Detenidas 34 personas por fraude a la Seguridad Social con contratos falsos
Una firma de la construcción de Valencia "con muy poca actividad" dio de alta a 216 empleados También han sido imputadas otras 49 personas
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 34 personas e imputado a otras 49 por defraudar a la Seguridad Social mediante contratos de trabajo fraudulentos. Una empresa del sector de la construcción de Valencia "con muy poca actividad" había dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social hasta a 216 empleados.
Los falsos trabajadores acumulaban de manera irregular los periodos de carencia mínimos para acceder a prestaciones y subsidios, o regularizar su situación administrativa en España, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana en un comunicado.
La investigación se inició tras recibirse un escrito de la Inspección Provincial de Trabajo de la Seguridad Social de Valencia, en el que se informaba de posibles irregularidades en el alta de diferentes trabajadores de una empresa.
Esta mercantil tenía un único socio, que actuaba además como administrador único, y su actividad económica estaba relacionada con la construcción. El informe indicaba el importante número de trabajadores, hasta 216, dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social, número de trabajadores que en ningún caso se correspondía con la actividad declarada por la empresa.
Las investigaciones realizadas permitieron averiguar que casi todos los trabajadores habían estado dados de alta por unos pocos días, a pesar de presentar un contrato indefinido. Un total de 83 de ellos, según la Policía, han percibido o estaban percibiendo prestaciones por desempleo, derivadas de su permanencia en dicha empresa.
Estafa de medio millón de euros
Por estos hechos, los agentes han identificado y detenido a 34 personas, todas extranjeras, por delitos de falsedad documental y estafa. Asimismo, se ha imputado por los mismos hechos a otras 49 personas más. La cuantía de lo defraudado tanto a la Tesorería de la Seguridad Social como al Servicio Público de Empleo se estima en 550.000 euros.
Los agentes continúan las gestiones para determinar si otros trabajadores han cobrado prestaciones en otras provincias o utilizado los contratos y las altas para solicitar la renovación de Permisos de Residencia, incapacidades, bajas por maternidad, o el tercer grado penitenciario.
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