La juez imputa a ocho ‘mossos’ por la muerte del empresario del ‘Gayxample’

Los ocho agentes de los Mossos d’Esquadra que participaron en la violenta detención de Juan Andrés Benítez, que falleció en el barrio del Raval tras ser reducido por la policía, declararán como imputados por la muerte del empresario del Gayxample. La juez ha descartado que Benítez, de 50 años, muriese como consecuencia de la pelea que, la noche del 5 de octubre, mantuvo con un vecino. La investigación apunta de forma inequívoca hacia la actuación de los policías, a los que el Departamento de Interior ha decidido apartar temporalmente de sus funciones.

La juez considera que los mossos “no se limitaron a efectuar maniobras de reducción” sobre Benítez, sino que le propinaron “golpes, puñetazos y patadas” mientras estaban “encima” de él. La violencia policial ha sido acreditada por la mayoría de los once testigos de los hechos que, hasta ahora, han declarado en sede judicial. Y, sobre todo, por las imágenes —difundidas por EL PAÍS— que grabó una vecina y que muestran los golpes que recibió un Benítez ya inmovilizado.

En su auto, la magistrada Eva Moltó no es ajena al impacto que provoca el vídeo. “Al igual que muchos ciudadanos”, relata, (...) “hemos escuchado los estremecedores lamentos y gemidos, aparentemente agónicos, que profería el señor Benítez y que (...) fueron decreciendo en intensidad hasta desaparecer por completo en un determinado momento”. Las agresiones, sigue el escrito, “prosiguieron una vez cesaron los gritos”. Los testigos han corroborado —“de manera serena, verosímil, rotunda y sin el menor atisbo de animadversión contra los agentes”— que vieron los puñetazos y patadas. Uno de ellos afirmó incluso que un agente utilizó una defensa extensible “de modo horizontal”, un extremo que aún está investigando el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), que se hizo cargo de la investigación por orden de la juez.

La juez atribuye a los ocho mossos un delito contra la vida “y / o” contra la integridad física. El motivo es que aún no está claro que la muerte de Benítez fuera provocada por los golpes de los mossos, ya que el hombre sufría también una enfermedad cardíaca. Según la autopsia preliminar, la dolencia pudo influir, pero lo cierto es que el empresario murió de forma “violenta” por múltiples golpes en la zona “craneo-facial”.

El informe del CNP constata, sobre la base de las imágenes, que uno de los agentes propinó cinco puñetazos en el lado izquierdo de la cabeza a Benítez. El consejero de Interior, Ramon Espadaler, puso en duda el pasado jueves las conclusiones de la policía, pero se comprometió a tomar medidas disciplinarias contra los agentes si resultaban imputados. Ayer, nada más conocer la decisión judicial, anunció que los policías quedaban suspendidos de empleo y sueldo.

Los ocho mossos no solo deberán responder por su presunta implicación en la muerte de Benítez. También, por infligir malos tratos al empresario, por amedrentar a testigos y por intentar borrar pruebas de lo sucedido la noche del 5 de octubre en la calle de Aurora, en el barrio de El Raval de Barcelona. Además del delito contra la vida, la juez atribuye a los ocho agentes un delito de torturas, otro de obstrucción a la justicia y uno más de coacciones.

El caso Raval pivota, en buena medida, sobre las imágenes captadas por una vecina desde su balcón. La mujer, una italiana que estos días se halla fuera de Barcelona, denunció que dos policías se presentaron en su casa un día después de los hechos para exigirle que borrara lo que había grabado. La juez señala la existencia de “una segunda testigo” que reiteró esas mismas acusaciones. De ahí, concluye el auto, el presunto delito de coacciones.

Las imágenes también muestran el charco de sangre —de unos 50 centímetros de diámetro, según algunos testigos— que quedó en el suelo tras la reducción policial. La juez subraya que, según “varios testigos”, uno de los policías “hizo desaparecer la mancha de sangre” (...) “vertiendo agua sobre ella antes de que los servicios municipales de limpieza actuasen sobre la zona”. Esa conducta “tendente a la destrucción de pruebas” puede suponer un delito de obstrucción a la justicia, añade la resolución.

Los hechos ocurrieron hacia las 22.30 cuando, por motivos poco claros, Benítez agredió, cerca de su casa, a una mujer marroquí. El marido de ésta, El Yazid A., bajó a ayudarla y ambos pelearon. Según los Mossos —su versión ha sido desmentida por los testigos—, cuando las patrullas llegaron aún estaban peleando, por lo que tuvieron que separarles. Una mossa pidió a Benítez que se identificara y, tras una disputa entre ambos —según los Mossos, el hombre mordió y tiró del pelo de la agente— comenzó la reducción policial.

Lo cierto, señala la juez, es que “cuando terminó la reyerta”, Benítez “se marchaba por su propio pie”. El empresario, coinciden los testigos, no tenía “ninguna herida visible”; a lo sumo, alguna contusión “de tan escasa entidad que hubiera precisado una primera asistencia facultativa”. De ahí que a El Yazid A. —hasta ahora, el único imputado en la causa— solo pueda atribuirle una falta de lesiones. Y ni eso porque, según la juez, que ha decidido exculparle, actuó en “legítima defensa” para proteger a su esposa.

La juez cree que los ‘mossos’ borraron pruebas y coaccionaron a una testigo

Después de conocer los detalles del auto, Espadaler compareció brevemente ante los medios para informar de la suspensión de funciones de los ochos agentes. “Nos comprometimos”, esgrimió, e insistió en que la juez cuenta “con más información” que Interior, en referencia a las propias declaraciones del consejero, apenas tres días antes, defendiendo que no hubo “mala praxis”.

Entonces Espadaler afirmó que, tras analizar las imágenes que se habían hecho públicas, el informe del CNP era “claramente erróneo” cuando concluía que un mosso golpeó cinco veces en la cabeza a Benítez. “No se puede afirmar”, insistió, que fuese en la cabeza. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, respondió ayer que “<CF1004>no debería ser muy mal informe a la vista de la decisión judicial”.

Todos los partidos — a excepción de ERC y CiU— pidieron de nuevo la dimisión del director de la policía, Manel Prat. Espadaler se negó, en una entrevista a TV3, desvelar si tomará alguna medida contra él.