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OPINIÓN

La liquidación del audiovisual público

A estas alturas, alcanzadas las cotas de deterioro que todos conocemos, ya ni como instrumento de manipulación parecía servir Canal 9 a nuestros gobernantes

El anuncio del cierre de RTVV como consecuencia de la sentencia que declaró nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) culmina una cadena de despropósitos que retrata a la perfección, además de cuán pobremente concibe el Consell el audiovisual público, la total ausencia de competencia con la que desde la Administración pública valenciana se suele trabajar. Conviene, sin embargo, resaltar un par de elementos.

De una parte, no es sorprendente en modo alguno, a estas alturas, que la decisión del Consell sea cerrar RTVV. Tras años de mala gestión, de falta de ambición como industria y de haber traicionado todos y cada uno de los objetivos que debían haberla convertido en un instrumento útil para la sociedad, es posible incluso plantear si este resultado no forma parte, sencillamente, de un plan preconcebido para liquidar para siempre el audiovisual público valenciano. La degradación conduce a la irrelevancia práctica, antesala del cierre. Y a estas alturas, alcanzadas las cotas de deterioro que todos conocemos, ya ni como instrumento de manipulación parecía servir Canal 9 a nuestros gobernantes.

Si combinamos este elemento con la gestión de las licencias privadas de televisión y radio, tanto autonómicas como locales, donde el reparto (por cierto, también anulado por el Tribunal Supremo sin que nada haya cambiado) se ha hecho con unos criterios fácilmente comprensibles cuando se analiza la identidad de los beneficiarios, todo se ve más claro.

Únase a este factor la impresentable laxitud reguladora, que es imposible no percibir con pegarse una vuelta con el mando a distancia por las emisiones que nos regalan estos felices intermediarios y el panorama aparece más claro: un reparto de bienes públicos (las licencias) a ciertas personas para que, sin ni siquiera la competencia de un modelo de audiovisual público solvente, puedan rentabilizar sin obligación alguna su oligopolio a base de tarots y teletiendas varias. Si además se liquidan también las emisiones de un servicio público con algo de dignidad (y cierta audiencia entre la población) como eran las de TV3 (también anuladas por una sentencia del Tribunal Supremo, por cierto), pues mejor todavía.

La falta de profesionalidad en la gestión, por otra parte, ha alcanzado cotas inconcebibles en los últimos tiempos, con un ERE diseñado por una empresa privada (como tantas y tantas cosas que lleva haciendo la Generalitat en los últimos años con penosos resultados), probablemente porque ésta era la manera de que los criterios objetivamente impresentables para seleccionar al personal (y que a la postre han determinado su nulidad) pasaran un filtro que los trabajadores públicos de la Generalitat quizás no habrían sido capaces de avalar.

En todo caso, quizás la liquidación de esta RTVV no sea algo terrible, pero sí lo es que desaparezca (algo que pasó hace ya años a efectos prácticos) el audiovisual público valenciano. Más que nada porque, de momento, es evidente que el mercado (controlado por esos afortunados licenciatarios) no es capaz de generar contenidos de proximidad y en valenciano de un mínimo de calidad. Una carencia que es problemática en términos democráticos y que, la verdad, habría que tratar de paliar en cuanto sea posible. Preferiblemente, a cargo de gente que crea de verdad en la importancia de este tipo de servicio público.

@Andres_Boix blog en http://blogs.elpais.com/no-se-trata-de-hacer-leer/