La Comunidad pagará 800.000 euros a Renfe por el corte del AVE en 2007

Pague por los daños de su obra y luego reclame al contratista. El Tribunal Supremo ha ratificado que la Comunidad de Madrid debe pagar a Renfe 789.778 euros (además de más de 100.000 euros de intereses y 4.000 de costas) por el corte de la vía del AVE Madrid-Sevilla el 21 de febrero de 2007, por la caída de una viga de 140 toneladas usada en la construcción de un viaducto de la carretera M-301 en Perales del Río. El tráfico ferroviario estuvo cortado hasta las seis de la tarde del día 22 y afectó a más de 17.000 viajeros.

El Supremo, en una sentencia dictada el pasado día 14, ratifica la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2010 que estableció que la administración debía asumir la responsabilidad patrimonial por los daños ya que “tras efectuar una instrucción del expediente claramente parca e insuficiente” imputa en una orden de la consejería de septiembre de 2009 (que se anula) la responsabilidad a la contratista de la obra, Corsán Corviam. Y lo hace “obviando la cadena de subcontrataciones” y lo hace “sin rigor” y “vulnerando los principios de buan fe y confianza legítima”, cuando ya se había iniciado el recurso contencioso por parte de Renfe.

La Comunidad presentó recurso de casación por tres motivos, que el Supremo desestima. Básicamente dice que aunque la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece que la responsabilidad genérica de los daños corresponde al contratista, la administración contratante debe determinar si ha lugar a responsabilidad y a quién corresponde. Pero no puede “dar la callada por respuesta como aquí ocurrió”, sin que sea admisible que “ante los tribunales cambie de estrategia” y atribuya la responsabilidad a la adjudicataria de la obra.

El TSJM indica que la Comunidad debe reclamar a los responsables del siniestro pero ni este tribunal ni el Supremo entran en dirimir esa cuestión. Una portavoz de la consejería de Transportes explica que demandarán a Corsán.

La culpa del vuelco sobre las vías de la grúa y la viga que colocaba se debió, según estableció en diciembre de 2010 el Consejo Consultivo de la Comunidad (en un informe sobre otra reclamación por los mismos hechos), la tuvo el operario de la grúa, de la empresa Alfagrúas, que no la conectó al contrapeso del superlift (la oruga). Esta compañía alegó que el suelo sobre el que se apoyó la grúa cedió por una compactación deficiente (realizada por Corsán).

A diferencia de Renfe, la también empresa pública Adif, que reclamaba una indemnización de 327.549 euros, optó por la “vía extrajudicial”, según explica un portavoz del gestor de la infraestructura, de modo que lleva casi siete años “en conversaciones con Corsán”. El último contacto fue en junio.