Un decano en estado crítico

Es decano de la prensa sevillana y, a su vez, un ejemplo de la sangría laboral que la crisis está provocando en los medios de comunicación. Desde 2010, el diario El Correo de Andalucía atraviesa una de las etapas más complicadas de sus casi 115 años de historia. Al despido de parte de la plantilla se suman la reciente dimisión de su director, las bajadas salariales y los retrasos en los pagos —actualmente, los 53 trabajadores denuncian que se les adeuda la paga extra de verano, parte de la nómina de septiembre y la de octubre—. En este clima de incertidumbre, el Grupo Alfonso Gallardo decidió vender esta semana su cabecera a Diego Castrejón después de que, en el último momento, un primer inversor se echará atrás, según fuentes conocedoras de la operación. Para los trabajadores, la venta no aclara el futuro de la cabecera y mantienen convocada una huelga para la próxima semana. Fuentes cercanas a la transacción resaltan que la situación es provisional.

Castrejón visitó el lunes la redacción e informó a los empleados de que el Grupo Alfonso Gallardo (propietario de la cabecera desde 2007) había vendido el periódico a un inversor que le había nombrado consejero delegado. En esa reunión, Castrejón aseguró que el objetivo de los nuevos dueños del periódico era “potenciar su identidad andaluza, realizar una apuesta por los valores de progreso de la comunidad autónoma y afianzar la posición de referencia que históricamente ha tenido el decano de la prensa sevillana en vísperas, además, de celebrar su 115 aniversario”. Así lo comunicó también el diario en su propia web. “A los trabajadores poca más información nos dio”, aclaran desde el comité.

Pero la operación, en la que mediaba el grupo inversor vasco Abra Invest, se torció. El jueves, Castrejón volvía a reunirse con los trabajadores y les informaba de que el inversor había dado marcha atrás pero que él asumía personalmente el coste de la transacción abriendo una etapa de transición. Según fuentes de la operación, Castrejón asume la deuda del periódico (cifrada en más de 1,5 millones) y abona un euro. Ayer, este periódico pudo contactar con Diego Castrejón, quien prefirió no pronunciarse ante una situación “muy complicada”.

Castrejón fue condenado en julio por el Juzgado de lo Penal 2 de Sevilla a un año de prisión por estafa de 4.532 euros. Según la sentencia, recurrida ante la Audiencia, se “atribuyó falsamente” la representación de la empresa que organizaba el concierto de U2 en Sevilla y vendió entradas que no se entregaron.

Castrejón ya intentó hacerse con El Independiente de Cádiz, una cooperativa integrada por periodistas de la provincia gaditana que se encontraba en situación de quiebra. Castrejón les ofreció hacerse con la titularidad de la sociedad a cambio de asumir el pago de las nóminas de la plantilla. Según fuentes cercanas al caso, el pago nunca se produjo.

Este clima de incertidumbre llevó a los trabajadores de El Correo de Andalucía, que ya han dejado de firmar, a respaldar de forma unánime un paro de cinco días. “La huelga responde a los retrasos de pagos y a la incertidumbre sobre el futuro del medio”, explican los trabajadores, quienes están llamados a la huelga desde el lunes hasta el viernes. “El lunes celebraremos una asamblea en Plaza Nueva en la que debatiremos las acciones a acometer”, explican estas fuentes, quienes apuntan que, el jueves, Diego Castrejón les dio un ultimátum. “Aseguró que el martes abonaría los pagos pendientes si desconvocábamos la huelga, si no, seríamos los últimos en cobrar”, agregan. Desde el comité de empresa, se cree que el respaldo a la huelga será mayoritario.

Dentro de su estrategia de diversificación, el Grupo Alfonso Gallardo, una empresa metalúrgica con sede en Badajoz, compró a Prisa, el grupo editor de EL PAÍS, el diario El Correo de Andalucía. La operación vino acompañada, según recuerdan desde el comité de empresa, por una importante inversión que lanzaría a este decano de la prensa sevillana a la Red y permitiría aumentar la plantilla. Pero llegó la crisis y con ella las diferentes regulaciones de empleo que han dejado en situación crítica a la cabecera que el arzobispo de Sevilla, Marcelo Spínola y Maestre, fundó en 1899.