El Supremo revisa el indulto al kamikaze que causó una muerte en Polinyà

Los parientes de José Alfredo Dolz, el joven de 25 años que murió en 2003 por la brutal colisión de un conductor kamikaze, apurarán el último cartucho para devolver a prisión al hombre que rebanó la vida del fallecido en una carretera de Polinyà del Xúquer. El kamikaze permaneció solo diez meses en prisión. Fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy de una condena ejemplar de 13 años.

La familia fía su futuro al Supremo, que este martes debatirá un recurso contencioso administrativo para anular el indulto. La probabilidad de un fallo de los 39 magistrados del pleno del alto tribunal que corrija al Gobierno es lejana. Los precedentes se reducen a la revocación parcial del polémico perdón del Gobierno socialista al consejero delegado del Santander Alfredo Sáenz. Además, el recurso de la familia se basa en una multa de febrero de 2010 por exceso de velocidad anulada por la Dirección General de Tráfico del Gobierno del PP. La sanción borró el historial temerario del conductor antes del indulto, en diciembre de 2012. Y desvanece los argumentos jurídicos del recurso, según admite la familia.

“La justicia hizo un trabajo ejemplar pero el Gobierno enterró la laboriosidad de los tribunales”, relata Loreto Dolz, hermana del fallecido. Ella acumula una batalla legal de una década para restablecer la justicia de la víctima, que trabajaba en la empresa avícola familiar de Alginet. Y mañana presentará 17.000 firmas que se sumarán a las 45.000 recogidas en diez meses contra el indulto. En el probable escenario de que el Supremo tumbe el recurso de la familia —no se conocerá inmediatamente—, la defensa del fallecido descarta acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. “Se trata de un proceso muy costoso y largo”, argumenta el abogado, Agustín Ferrer.

Enfrente tienen al bufete de Uría Menéndez, uno de los más exclusivos de España con 534 letrados, entre los que destaca el defensor del conductor imprudente, Esteban Astarloa, hermano del que fuera subsecretario de Justicia entre 2000 y 2002 del Ejecutivo de José María Aznar.