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Una juez de Orihuela exige las facturas de 340.000 euros que el PP pagó por Fitur

El Ayuntamiento denunció ante la Fiscalía el pago fraccionados inferiores a 18.000 euros

Un juzgado de Orihuela (Alicante) investiga las facturas que el gobierno del PP oriolano pagó entre 2008 y 2011 a varias empresas por gestiones realizadas para promocionar el municipio en Fitur, el certamen internacional de turismo. El pasado 31 de octubre, el Consistorio de Orihuela recibió orden judicial de remitir en 10 días un informe del secretario municipal “especificando” cómo se presentaron las facturas y por quién.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela exige certificar una documentación que el equipo de gobierno actual —Los Verdes y PSOE— llevó en mayo ante la Fiscalía. Según la denuncia inicial, el anterior gobierno del PP en Orihuela llegó a pagar 340.000 euros a varias empresas del entorno de Bilbao (País Vasco) en fracciones de 18.000 euros.

El fraccionamiento de las facturas, según explicó entonces la edil socialista Antonia Moreno y teniente alcalde, se hizo para evitar la concurrencia pública. Desde el 2008 y durante cuatro años, el gobierno de la popular Mónica Lorente —también imputada en el caso Brugal— pagó cantidades a cinco empresas vascas de las cuales cuatro estaban administradas por miembros de una única familia y con una apoderada con sede en el edificio en cuyo bajo está la sede del PP de Getxo, según contó la edil.

Entre las facturas aportadas a la Fiscalía por el gobierno ecosocialista figura que por un cuadro de luz, 20 halógenos, dos focos especiales para un libro y un olivo de tamaño bonsai se pagaron 12.000 euros. Además, solo por el traslado y montaje del olivo-bonsai, se facturaron 8.262 euros. El alquiler de una pantalla de plasma de 50 pulgadas con DVD, sonido y línea de internet, 6.960 euros. En 2009 y 2010 se facturaron los mismos conceptos con diferentes importes. Son algunos de los datos llamativos que ofreció Moreno.

Ante esta cuestión, el PP siempre se ha escudado en que los servicios se realizaron con el aval de los técnicos municipales.En caso de que la jueza viera indicios de delito podría imputar a la concejal responsable de Turismo entonces y actual presidenta del PP local, Josefa Ferrando, lo que la convertiría en la sexta imputada de los 11 ediles populares que forman el grupo municipal.

El pasado verano Ferrando protagonizó un intento de moción de censura de su grupo sobre el alcalde verde Monserrate Guillén. Fue precisamente después de que la dirección popular desde Valencia censurara la moción presentada por Mónica Lorente por estar imputada.

 

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