El Constitucional acepta el recurso del Gobierno y congela el plan del Cabanyal

El plan del Ayuntamiento de Valencia que prolonga la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa del derribo de cientos de inmuebles de El Cabanyal, quedó ayer en suspenso, congelado. El Tribunal Constitucional (TC) aceptó a trámite el recurso presentado por el Gobierno español contra el decreto ley con el que el Consell quiso desproteger el barrio marinero tras la intervención del Ministerio de Cultura. No fue el único asunto valenciano que trató el Constitucional. El pleno dio curso a un segundo recurso contra una ley valenciana, la Ley de Caza donde se regula la práctica del parany.

El ministerio que dirige María Ángeles González-Sinde dictó el pasado 29 de diciembre una orden, en atención a una sentencia del Tribunal Supremo sobre El Cabanyal, en la que declaraba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de este conjunto histórico un expolio contra el patrimonio cultural valenciano. En un alarde de fuerza, el Consell aprobó en cuestión de horas un decreto ley para invalidar la acción del Gobierno de Rodríguez Zapatero, cuando sólo el Estado es competente, según la Constitución, para declarar si existe o no expolio. El conflicto de competencias saltó al Constitucional y amenaza con prolongarse en el tiempo. De momento, la admisión a trámite impide al consistorio durante al menos cinco meses seguir adelante con las expropiaciones y derribos en el barrio.

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"Estamos contentos. Ahora sólo esperamos que el Ayuntamiento abra nuevas vías de rehabilitación y mejora del barrio en lugar de invertir en expropiaciones y derribos", dijo Maribel Doménech, portavoz de Salvem El Cabanyal. La Asociación de Vecinos del barrio pidió al consistorio que preside la alcaldesa Rita Barberá que cumpla con la orden ministerial y se ponga a trabajar en un plan que respete los valores históricos del barrio.

Vecinos a favor de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez manifestaron su hartazgo por el bloqueo que sufre desde hace años el plan municipal. "Hemos recogido más de 5.000 firmas a favor de la prolongación. Somos mayoría en el barrio", añadió Mayte Gallart.

En las filas socialistas, la suspensión del PEPRI también provocó satisfacción: "Esperamos que el Partido Popular se atenga a las reglas del Estado de derecho y detenga las demoliciones", subrayó la portavoz socialista en Valencia, Carmen Alborch. El secretario general de los socialistas, Jorge Alarte, fue más taxativo. "El Constitucional ha avalado la valentía" de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, al "defender la protección y rehabilitación frente a los derribos". Para Esquerra Unida, a la alcaldesa ya sólo le queda "el diálogo o la dimisión", mientras Compromís anunció una enmienda a la totalidad a los planes del PP.