Okupas de lujo

Chalés de 250 metros cuadrados, dos plantas más ático, situación y vistas inmejorables, entre Galapagar y Colmenarejo, algunos hasta con piscina individual. La urbanización Fuente Elvira, tenía todas las cartas para ganar, pero se ha convertido en un barrio fantasma a medio construir, excepto 14 viviendas habitadas por okupas. Los esqueletos de otros 50 chales se desparraman a lo largo de varias calles repletas de escombros, alcantarillas sin tapas, cristales rotos y todo tipo de basura. Porque allí nadie limpia.

Mientras llega algún tipo de solución, de uno de los chalés más terminados, a la entrada de la urbanización, sale Mohamed, el antiguo guarda de la promoción inmobiliaria. Vive allí con su mujer desde hace ocho años, aunque la empresa dejó de pagarle hace cuatro. En el jardín, un gigantesco cartelón publicitario recuerda los tiempos en los que los chalés se vendían. A su lado, otro vecino, también marroquí, explica, mientras abanica una barbacoa, que el pillaje ha arrasado la urbanización. No tienen agua ni luz y en invierno hace frío. Pero lo solventan como pueden. Acarrean el agua desde una fuente cercana y acumulan la lluvia en unos rudimentarios contenedores de plástico. En algunas casas, se ven pequeños paneles solares.

Es la zona de acceso a lo que iba a ser Fuente Elvira, la que mejor se conserva porque las viviendas estaban más acabadas y los eventuales inquilinos se encargan de su mantenimiento. Calle abajo, el panorama empeora de forma ostensible. Solo se conservan las estructuras de las viviendas.

El exguarda de los edificios vive en una de las casas con su mujer

El germen de la malograda urbanización parte de un acuerdo entre el Ayuntamiento y una empresa en octubre de 1994. MBQ cedía al municipio la finca Dehesa Vieja (409.604 metros cuadrados), a cambio de que le reclasificaran 50.000 metros cuadrados como suelo urbano. A su vez, el Ayuntamiento daba 64.450 metros cuadrados de terreno propiedad municipal a MBQ en Fuente Elvira. Se fijó un plazo de seis meses para tramitar la modificación de las normas urbanísticas del pueblo.

El número máximo de viviendas era de 95 chalés de tipología aislada, pareada y adosada. En 1995 la Comunidad de Madrid aplaza la aprobación de la modificación de las normas. Había deficiencias, entre ellas que no estaba resuelto el enganche al colector, que discurre por el término municipal de Galapagar pero es de Colmenarejo. Siete años después, el Gobierno regional da el visto bueno a la recalificación. En febrero de 2002 se formaliza la permuta de terrenos, que se valoran en cuatro millones. Ese mismo año se presentan los proyectos de urbanización y compensación. El arquitecto municipal informa favorablemente, pero advierte de que las licencias de primera ocupación quedan condicionadas a que se resuelva la depuración de los vertidos, y que ese servicio y los de agua y luz los deberá gestionar la propiedad.

Pero los dos proyectos se recurren y en diciembre de 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid los declara nulos, debido a que se modificaban las zonas verdes y había cambios de usos en las parcelas y en el viario. En este lapso de tiempo, los chalés ya se estaban edificando, porque el Ayuntamiento había concedido las licencias en diciembre de 2003. Incluso había personas que las habían adquirido. Finalmente, la aseguradora entregó entre 2007 y 2008 a los 45 compradores el dinero que habían anticipado por las viviendas.

Las promotoras han reclamado al Ayuntamiento por los daños que les ha provocado la paralización de la urbanización. Una última sentencia de 1 de octubre del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 31 de Madrid ha eximido al Consistorio galapagueño de la responsabilidad patrimonial que reclamaba la promotora Villa 2001, SL, por más de 21 millones. El fallo judicial considera que la situación creada se podría revertir presentando nuevos proyectos que subsanen las deficiencias. Gabriel López, diputado grupo UPyD en la Asamblea de Madrid, ha solicitado que se tomen medidas para garantizar la seguridad de las personas que viven allí. “Además, es necesario arreglar la situación de abandono en el que se encuentra la urbanización”, declara.

El Ayuntamiento trabaja para que sean las entidades bancarias, que ahora gestionan la urbanización, las que presenten los nuevos proyectos. Además, ha denunciado la ocupación ilegal de las viviendas. Mientras tanto, sus habitantes continúan su vida diaria intentando pasar lo más desapercibidos posible. “Solo queremos que nos dejen tranquilos, porque no molestamos a nadie”, declara uno de ellos, mientras su compañera de chalé le grita desde el jardín: “Entra en casa y no hables con ellos”.