El Gobierno desbloquea El Cabanyal sin aceptar el expolio de Barberá

El Gobierno español mantiene la orden del Ministerio de Cultura de 2010 que protege el barrio de El Cabanyal e invalida el plan urbanístico original que incluía la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a costa de derribar más de 400 edificios del barrio marinero. Una parte de los inmuebles ocupan una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y, por tanto, no pueden demolerse como pretendía el Gobierno de la alcaldesa Rita Barberá.

Después de 15 años de conflicto urbanístico, las tres Administraciones implicadas —Gobierno y Generalitat y el Ayuntamiento— desbloquean la disputa judicial, convencidas de que la orden de expolio que dictó la entonces ministra Ángeles González-Sinde es inapelable. Por ello, el Gobierno español desiste del recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley autonómica que avalaba la prolongación porque el Consell se ha comprometido a derogarla en un plazo de tres meses. Ambas Administraciones se comprometen a estudiar con el Ayuntamiento de la capital cómo adaptar el plan urbanístico de El Cabanyal a la orden de Cultura que paralizó en 2010 los derribos de casas ordenados por Barberá en la zona.

El pacto ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros, que, en su resolución, advierte de que hasta que no se adapte, la Generalitat se compromete a mantener suspendido el plan oficial. El vicepresidente del Consell, José Ciscar, confirmó al término de la comparecencia de todos los viernes que el plan de Barberá deberá respetar y adaptarse a la declaración BIC de una parte del barrio marinero. Preguntado por si esta solución hace posible la prolongación de Blasco Ibáñez, Ciscar señaló que ahora lo primero que se tiene que hacer es “buscar esas fórmulas” y cuando se tengan, se darán todos los datos.

El vicepresidente y portavoz del Consell explicó que el Ayuntamiento de Valencia también tendrá que adaptar el plan especial de protección y reforma interior de (PEPRI) de El Cabanyal a la legalidad vigente del decreto del Consell 57/ 1993 que califica el barrio marinero de bien de interés cultural. “No se reduce ningún grado de protección”, recalcó Ciscar, que explicó que el acuerdo a tres bandas se cerrará en las próximas semanas.

En el Consistorio, la alcaldesa compareció la primera. “Hoy ha comenzado la solución y el desbloqueo de la situación de El Cabanyal tras deshacerse el entramado jurídico” en torno a la orden de González-Sinde, manifestó Rita Barberá, a la que las otras dos Administraciones públicas dejaron el protagonismo del anuncio.

La alcaldesa insistió en que “se ha quitado todo lo que atenazaba la orden por arriba para poder entrar a operar”. Barberá considera que el acuerdo le permitirá por fin ejecutar su plan en El Cabanyal. La adaptación del proyecto urbanístico a la orden de González-Sinde se llevará a cabo, precisó, con “sentido común”, “racionalidad” y “calma”. “Se hará con todo respecto y consideración para que mantenga un recuerdo claro de lo que fue el barrio”, agregó, dando a entender su intención de ejecutar con el plan original.

Sáenz de Santamaría dice que el plan se adaptará a la orden de González-Sinde

Maribel Doménech, portavoz de Salvem El Cabanyal, plataforma que combate desde hace años el plan de Barberá, criticó “la cobardía” del Ayuntamiento por no esperar la sentencia del Tribunal Constitucional que hubiera avalado la paralización del proyecto urbanístico. “Hacen el ridículo”, agregó Doménech, “porque no ha cambiado nada”.

Doménech entiende que el problema sigue sin desbloquearse, en contra de lo afirmado por Barberá. La plataforma clarificará la situación legal para evitar “la alarma” que se está creando porque pese a “esos alardes no modifica en absoluto la prohibición de derribos en El Cabanyal”, subrayó en alusión a lo manifestado por la alcaldesa.

Los grupos de la oposición interpretaron el anuncio en otra clave. “Es propagandístico y responde a un intento del Gobierno de deshacer el entuerto creado por Barberá”, declaró el portavoz municipal socialista, Joan Calabuig. El concejal reclamó al Gobierno local que retire la circular municipal que paraliza las licencias de obra y de actividad que no se conceden desde hace tiempo por la propia orden ministerial. “El plan [de El Cabanyal] tendrá que interpretarse a la luz de la orden y de acuerdo a la nueva realidad económica e inmobiliaria”, concluyó aludiendo sin rodeos a la falta de interés del sector privado por el proyecto.

Salvem critica la cobardía de Barberá por no esperar el fallo del TC

Joan Ribó, portavoz de Compromís, acusó a la regidora de “vender su derrota en El Cabanyal como una victoria”. La derogación de la ley de la Generalitat de 2010 “supone retrotraernos a la ley anterior, la de 1993, que declaraba como BIC, el centro histórico de El Cabanyal”. En opinión del edil, “en vez de rectificar, asumir las consecuencias y pedir perdón a los vecinos de El Cabanyal por más de 15 años de sufrimiento, ha montado un circo en el Consistorio”.

El portavoz de EU, Amadeu Sanchis, reiteró, como el resto, que la orden ministerial está en vigor, y lo que pretende Barberá es “una argucia jurídica ilegal que sabe que no se puede aplicar”.