El Consorcio Valencia 2007 arrastra una deuda cercana a los 400 millones de euros

El Consorcio Valencia 2007, organizador de La Copa del América y gestor de la Marina Juan Carlos I, suma una deuda cercana a los 400 millones de euros. Este organismo, del que forman parte el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento, asumió en 2007 una deuda con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 320 millones de euros, con los que se financiaron las obras para la celebración de la Copa del América en la capital. Desde entonces, el pasivo ha crecido a razón de 13 millones anuales hasta alcanzar los 398 millones de euros, según recogen los anexos del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2014.

El concejal de Compromís en Valencia Joan Ribó recalcó ayer que la deuda anual se ha disparado en 2013 y 2014, con unas pérdidas previstas de 22 y 23 millones, respectivamente. "Y el Ayuntamiento de Valencia es responsable de un tercio de la deuda global [132 millones de euros]. Ésa es la herencia de [Rita] Barberá", denunció.

Ribó denuncia que las pérdidas se disparan en los años 2013 y 2014

Los fondos propios negativos del consorcio, según el citado anexo, ascienden a 188,95 millones en 2013 y 205,29 en 2014, "lo que implicaría la quiebra en cualquier sociedad limitada", se quejó el portavoz de Compromís. Las previsiones del Consorcio para 2014 no son mucho mejores. Hay unas deudas comerciales pendientes de cobrar de 12,48 millones en 2013 y 5,75 en 2014 y los ingresos por el negocio se calculan en 4,9 millones este año y en 5,5 en 2014. "Quieren decir que hace dos años y medio que nadie paga", recalcó el edil, que lo achacó a la mala gestión del consorcio.

El consorcio se creó para la organización de la Copa del América en Valencia. El protocolo de 2003, donde se establecieron las condiciones, decidió que el Gobierno español no se haría cargo de las obras de acondicionamiento de la dársena. Se pagarían con un crédito del ICO, que se amortizaría con la posterior explotación comercial de la dársena. Barberá intentó que fuera el Estado quien corriese con todos los gastos, como ocurrió con las Expo de Sevilla y Zaragoza o los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero no tuvo éxito. Los Gobiernos local y autonómico eran del PP y el español, del PSOE, y no se entendieron.

Ninguna de las tres Administraciones miembro del consorcio han devuelto un euro del préstamo al ICO, solo han pagado parte de los intereses. La parálisis comercial de la dársena, que malvive gracias al alquiler de amarres y la celebración de eventos, no ha contribuido a mejorar unas maltrechas cuentas.

El diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados Joan Baldoví ha solicitado hasta en tres ocasiones las cuentas y la memoria del Consorcio Valencia 2007 y no ha obtenido respuesta. Incluso ha pedido el amparo del presidente del Congreso, Jesús Posada. "Deben ser un secreto de Estado", ironizó Ribó, que ofreció la conferencia de prensa de ayer acompañado de Baldoví.

Compromís, y como luego recordó el Gobierno local, el resto de grupos políticos de las Cortes, incluido el PP— aprobaron el pasado mes de julio una moción para que el Ejecutivo español asuma una parte de la deuda del Consorcio o realice "una aportación adicional para generarle fondos suficientes" porque al día de hoy el consorcio está asfixiado por las deudas.

La presión económica y la poca disposición del actual Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del PP, a más desembolsos, han llevado al Consistorio a redactar un plan especial para la Marina, cuyo principal objetivo es generar ingresos lo antes posible. El planeamiento ha salido a exposición pública y los grupos de la oposición ya han criticado que la práctica totalidad de espacios se dediquen al negocio del ocio. El concejal delegado de Urbanismo, Alfonso Novo, lo ha defendido pero ha reconocido que se tienen que amortizar 320 millones de euros, salvo que se condone la deuda.