en esa proporción, más bien puede decrecer”, dijo. El plan prevé una demanda de 43.000 nuevas viviendas y un incremento de la población hasta llegar a los cerca de 837.000 vecinos dentro de 17 años.

Hay que potenciar el uso de la bicicleta, que debe ir por la calzada y no quitar espacio a los peatones en las aceras. Más que construir nuevos carriles bici, Compromís aboga por permitir la doble circulación en las calles 30 y ampliar las plazas de aparcamiento, sobre todo ante edificios públicos.

Una de las lagunas más grandes del plan es su falta de concepción metropolitana. “Es mucho más declarativo y expositivo que propositivo”, apuntó el portavoz de EU. Los dos grupos critican la excesiva velocidad a la que se circula y plantean que como ya han hecho otras grandes capitales europeas como Amsterdam o Berlín, no se pueda circular a más de 30 kilómetros por hora. “Y que se cumpla”, agregó Ribó, que advirtió de las dificultades que existen en Valencia para que se respete esa velocidad en un puñado de calles. “La calle de La Paz es zona 30 y dudo mucho de que se respete esa limitación”, advirtió.

“Esperamos que la precipitación en la elaboración del documento y la falta de participación sea compensada con la aceptación de las alegaciones presentadas”, manifestó Sanchis, que, al igual que Ribó apuntó que, de momento, el plan de movilidad parece un documento de puro trámite, realizado antes de que acabe el año para poder acceder a las ayudas que otorga la Ley de Economía Sostenible. Ambos criticaron que Valencia renuncia a los más de 70 millones de euros del contrato programa del Gobierno.

En su escrito de alegaciones, Unión Progreso y Democracia (UPyD) reclama que todas las calles de un solo carril se transformen en ciclocalles y la prohibición a los ciclistas de circular por la acera en las vías rápidas.