RTVV readmitirá a los trabajadores, les dará vacaciones y volverá a echarlos

Nadie sabe cuánto tardará, pero el proceso de cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) se perfila como algo tan confuso y contrario al sentido común como la trayectoria que ha conducido a la anulación del expediente de regulación de empleo (ERE) y la decisión de Alberto Fabra de liquidar el servicio público. En cumplimiento de la sentencia, la empresa readmitirá a los mil trabajadores despedidos, pero no quiere verlos en sus instalaciones, por lo que les dará vacaciones y, una vez las consuman, permisos retribuidos, hasta que la cadena pública quede liquidada. Esa liquidación irá acompañada probablemente de un ERE de extinción, que afectará a esos mil y al resto de trabajadores de RTVV, hasta los cerca de 1.700 de la plantilla. Solo se exceptuará de este tratamiento a aquellos empleados que la dirección considere necesarios para la producción, a quienes reincorporará a sus puestos de trabajo. El plan, cuyos costes nadie ha evaluado todavía oficialmente, comenzará a aplicarse a partir de la semana que viene.

Los representantes de los trabajadores de RTVV trataron de convencer ayer al director general designado de urgencia, Ernesto Moreno, a quien pidieron que hiciera de intermediario con el Consell, de que la nulidad del despido colectivo de un millar de empleados no tiene por qué traducirse en el cierre de la radiotelevisión autonómica. El comité de empresa se reunió con Moreno por la mañana y otra vez por la tarde. El director general les explicó que baraja readmitir al millar de trabajadores despedidos entre diciembre de 2012 y agosto de 2013, como exige la sentencia de anulación. A continuación, los mandará de vacaciones y los volverá a despedir. La casuística para aplicar el plan es tan amplia que complicará su gestión. Hay despedidos que se han reincorporado a antiguas plazas de funcionarios, que han rehecho su vida laboral en otro puesto de trabajo o que han puesto en marcha un negocio. La devolución de indemnizaciones y el pago de salarios de tramitación deberán calcularse caso por caso. Y nada impide, en principio, que a los conflictos individuales se sume una nueva batalla por el despido colectivo definitivo.

“Si nos hubiesen dicho lo que íbamos a vivir, jamás lo hubiéramos creído”, señalaba ayer un miembro del comité de empresa, que había recelado de que el Consell tratara de retrasar el cumplimiento de la sentencia hasta un momento en que pudiera alegar que la empresa pública ya no existía. El comité insistió en que todavía se puede “revertir” la situación. De momento, señalaron los representantes de los trabajadores, “la empresa no quiere ver la foto de la gente volviendo a la casa porque es la imagen de su derrota”.