La oposición carga contra el anuncio del Consell

La oposición parlamentaria ha reaccionado hoy con dureza ante el anuncio del consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, de que el Consell impulsará un nuevo paquete de privatizaciones, entre los que se incluirán, por primera vez, las depuradoras y las plantas de tratamiento de residuos.

El diputado socialista y secretario de Infraestructuras y Medio Ambiente del PSPV, Francesc Signes, ha advertido que la Generalitat "no puede poner servicios públicos básicos como el agua o los bosques, que son de todos los ciudadanos, en manos privadas".

Signes ha argumentado que, "además de ser un proceso jurídico muy complicado, la realidad es que la Generalitat únicamente tiene en propiedad la planta de residuos de Villena (Alicante), mientras que el resto está en manos de gestores, que serían los únicos beneficiados en este proceso". En ese contexto, Signes ha anticipado que la planta de Villena, que gestiona un total de 80.000 toneladas de basura al año, "únicamente puede quedar en manos de Reciclados del Mediterráneo, que es otra instalación de residuos privada que está justo al lado de la planta pública, porque cualquier otra opción no sería viable".

"En los demás casos", ha proseguido el diputado socialista, "el Consell no tiene más remedio que venderlas a aquellos concesionarios de los planes zonales, ya que no pueden privatizarlo con otra empresa externa, sino con aquellas que ya están gestionando el plan zonal, por lo que no tienen grandes opciones, sino una única posibilidad de venta".

"Todo está muy dirigido ya hacia los gestores actuales de los planes zonales, puesto que no caben más opciones", ha sentenciado Signes, que ha añadido que las depuradoras (442 plantas pagadas por los ciudadanos con el cánon de saneamiento) también se privatizarán a quienes ya cuentan con una concesión y las están gestionando.Para Signes, los principales beneficiarios de la privatización de las depuradoras serán Agricultores de la Vega y Aguas de Valencia, que son quienes gestionan la mayoría de instalaciones.

Respecto a una posible privatización de la empresa pública Vaersa, Signes ha señalado que "supondría dejar en manos privadas la gestión de nuestros montes y renunciar a la supervisión como elemento de equilibrio y garantía que actualmente depende de la Generalitat".

"Si la Generalitat quiere hacer caja para salir de la bancarrota debería empezar por eliminar los 250 cargos públicos puestos a dedo y Alberto Fabra debería desprenderse de lujos como cocineros, entrenadores personales y demás frivolidades", ha insistido Signes, que ha concluido que el autogobierno valenciano "no puede ponerse a la venta al mejor postor o a los amigos del PP".

Esquerra Unida también ha reaccionado de manera áspera al anuncio de nuevas privatizaciones. El diputado Lluís Torró ha acusado al Consell de "vender el coche para comprar gasolina". "Deshacerse de las plantas de tratamiento de residuos y de las depuradoras es deshacerse de la única parte del entramado empresarial de la Generalitat que da algún ingreso", ha dicho el diputado de EU, "Además, la privatización supondrá un deterioro notable en la calidad de estos servicios, como se ve en las depuradoras que son de gestión privada". "Es una auténtica barbaridad", ha sentenciado Torró.

Romain Muzzatti, responsable autonómico de Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha indicado que "de nada sirve privatizar una planta de residuos, una depuradora o el parque de viviendas si sus responsables no están capacitados y la indolencia y la incompetencia campa a sus anchas”.