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OPINIÓN

Cambiar el rumbo

El maridaje entre cargos políticos y alta dirección policial ampara actuaciones anómalas e impide el control democrático

De un tiempo a esta parte la ciudadanía percibe una excitación notable en la Policía de Catalunya, que se plasma en una serie de hechos, como mínimo, intranquilizadores. Esta excitación se traduce en frecuentes desaguisados, algunos ciertamente graves por sus consecuencias, otros quizás magnificados, que para cuerpos más veteranos serían tratados, sin razón, con más tolerancia. La policía no puede sustraerse ni a la naturaleza de su función —jerarquía, uso de la fuerza material directa, recolección de informaciones a raudales—, ni a las condiciones de su ejercicio —urgencia, pretensión de eficacia, penosidad, riesgo personal— ni a sus objetivos —garantizar los derechos individuales y la seguridad ciudadana—-. Todo ello aderezado por un control político, necesario, pero no siempre bien ejercido, y un tendencioso corporativismo fagocitador de todo control. Este permanente inestable equilibrio se encuentra en todo tiempo y lugar, también en los regímenes inequívocamente democráticos.

Remedios y prevenciones para que no se produzca un desbordamiento existen. Remedios y prevenciones que tienen en común un requerimiento: la inequívoca voluntad política y profesional de emplearlos y aplicarlas a fondo. Sin esta férrea voluntad todo será papel mojado. La primera prevención es una formación policial (humana, técnica, jurídica, ética) de primer nivel. Es costoso y no solo, aunque también, económicamente. Si lo que se prima es la foto para salir en las portadas de los medios, celebrando promociones y aperturas de centros, el camino es erróneo. La formación rápida, igual que el fast food no es comida decente, no es más que un sucedáneo de formación.

En segundo lugar, hay que poner a disposición de las fuerzas policiales medios materiales y personales adecuados para sus funciones. No se trata solo de dotar a los policías de armas o microscopios según su área de trabajo. Con más de 30 años a cuestas, los Mossos no disponen de un reglamento de armas policiales —que ha de facilitar la Administración— con indicación clara, precisa y pública de las condiciones para considerar al policía adiestrado en su uso y en qué situaciones han de utilizarse. El instrumental policial está aun en una fase muy embrionaria y, en alguna medida, dista de la uniformidad necesaria. Dotar de medios personales supone, además de una publicitada plantilla orgánica policial adecuada al territorio y a las funciones encomendadas, no destinar efectivos policiales a funciones no policiales; las tareas burocráticas serían el ejemplo más evidente, pero ni la única ni la más grave disfunción.

Pero todo esto de poco sirve si no se ataja esa tácita alianza, que renace con cada renovación de la cúpula política, entre cargos políticos y alta dirección policial. Se produce un maridaje entre cargos políticos, ajenos a la policía —y a menudo sin conocimiento del mundo policial—, y la élite de los agentes significados del cuerpo que de facto lo rigen. Este maridaje, más que una colaboración leal, es una contraapoyo de espalda contra espalda a fin y efecto de que las dos partes de la institución, la política y transitoria, por un lado, y la profesional y permanente, por otra, mirándose de reojo, lleven a delante la misión de fomento de la seguridad pública.

De lo dicho se colige que el poder político, al pretender, a veces, fines más de imagen que reales y efectivos o directamente espurios, consiente a los agentes y sus mandos o fuerza comportamientos más que anómalos y ampara su justificación pese a carecer de toda justificación. A su vez, el cuerpo busca blindarse en el ejercicio de sus funciones cediendo en algunos aspectos laborales, funcionales o de objetivos propagandísticos, a cambio de conseguir la más amplia autonomía en la gestión de la institución y mantenerla lo más alejada posible de un auténtico control político. Este control, si fuera tal, sería un control democrático de la sociedad, vía sus representantes, de una de las mayores fuentes de peligro que alberga la sociedad moderna: el poder de ejercer, dicho en fino, la coacción directa y el acarreo de información de toda laya.

Pongamos dos ejemplos antitéticos. Por un lado, en la época del Tripartito, tras no pocos escándalos, se instalaron cámaras en las celdas y otras dependencias policiales y se publicó un código ético. Con las cámaras —nada infrecuentes en nuestro entorno— cesaron los escándalos por malos tratos en comisaría. En cambio, el código ético no resistió las presiones de las élites policiales corporativas y, recuperado el poder por CiU, se derogó. A título de ejemplo, sucedieron como consecuencia, o no, el más que discutible desalojo de la Plaça de Catalunya o la ristra de fantasías en el caso de los informes de las lesiones a Ester Quintana, sin que por ninguna de esas acciones u otras similares se depurara la más mínima responsabilidad. Por no hablar de la gestión de los indultos a policías condenados por torturas.

O se pone remedio a este maridaje, se toma públicamente la seguridad en serio y se deja de patrimonializar la seguridad, sin consentir una sola manzana aparentemente podrida, o la calidad democrática, lejos de brillar, todo lo más será mate.

Joan J. Queralt es catedrático de Derecho Penal de la UB.