Tras el rastro del desfalco en el Club Deportivo Castellón

El Club Deportivo Castellón ha pasado de la gloria a la miseria. Ha pasado de aspirar a subir a Primera a bajar a Tercera por no pagar a sus jugadores. Y de tener unas cuentas supuestamente saneadas (con subvenciones públicas), a estar en quiebra y con sus exgestores investigados por un presunto delito societario. El juzgado Mercantil 1 acaba de declararlo en concurso de acreedores. Otro juzgado investiga varias denuncias de accionistas y de la propia directiva contra quienes dirigieron el equipo en los últimos años. Ya hay 20 imputados, entre ellos, la cúpula de Castellnou 2005, la empresa dueña del equipo hasta verano de 2011.

Los denunciantes aseguran que se ha sacado del club una cifra que ronda los cinco millones de euros. El Ayuntamiento y la Diputación se han personado en la causa porque han subvencionado al equipo con importes que rondaron los 600.000 euros anuales. “Nos ha surgido la duda de si pudieron falsificar la documentación para obtener las ayudas”, apunta la edil de Deportes, Begoña Carrasco. La edil recuerda que todas las ayudas han sido justificadas. Otro ejemplo de ayudas es el convenio que firmó la Diputación en 2007 para destinar casi 200.000 euros a sanear el déficit de la temporada anterior. Los denunciantes critican que ni el abogado del Consistorio ni el de la Diputación han realizado aportaciones en el proceso para exigir explicaciones de dónde se gastó el dinero.

Sólo el Ayuntamiento aprobó ayudas por 1,7 millones entre 2005 y 2009. En noviembre de 2010 se supo que el club tenía una deuda con Hacienda y al mes siguiente dejó de pagar a la plantilla, lo que provocó un descenso administrativo a Tercera. El Consistorio no ha vuelto a dar ayudas por no cumplir con Hacienda ni Seguridad Social. El actual presidente y consejero delegado del CD Castellón, David Cruz, reveló en la junta de accionistas celebrada en verano que esa temporada hubo ingresos por 1,7 millones, además de un pagaré de 472.000 euros. “Sólo con este pagaré se podían haber atendido las deudas que llevaron al descenso”, dijo.

La actual directiva ha hecho cuentas de la administración de los últimos años y habla también de un agujero de cinco millones por supuestas facturas hinchadas o trabajos inexistentes, así como pagos a sociedades vinculadas a los antiguos gestores. Su denuncia —con unos mil folios de documentación— provocó que el juez ampliara a 20 el número de imputados en la causa. En un principio, las actuaciones se centraron en los miembros de Castellnou: Antonio Blasco (exconsejero delegado del club), José Manuel García Osuna (asesor deportivo) y José Laparra (expresidente del C.D. Castellón). Este último imputado además por el controvertido asalto a la casa de una pitonisa.

El Ayuntamiento y la Diputación ayudaron al club con 600.000 euros

Cruz encargó auditorías y descubrió que en la temporada 2009/10 no hubo beneficios como reflejaron las cuentas, sino pérdidas de 1,9 millones. Las dos temporadas siguientes se añadieron otros 1,5 millones de pérdidas. En total, habló de una deuda que supera los cinco millones. “La cifra coincide con lo que nosotros denunciamos que se ha sacado del club”, asegura Enrique Galindo, el letrado del grupo de accionistas (reunidos en Sentimiento Albinegro) que llevó a la anterior cúpula a los juzgados. Ellos sostienen que al menos tres millones se han podido desviar a sociedades vinculadas a los gestores imputados, otro millón son extracciones de efectivo y el millón restante lo achacan a servicios no prestados o inflados. Blasco pasó la semana pasada ante el juez y habló de “manipulación de documentos”, que su firma ha sido falsificada y acusó a las instituciones de provocar el descenso a Tercera.

La sospecha está en saber si el dinero aportado por el Ayuntamiento, la Diputación y por la sociedad pública Aeropuerto de Castellón (que debe 720.000) ha tenido otro destino distinto al justificado. Desde Sentimiento Albinegro se quejan que las dos instituciones se han personado en el caso pero ponen en duda su interés. “No han hecho ninguna pregunta a los imputados”, dicen. Los accionistas se reunieron este sábado para abordar el estado de la investigación judicial y criticaron también la falta de apoyo económico. En la asamblea se habló de la necesidad de encargar un peritaje para seguir “el rastro del dinero”, pero su elevado coste les impide asumirlo, así que su esperanza es que lo pida el fiscal.

Los accionistas dudan de cómo se han utilizado los fondos públicos

Los accionistas tienen dudas de cómo se han utilizado los fondos públicos. Un ejemplo es que, en la auditoría encargada se evaluó una factura por 290.113 euros para el vallado de seguridad y pintado de escaleras del estadio, obras subvencionadas por la Liga de Fútbol Profesional. Ahora, un perito contratado por la nueva directiva asegura que lo realizado costó sólo 30.575 euros. La gran cantidad de documentos y la envergadura del caso (hasta 20 imputados) hacen temer a los denunciantes un “largo y costoso” proceso.